Organizaciones sociales y sindicales valencianas piden el voto por la justicia fiscal en las elecciones

VALÈNCIA. (EP) Diferentes organizaciones sociales y sindicatos se han unido por séptimo año consecutivo en torno a la Campaña por una Justicia Fiscal de la Comunitat Valenciana, que pide a la ciudadanía que reflexione sobre a quién confía su voto en las elecciones, según su programa de política fiscal. Asimismo, exige un "firme compromiso" por parte de los partidos políticos para "reformar el sistema tributario hacia un modelo de mayor progresividad, redistribución de la riqueza y control del fraude".

"Una fiscalidad justa es de vital importancia para el sostenimiento del estado de bienestar, las políticas públicas, los servicios sociales y, en consecuencia, para el ejercicio de los derechos humanos", ha explicado Ximena Medina, portavoz de la campaña.

'Llenemos la urna de derechos: ¡vota justicia fiscal!' ha sido el lema elegido por esta iniciativa para su propuesta de 2023, que ha incluido una concentración celebrada este lunes en la Plaza del Ayuntamiento, en el Día Internacional contra los Paraísos Fiscales.

Activistas, ciudadanía y autoridades públicas han reivindicado "un cambio real" en estas políticas. Entre otros, han asistido Lucía Beamud, concejala de Igualdad, y de Gloria Tello, concejala de Patrimonio del Ayuntamiento de València. Asimismo, han participado personas representantes de las entidades miembros de la campaña junto con la fotoperiodista Eva Máñez y Francisco Álvarez, ex vicepresidente de la Bolsa de París y expresidente de la Bolsa de València, quienes han leído el manifiesto.

En el texto se afirma que las medidas fiscales adoptadas hasta el momento "no son suficientes" yse aportan "datos contundentes" para probarlo. Por ejemplo, que los beneficios extraordinarios de las grandes empresas y fortunas son causantes en un 92,5% de la subida de precios; que los resultados económicos de las empresas del IBEX 35 en 2021 fueron un 63% superiores a 2019, antes de la irrupción de la pandemia o que los 36 principales bancos europeos registran el 14% de sus beneficios en guaridas fiscales.

Asimismo, en este documento se incluyen medidas concretas para construir un sistema fiscal que garantice el bienestar colectivo, sosteniendo las políticas de protección social y los servicios públicos. De carácter estatal, destacan actualizar la lista negra sobre guaridas fiscales; crear un registro público que alcance a los propietarios reales, finales y efectivos de todas las sociedades pantalla y cuentas bancarias; elevar el impuesto mínimo de sociedades por encima del 15%; reforzar el impuesto a los beneficios extraordinarios, trabajar por la armonización fiscal de las CCAA o restringir bonificaciones y exenciones fiscales que contribuyen y derivan en fraude.

En el ámbito europeo se proponen actuaciones como la inclusión automática en la lista negra de las jurisdicciones con impuestos corporativos nulos o muy bajos, aplicando a los países de la UE el mismo nivel de escrutinio que a terceros países; la concreción de la cantidad precisa y "adecuada" de volumen de negocios y personal que una multinacional debe tener en una jurisdicción o la adopción de sanciones para los países miembro que mantengan mecanismos de competencia fiscal desleal.

La Campaña por una Justicia Fiscal de la Comunitat Valenciana busca la sensibilización ciudadana y la incidencia política. Por ello, ha abierto su manifiesto a adhesiones (de particulares o de entidades) con la intención de presentarlo ante las instituciones valencianas "como un argumentario que goza de un apoyo sólido, de manera que la transformación del sistema fiscal vaya desde lo local hasta lo global".

Asimismo, esta iniciativa recuerda que las próximas elecciones de mayo y diciembre son una "nueva oportunidad" para retomar la senda marcada por 'El Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria', "de ahí la importancia de cada voto".

AVEBC, ATTAC PV, CCOO PV, CVONGD, EAPN CV, Gestha, Intersindical Valenciana, Pobresa Zero, Red Enclau, Oxfam Intermón, UGT PV integran la Campaña por una Justicia Fiscal de la Comunitat Valenciana, que está abierta a incorporaciones de personas o entidades que compartan sus objetivos.