VALÈNCIA (EP). El proyecto de orden de la Conselleria de Educación para regular la consulta a las familias sobre la lengua base en la que desean que estudien sus hijos e hijas ha recibido, durante el trámite de audiencia pública, un total de 4.145 aportaciones, de las cuales 4.111 --el 99%-- manifiestan la voluntad de que no se tramite.
Así figura en el informe de valoración de las alegaciones recibidas durante este trámite de información pública que ha realizado la propia administración.
Según detalla este análisis, consultado por Europa Press, finalizado el plazo establecido, se han recibido 4.111 aportaciones procedentes de ciudadanos o colectivos que manifiestan, "de manera explícita o implícitamente, varias argumentaciones y consideraciones en las cuales se concluye su voluntad que no tenga continuidad la tramitación del proyecto de orden".
Como contestación, la Conselleria alude a varias disposiciones de la Ley de libertad educativa que establecen la realización de esta consulta a los progenitores y que llevan a desestimar las citadas alegaciones, "puesto que se tiene que proceder a la continuidad en la tramitación del proyecto normativo", sostiene.
No obstante, puntualiza que 25 de las argumentaciones anteriores expresan como motivo principal posibles dificultades para la realización de la consulta en los centros docentes afectados por la dana.
En consecuencia, "este aspecto se considera tiene que ser abordado expresamente en el proyecto normativo mediante la adición de una nueva disposición adicional, mediante la cual se establezcan las medidas oportunas para la participación de las familias afectadas con todas las garantías", determina la Dirección General de Ordenación Educativa y Política Lingüística.
Por otra parte, el informe detalla que una docena de observaciones expresan opiniones relativas a cómo debería aplicarse la normativa en cuanto al uso vehicular de la dos lenguas cooficiales. Al respecto, Educación apunta que estas cuestiones no son objeto del proyecto normativo, por lo que también las rechaza. Igualmente, desestima otras 18 alegaciones que abordan la presencia del valenciano y castellano en la enseñanza, aspectos que tampoco centran el proyecto de orden.
Finalmente, una aportación expresa su desacuerdo con los criterios de desempate en los casos de alumnado que haya elegido la misma lengua pero que no obtenga plaza. La administración contesta que la propuesta no incluye ninguna alternativa. Dos aportaciones piden información veraz y un período regulado para la información a las familias previa a la consulta, cosa que, según resalta la Conselleria, ya se recoge en el proyecto normativo. La última aportación presentada "no contiene ninguna información inteligible", concluye el documento.
A la luz de estos datos, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) asevera que es "evidente que la comunidad educativa rechaza la consulta a las familias sobre la lengua base y, muy probablemente, las alegaciones se hubieran incrementado si se hubiera abierto el plazo en periodo lectivo y no en plenas vacaciones de Navidad".
El sindicato considera que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, "tiene que dimitir y el gobierno valenciano debe cambiar radicalmente sus políticas en materia de educación y trabajar para aplicar inmediatamente los acuerdos de plantillas docentes, reducir las ratios de alumnado, mejorar el salario y otras condiciones laborales del profesorado, derogar la ley de libertad educativa y apostar por la enseñanza en valenciano, impulsar la rehabilitación y reconstrucción de los centros afectados por la dana y de aquellos otros que lo necesitan y eliminar el distrito único segregador".
STEPV avisa de que no descarta impulsar la convocatoria de nuevas movilizaciones para conseguir estos objetivos.
Por su parte, Famílies pel Valencià reprocha que el informe "se ha realizado con una rapidez y celeridad insólitas, puesto que el plazo para presentar las alegaciones finalizó el pasado viernes, día 3 de enero".
Además, desde la asociación consideran que las respuestas "no están muy argumentadas ni motivadas, ya que se han cogido prácticamente todas las alegaciones de manera única a pesar de que muchas de ellas daban diferentes argumentos para exigir la retirada de esta orden".
El colectivo cree que esta respuesta "constata la voluntad decidida y clara de la Conselleria para hacer la consulta en la mayor brevedad posible" y lamenta que "no ha escuchado la voz de la comunidad educativa, que se ha manifestado contundentemente pidiendo la retirada de la orden y, por lo tanto, de la consulta".
Para la asociación, este informe constata, además, que la Generalitat "ha tratado este periodo de alegaciones como un mero trámite y no se ha parado a analizar las propuestas que se realizan en las miles de aportaciones realizadas".
Por consiguiente, Famílies pel Valencià anuncia que seguirá con los actos previstos en todas las comarcas para "denunciar esta consulta sobre la lengua base e informar las familias de las numerosas ventajas que tiene la enseñanza en valenciano".