VALÈNCIA (EFE). Los estados miembros de la Unión Europea (UE) dieron este viernes el visto bueno definitivo a la regulación de los fondos de cohesión comunitarios, que se llevarán 330.000 millones de euros del presupuesto para el periodo 2021-2027, de los cuales 31.388 millones se destinarán a España.
Estos fondos, que copan el 30 % de todo el presupuesto para los próximos siete años, servirán para financiar proyectos locales y regionales destinados a reducir las disparidades económicas y sociales entre los diferentes estados miembros, así como para impulsar la recuperación tras la pandemia de la covid-19 e invertir en ecología y digitalización, informó en un comunicado el Consejo, institución que representa a los países.
La legislación aprobada hoy regula el funcionamiento de los ocho fondos de cohesión comunitarios, si bien el más importante es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dotado con 200.000 millones de euros, para apoyar a las regiones económicamente más rezagadas, de los que 8.000 millones están asignados al programa Interreg para financiar proyectos transfronterizos.
Le siguen en dotación el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con 88.000 millones de euros, para apoyar la creación de empleo y la inclusión social; así como el Fondo de Cohesión (42.500 millones) dirigido a los países cuya Renta Nacional Bruta (RNI) per cápita es inferior al 90 % de la media comunitaria y más centrado en transporte y energía.
España recibirá en total 31.388 millones de euros (en precios de 2018), en concreto, 20.886 millones del Feder, 9.896 millones del Fondo Social Europeo Plus, y 606 millones del instrumento de Cooperación Territorial Europea, más conocido como Interreg.
Traducido a precios corrientes, la dotación total para España es de 35.376 millones de euros: 23.540 millones del Feder; 11.153 millones del FSE+, y 683 millones del Interreg, según datos de la Comisión Europea. Para el conjunto de la UE, el presupuesto de cohesión asciende a 372.573 millones en precios corrientes.
La regulación adoptada hoy simplifica las normas de los fondos y refleja nuevas prioridades comunitarias, como el impulso a la digitalización y la innovación, la transición hacia una economía neutra en emisiones de dióxido de carbono, la mejora de la conectividad tanto de transporte como de redes digitales y la inclusión social.
En total, un 30 % de los fondos estructurales ayudará a la descarbonización de la economía y, además, los proyectos tendrán que garantizar que no perjudican a los objetivos climáticos, en línea con las ambiciones comunitarias en materia de lucha contra el cambio climático, recordó el Consejo.
Para que la regulación entre en vigor solo falta el visto bueno de la Eurocámara, que tiene previsto someterla a votación en su sesión plenaria de finales de junio.
