VALENCIA, (EP). El Senado ha recibido otro escrito de un juzgado valenciano, el de Instrucción 16, que le pregunta por la condición de senadora de Rita Barberá, en este caso por un supuesto delito de desobediencia, ha informado el vicepresidente primero de la Cámara, Pedro Sanz. En ese juzgado recayó en su día una denuncia contra la que fue primera edil en Valencia por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica mientras estuvo al frente del consistorio, por mantener símbolos franquistas en puntos de la ciudad.
La Mesa del Senado ha decidido remitir el escrito al Tribunal Supremo, quien deberá responder al juzgado valenciano sobre Barberá. Si la causa sigue adelante, será este tribunal el que la asumirá puesto que es el único que puede juzgar a diputados y senadores.
Se sigue así el mismo trámite que con el juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que instruye la Operación Taula, que también preguntó por la exalcaldesa al Senado el pasado mes de febrero y recibió la respuesta del Supremo.
En el juzgado de Instrucción número 16 de Valencia recayó en su día una denuncia del diputado socialista en el Congreso José Luis Ábalos; el portavoz del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, Matías Alonso, y un abogado contra Barberá por un delito de desobediencia y denegación de auxilio, y subsidiariamente una falta contra el orden público, por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica por mantener símbolos franquistas en la ciudad durante su mandato.
Inicialmente, la denuncia se presentó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en abril del pasado año, que se inhibió con la pérdida de aforamiento de la entonces alcaldesa al dejar de ser diputada cuando se disolvieron las Corts en mayo. De ahí, se volvió a formular en el juzgado número 16, que a finales de ese mes, inició diligencias y pidió certificación de si en ese momento Barberá volvía a ser diputada en la cámara autonómica.
A la vista de la acreditación afirmativa, dado que se habían constituido las Corts, el juzgado se inhibió a favor del TSJCV en junio. En septiembre, la sala de lo Civil y Penal del alto tribunal valenciano se declaró no competente para instruir la causa porque Barberá había sido designada senadora territorial por el parlamento valenciano el 22 de julio, por lo que debía corresponderle el asunto a la sala segunda del Supremo. En este punto, el TSJCV devolvió al juzgado de las actuaciones y la denuncia para que se procediera "conforme a derecho".
Ahora, el juzgado ha preguntado si Barberá ostenta la condición de parlamentaria en la cámara alta. En la denuncia, se citaba como símbolos franquistas mantenidos en la ciudad durante el mandato de Barberá el Monumento a los Caídos en la Plaza de la Porta de la Mar, escudos anticonstitucionales en centros o en la fachada de edificios de la Guardia Civil, entre otros.