VALENCIA (EP). La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, ha asegurado este viernes que las palabras del cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, José María Corbín, son "atentatorias contra la dignidad de la mujer" e "indeseables", al tiempo que ha remarcado: "se comienza haciendo una expresión como esta y se acaba en situaciones que después tenemos que lamentar".
Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada sobre las declaraciones de Corbín del pasado miércoles quien afirmó que su mujer "no sabía nada" del presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, que se está investigando en el caso Imelsa, y agregó: "Permitidme la licencia; si yo me entero de que mi mujer ha dado 1.000 euros, la corro a bofetadas, ni ha dado ni se los ha pedido nadie; es funcionaria de carrera y esto ya me duele un poco más".
Al respecto, Oltra ha incidido en que, tras conocer estas afirmaciones, los servicios jurídicos de la Conselleria de Igualdad llegaron a la conclusión de poner en conocimiento de la Fiscalía las "intolerables" afirmaciones del letrado porque considera que "pueden apuntar a comportamientos de violencia machista".
A su juicio, el letrado es un "señor con una proyección pública muy importante" ya que, según ha recordado, es uno de los defensores de personas investigadas en casos de corrupción, por lo que sus afirmaciones "tienen una proyección en los medios de comunicación social muy importantes".
"Son unas palabra indeseables que nosotros entendemos que Fiscalía tiene que ver si se enmarcan en algún tipo penal delictivo o no", ha remarcado Oltra, quien ha mostrado el "rechazo" de los poderes públicos a "este tipo de comentarios". "Yo no considero que sean frívolos, sino que lo que hay detrás es una carga de profundidad de las estructuras que hemos de erradicar porque esa son la base y el primer paso hacia problemas mayores", ha subrayado.
De este modo, ha sostenido que "se comienza haciendo una expresión como esta y se acaba en situaciones que después tenemos que lamentar porque la base estructural de nuestra sociedad sigue desigual".
Por tanto, ha remarcado que era "obligación" del Consell poner esta situación en manos de la Fiscalía para que dirima "si tiene contenido o no que sea castigable desde un punto de vista penal", ha recalcado.