La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. El pasado 22 de diciembre el pleno del Consell acordó reducir en 295 millones el capital de Cacsa (Ciudad de las Artes y las Ciencias) para absorber las pérdidas que la empresa pública arrastra desde hace años. Sin embargo, la portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, no informó entonces de tal operación a los periodistas en la rueda de prensa que se celebró posteriormente ni la incluyó en el dossier que recoge los acuerdos del Ejecutivo (Valencia Plaza se hizo eco el 16 de enero después de su preceptiva publicación en el Borme).
Una decisión, la de no comunicar la reducción a casi la mitad el capital de Cacsa, por la que la vicepresidenta del Consell fue preguntada al respecto este viernes después de superar las vacaciones navideñas. La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas aseguró que no se informó porque ésta era "una operación contable, una asimilación de deuda que suele ser habitual en este tipo de organismos que han acumulado mucha deuda durante el antiguo gobierno del PP y era una reducción a cambio de una prestación de acciones".
Oltra también apeló a que ese día hubo muchos acuerdos del Consell y no quiso "alargar mucho la rueda de prensa". "A veces hay temas menores que se quitan para la salud de ustedes -los periodistas que acuden a esta rueda de prensa- y para no agotarles la paciencia", continuó la vicepresidenta del Gobierno del Botànic. Asimismo, recordó que como ese mismo día también "hubo un acuerdo de Proyectos Temáticos", para "no confundir" a los periodistas, decidieron "no informar en rueda de prensa". "No tiene más transcendencia", zanjó.
No obstante, la ausencia de explicación resulta singular, ya que la determinación que tomó el Ejecutivo valenciano aquel día viene motivada por la "ruina en diferido" a la que el actual Consell se refiere en numerosas ocasiones para lamentar la herencia recibida de la anterior etapa del gobierno popular.
Con esta operación el capital de Cacsa disminuye en 294,7 millones de euros y queda establecido en 319,2 millones de euros. La medida viene impuesta por los números rojos acumulados ejercicio tras ejercicio por esta sociedad de capital 100% público, que en años anteriores ha requerido de sucesivas inyecciones por parte de la Generalitat para financiar su actividad.
