VALÈNCIA (EP). El auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que imputa hasta a tres expresidentes de la Comunidad de Madrid e investiga, entre otros, presuntos delitos de malversación, cohecho, fraude, falsedad electoral y prevaricación dibuja un "plan preconcebido" por el que a golpe de licitaciones 'a dedo' en contratos de imagen y publicidad, sobrecostes en contratos públicos y facturas falsas, los dirigentes de la formación y del Ejecutivo madrileño habrían estado desde 2003 y hasta al menos 2011 utilizando fondos públicos para pagar deudas, sufragar actos de campaña y engordar una supuesta 'caja B'.
En concreto, "se investiga el desvío de caudales públicos para financiar campañas electorales, así como la entrega de comisiones y dádivas prometidas a una red de empresas de confianza, las cuales no fueron satisfechas a costa de sus márgenes comerciales, sino, indiciariamente, a cargo de los contratos públicos de diversos entes públicos al que giran facturas que no se corresponden con trabajos reales por reformados y trabajos complementarios o confecciona bajo nombre supuesto dictámenes superfluos y de favor".
El punto de partida está en la campaña de 2003, en la que el PP accedió al Gobierno de Madrid. En aquel momento, sus dirigentes "fijaron una estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las Consejerías", y adjudicar "en connivencia con determinadas proveedores de confianza la licitación de determinados contratos de suministros".
Aquello se centralizó, según el auto, con las empresas de Horacio Mercado -investigado en la causa--. Él entró definitivamente en el sistema en 2004, cuando en una reunión a la que se presume que asistió Esperanza Aguirre, fue introducido al resto de consejeros con la instrucción de que las campañas de publicidad y comunicación se contratasen con él bajo "decisión final" del vicepresidente, que era entonces Ignacio González y con "supervisión" de la presidenta, pues todo "pivotaba" en torno a ella.
Para poder centralizar esta contratación, el Ejecutivo regional llegó incluso a aprobar una ley para depositar toda la competencia en la Vicepresidencia Primera y Portavocía a cargo de Ignacio González, que se convertía así en el órgano ejecutor de lo que el juez define como un "plan preconcebido" para "recaudar fondos para el PP de la Comunidad de Madrid" que consiguió "desviar entre 2006 y 2010 un flujo muy importante de fondos públicos".
La investigación arroja "indicios racionales de la existencia de otros planes ilícitos", posteriores a la reunión del año 2004, dirigidos "a que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen gastos particulares del PP de Madrid, de sus dirigentes y otra parte de los gastos electorales" de las campañas autonómicas de los años 2007 y 2011 y a las elecciones generales del año 2008.
Lo hicieron, de acuerdo al relato de los hechos que recoge el juez, utilizando como herramientas la fundación FUNDESCAM -mediante subvenciones-- y las empresas públicas Agencia de Informática y Comunicación (ICM) y Canal de Isabel II, "a través de la adjudicación de contratos con la prestación simulada o sobrevalorada", así como la Dirección General de Medios que dependía de Vicepresidencia.
El 'modus operandi' era el mismo en todas las consejerías involucradas. Por un lado, se amañaba la adjudicación de contratos públicos de publicidad e información, sin concurso ni concurrencia a empresas de Horario Mercado desde cualquier organismo. Los servicios sólo se prestaban a veces y sólo en parte "para disimular el verdadero objeto de la licitación de cobertura, que no era otro que recaudar, ilícitamente, fondos públicos para el PP".
Con esta "cobertura", el empresario confeccionaba las facturas, ya fuera recogiendo servicios no prestados o inflando el precio. Este sería el caso de las Consejerías de Presidencia, Mujer, Economía, Medio Ambiente, Hacienda, Economía e Innovación Tecnológica, el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), Gestión de Desarrollo del Medio Ambiente (GEDESMA), Áreas de Promoción Empresarial (ARPEGIO) y Campus de la Justicia.
Otra vía era la llamada cláusula del 1%, creada por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de la Comunidad, de la que formaban parte Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco González y Manuel Lamela, entre otros, y que obligaba a las adjudicatarias a asumir un sobrecoste para financiar la publicidad de la obra a concurso, encareciendolo al final.
"Todos ellos conocían que era una cláusula nula que incrementaba el precio de cada uno de los contratos en el porcentaje del 1% del presupuesto de ejecución material, con la finalidad de pagar unas prestaciones (gastos de publicidad e información) ajenas al objeto del contrato", subraya el juez, que sitúa el daño para las arcas públicas en más de cinco millones de euros sólo entre 2006 y 2008.
De acuerdo al escrito del juez, el plan "gestado por los altos cargos" de la Presidencia de la Comunidad de Madrid desvió entre 2005 y 2010 "importantes cantidades" de las Consejerías y entidades públicas implicadas a las cuentas bancarias de Horacio Mercado, pero "la investigación ha podido constatar que el dinero desviado no sería ingresado en las cuentas de funcionamiento del PP de Madrid, ni tampoco en las cuentas electorales" y dice que "podría tener" varios destinos.
Refiere en concreto la 'caja B' del partido, con las que el PP de Madrid "vino realizando pagos en efectivo que costeaban actos privados de dicha fuerza política y otros gastos que no han podido ser determinados" así como "atendió subrepticiamente" parte del coste de las campañas a las elecciones autonómicas de los años 2007 y 2011 y a las generales del año 2008.
Plantea asimismo que ese dinero pudo pagar "encubiertamente los servicios electorales prestados" por Mercado o "enriquecería ilícitamente a alguna de las personas que se situaron detrás de las adjudicaciones".
En lo que respecta a la financiación de campañas, dice el juez, el PP de Madrid no sólo recurrió a fondos ilícitamente obtenidos, sino que ignoró el límite legal establecido para gastos electorales. "Pese a conocer las cantidades actualizadas del límite de gastos de las elecciones del año 2007 y 2011 a la Asamblea de Madrid y a las elecciones generales del año 2008, no ajustaron con los empresarios ni el coste total de los servicios contratados para la celebración de los actos, ni repararon en el gasto de la contratación de publicidad exterior, ni limitaron la compra de propaganda en medios, ni restringieron la contratación de los medios de divulgación de la campaña, sino muy al contrario, concertaron y diseñaron con ellos la mejor campaña y su gran difusión pública y la forma de ocultar el gasto para ajustarlo al límite legal", explica el auto.
Así, los proveedores facturaban a quien se les indicaba desde la Gerencia del partido, "desglosando los importes" en facturas falsas "para que parte de la facturación fuera por el circuito declarado a la Cámara o al Tribunal de Cuentas y otra parte fuera opaca".
Según la investigación, hay "indicios racionales" de que Aguirre "ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus Consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad". "Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como Presidenta", dice el auto.
