Orgullo y perjuicio

Se acerca la campaña electoral y los partidos, algunos más, como el Partido Popular, están inquietos. Sabedores como son –a raíz de los comicios andaluces– de que su electorado no es ni mucho menos estable, por el trasvase claro e importante de votantes suyos a Vox, están ávidos por ganar poder territorial y consolidar con ello el liderazgo de Pablo Casado al frente del partido. 

Para ello, los populares han decidido reivindicar a gala, con orgullo, su pasado, su labor en las instituciones que gobernaron. Así lo hacía su líder este pasado domingo en Valencia en la presentación de Isabel Bonig como candidata a la Generalitat valenciana. Decía que podían enorgullecerse de los mandatos de Camps, Zaplana y Fabra y de lo que habían dejado hecho: "De las infraestructuras, de las políticas fiscales, del impulso a la buena educación". ¿En serio? 

Cuesta entender dónde están los motivos para tanta satisfacción: me pregunto si los encuentran en las infraestructuras prometidas desde todas las consellerías gobernadas bajo mandato popular y no ejecutadas en veinte años; o en las ruinosas infraestructuras que dejaron por falta de inversión en su mantenimiento (carreteras, viviendas, tribunales, fiscalías, centros de mayores y de menores, colegios y hospitales públicos); o si los inputs los sitúan en su nefasta gestión de lo público, de la cual es un exponente claro de varios de sus gobiernos los sobrecostes de 1130 millones de CIEGSA, empresa pública encargada de adjudicar obras de colegios. 

En política fiscal en nuestra Comunitat, hoy hay motivos para ondear banderas gracias a una reforma aprobada por el Botánico a instancia de Podem, que ha hecho que paguen más quienes más tienen y se levante la presión sobre las rentas más bajas y medias. Por el contrario, bajo dictado de los gobiernos populares, la fiscalidad careció de progresividad, recayendo el peso del IRPF en las rentas medias y más bajas, con ostensible beneficio para las rentas altas. A lo mejor por eso están orgullosos, porque su objetivo es defender, como siempre, a los que más tienen y gravar, abandonando a su suerte, a los más desfavorecidos y más perjudicados por la crisis económica. 

No hay que elucubrar mucho, tan sólo leer el pacto que el Partido Popular ha suscrito con Vox para la investidura en Andalucía. En él queda patente su voluntad: emprender una reforma fiscal que contemple la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donanciones, en contra de lo establecido por los técnicos de Hacienda que dicen que esta medida sólo beneficia a las grandes fortunas y repercute negativamente en las clases medias. En ese pacto de la vergüenza también defienden la bajada del tramo autonómico del IRPF, sin determinar con toda intencionalidad a quién beneficiarán; la rebaja del impuesto sobre el patrimonio, que ya sabemos a quién beneficia. 

En el circo del orgullo gaviota también ha participado de lleno la candidata a la alcaldía María José Catalá, que hacía lo propio reivindicando el legado de Rita Barberá, que le valió un duro comunicado de la familia de la exalcaldesa que acusaba al Partido Popular de hacer "uso electoralista" de una figura que decían era un patrimonio de la ciudadanía valenciana pero nunca de quienes precisamente la "abandonaron, maltrataron y expulsaron de sus filas". Herencia venenosa la de Barberá que deja 9 de 10 ediles imputados por pitufeo o trabajo de hormigas para blanquear capitales en el Ayuntamiento de València con destino a financiar irregularmente campañas electorales del Partido Popular.

Isabel Bonig y María José Catalá, el supuesto plan B de Génova para la Comunitat y para el cap i casal, no es un plan renove. Es un tándem de mujeres con recorrido y responsabilidades políticas evaluables en la gestión pública valenciana en gobiernos que están bajo sospecha con no pocos procesos judiciales abiertos. Bonig ha dejado a la ciudadanía valenciana una herencia con más deudas que derechos, que desgraciadamente no ha sido posible aceptar a beneficio de inventario. Su legado son 135 millones de euros déficit para las arcas públicas valencianas, traducidos en indemnizaciones y condenas judiciales con ocasión de su nefasta gestión al frente de la Conselleria de Infraestructuras y transportes con Camps al frente de la Generalitat. 135 millones de euros que no han podido aplicarse a políticas sociales por mala gestión, que no puede no ser un delito como reivindican, pero tiene graves consecuencias para la ciudadanía. 

Por su parte, el mandato de Catalá mientras fue Consellera de Educación y Cultura en el Consell de Fabra, no fue capaz de acabar ni controlar ni denunciar la opacidad y las irregularidades en las licitaciones públicas de CIEGSA, ni los desmanes en el IVAM de Consuelo Císcar.

En esa herencia de "luces y sombras" del Partido Popular valenciano que hoy reivindican, las sombras no le son imputables únicamente a los encausados judiciales, o a los ya condenados y hoy presos dirigentes populares. En el crucero de las tinieblas también han navegado quienes han sido incapaces de defender lo público frente a quienes querían esquilmarlo y llevárselo crudo en A y en B, quienes no defendieron con hechos a la ciudadanía y sus derechos cuando tocaba frente a auténticos depredadores. En el mascarón de proa de los gobiernos populares que nos han traído hasta aquí estaban Bonig y Catalá dejando su seña de identidad.

Incomprensiblemente para la mayoría, los populares se sienten orgullosos de su pasado, de todos sus expresidents, con algún olvido, y lo reivindican como su ADN. Así es y no hay más. Es su propuesta de futuro, más pasado. 

Y no es cuestión de prejuicio de la izquierda hacia la derecha, no. Nuestro criterio está forjado a base de hechos, de un balance riguroso de la gestión del Partido Popular marcada en todos los niveles territoriales con el sello de la corrupción, por las redes clientelares y por la ineficacia. Nuestra opinión la fortalecen las condenas judiciales por la acción o inacción de gobiernos populares que ha determinado hasta sanciones de Europa y, sobre todo, y lo más importante las ingentes víctimas que han dejado sus políticas, que hoy empiezan a recuperar su dignidad gracias a las políticas botánicas que los sitúan en el centro de su acción.

El Partido Popular representa orgullo para sí mismos y perjuicio para todos.

Fabiola Meco es diputada y portavoz adjunta de Podem en Les Corts.