Orengo por casualidad

El "esto no es lo que parece" persigue a José Manuel Orengo desde que anunció hace dos años y medio que dejaba la primera línea de la política. Ya antes de abandonar la Diputación de Valencia frecuentaba el Palau de la Generalitat –solo tenía que cruzar la plaza de Manises–, y no dejó de merodear por los despachos de Presidencia, puesto de asesor incluido, porque él quería dejar la política para buscar la felicidad pero la política no lo dejaba a él. Ni la polémica.

Puede que traspasar la gestión de los puertos de la Generalitat a organismos autónomos no sea mala idea. Aquí siempre hemos defendido la gestión privada o con participación privada de servicios públicos –y supervisada, que ahí suele estar el problema– porque suele ser más eficiente y menos costosa que la gestión pública.

Así lo entendía, al parecer, el Consell en ocasiones revertidor de Ximo Puig cuando decidió cambiar la Ley de Puertos valenciana para que, previa petición de los ayuntamientos, los puertos gestionados por la Generalitat –todos menos los de Valencia, Alicante, Castellón, Sagunto y Gandia– pudiesen pasar a ser gestionados por un organismo autónomo. 

Sin entrar en tecnicismos, lo del puerto de Dénia, desde donde se impulsó la medida, se parece a lo del Cupo vasco porque el resultado sería que la Generalitat ya no recaudaría todo el beneficio de sus puertos para luego invertir en ellos al menos el 40% en función de sus necesidades, sino que el de Dénia –el más rentable, con 4 millones de euros de beneficios– gestionaría sus ganancias a través de un organismo autónomo formado por Generalitat, Ayuntamiento, empresas concesionarias –entre las que destaca Baleària– y representantes de la sociedad civil. Solo los puertos más rentables –e insolidarios– pedirían la autogestión, mientras que los deficitarios seguirán dependiendo de una Generalitat con menos dinero para ellos, a no ser que lo saque de otro lado.

Es lo mismo que pide el Puerto de Barcelona y podría pedir el de Valencia, cuyos beneficios van a Puertos del Estado para invertir en el conjunto de recintos de titularidad estatal, sea cual sea su rentabilidad. Pero ese no es el problema, es una decisión política. El problema es sacar a José Manuel Orengo a escena cuando todo iba rodado.

El exalcalde de Gandia, fichado por Presidencia en agosto de 2017 después del fiasco de la Fundación Cical –el conocido como 'chiringuito de Orengo' al que ya me referí en esta columna– asesoraba a Ximo Puig cuando al presidente se le ocurrió anunciar el cambio legislativo ad hoc para impulsar un "modelo de cogestión" en el puerto de Dénia. Fue el pasado 10 de julio y Puig no encontró mejor escenario para anunciarlo que las instalaciones de Baleària Port.

"De lo que se trata es de que los operadores locales, los que le dan vida al puerto, tengan mayor participación", dijo Puig tras una visita a las instalaciones de la empresa que preside Adolfo Utor, empresario próximo al PSPV. Baleària sería la principal beneficiaria de la cogestión del puerto dianense porque es la principal operadora, la que más influencia tendría en las inversiones y la que más aprovecharía las mejoras en el recinto portuario. Era inevitable que primero PP y Ciudadanos y el resto del mundo después sospecharan que desde Presidencia se estaba confeccionando un traje a medida a petición de la naviera alicantina. 

Si legislar a la carta no es la mejor manera de defender el interés general, hacerlo vía Ley de Acompañamiento en lugar de promover una modificación ordinaria de la Ley de Puertos de la Generalitat Valenciana para una reforma de ese calado acrecienta la sospecha. ¿Que no da tiempo porque se acaba la legislatura? Pues en la siguiente, pero la Ley de Acompañamiento no está para eso, como no los están los reales decretos-ley para muchas cosas que está aprobando el Gobierno de Pedro Sánchez.

Con todo, la reforma podría haber salido adelante si no hubiese aparecido en escena Orengo. La misma semana que el Ayuntamiento de Dénia anunciaba, a finales de octubre, que iba a pedir a la Generalitat la creación de Dènia Port, bautizada y todo, se conocía que Baleària acababa de fichar como director de Expansión a quien un mes antes había renunciado al puesto de asesor de Ximo Puig para apuntarse al paro, que ya es raro que alguien se deje un sueldo de 48.500 euros sin tener nada atado.

Si a eso añadimos que, como revela Marta Gozalbo en otro capítulo de esta sucesión de coincidencias, el PSPV tenía preparada una enmienda a la Ley de Acompañamiento –sin control previo del Consell Jurídic Consultiu– para crear Dénia Port simultáneamente al cambio de ley, sin concretar la composición del organismo autónomo, su régimen de funcionamiento o el presupuesto con el que contaría, uno se pregunta a qué vienen tantas prisas.

Hay circunstancias en la vida, fruto de la casualidad, en las que es mejor no dar explicaciones porque nadie se las va a creer. Por ejemplo, que Orengo es la persona idónea para dirigir la expansión de una de las grandes navieras españolas y que es mera coincidencia su contratación por parte de Baleària un mes después de salir del Palau de la Generalitat en el momento en el que allí –en el Palau– se estaba culminando la pseudoprivatización del puerto de Dénia que Puig anunció durante su visita a Baleària.

Esto no es lo que parece, dirán Puig, Utor y Orengo. Pues no lo será, pero las formas recuerdan a lo de la Fundación Cical, que tampoco era lo que parecía, según Orengo.