VALÈNCIA. Pese a las críticas de Ciudadanos por la falta de contundencia del PP con el decreto de plurilingüismo de este martes, los populares apuestan por jugar a ser a veces el yin y otras el yang, especialmente, con el PSOE. Con el objetivo de no mostrarse ni blandos con el proyecto estrella del conseller de Educación, Vicent Marzà, ni intransigentes con sus posiciones, el partido de la gaviota sigue con su práctica de 'palo y zanahoria'.
Después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, anulara parcialmente su proyecto lingüístico para las escuelas valencianas, en Campanar han vivido un ritmo frenético para esbozar en tiempo y forma un plan B antes de retomar las clases. Así, el Consell advirtió en agosto que los padres, madres y los centros educativos tendrían la hoja de ruta a seguir para este próximo curso antes del inicio del curso escolar. Y así fue.
El pasado 2 de septiembre, el conseller de Educación impulsó un decreto-ley que establece el sistema que tumbó la justicia solo para niños de dos y tres años. Eso sí, con un aumento de las horas de inglés, tal como se le exigía, que serán en detrimento de las realizadas de valenciano en los niveles avanzados y en perjuicio del castellano en los niveles intermedios y básicos.
A diferencia del decreto de plurilingüismo –que fue recurrido por la Diputación de Alicante–, este decreto-ley solo podría ser recurrido por el Gobierno central, el Defensor del Pueblo, 50 diputados o 50 senadores y las Asambleas legislativas. Ante este escenario, y con el ojo puesto en las elecciones de 2019 -este jueves admitieron que quieren volver a gobernar y que en su hoja de ruta está "recuperar la normalidad y la serenidad en el sector educativo"-, el PP quiere contrarrestar esta jugada del Consell aplicando las dos caras de la moneda.
Si por un lado presiona al Gobierno de Mariano Rajoy para que la Abogacía del Estado recurra ante el Tribunal Constitucional la nueva versión del decreto de Marzà, por otro se abre a negociar un modelo lingüístico para la enseñanza con las fuerzas que, a su juicio, están alejadas del "radicalismo" como el PSOE. O, al menos, así se expresó este jueves la diputada del PPCV en Les Corts, María José Català.
La también miembro de la gestora del PP en la provincia de Valencia, advirtió antes de reunirse con representantes de las "asociaciones de padres, sindicatos y titulares de centros educativos", que los populares valencianos presentarán "mociones en todos los ayuntamientos de la provincia para solicitar la derogación" de la remodelada normativa que el Consell aprobó este jueves y está previsto que sea ratificada en el pleno extraordinario de Les Corts de este viernes.
"Nos parece ridículo y absurdo que se aplique el decreto ley del PP de 2012 en todas las etapas educativas, y que ellos hayan hecho un decreto ley exclusivamente para los niños de 3 años. Pensamos que es un fraude de ley y que se está esquivando la acción de la justicia. Nos parece una pataleta del conseller porque no ha querido confirmar que la justicia le ha llevado a volver a aplicar el decreto del Partido Popular", denunció Catalá.
Ahora bien, la nueva orden fue publicada este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y, aunque tan solo han transcurrido dos días, el presidente de la gestora provincial y portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Rubén Moreno, declaró que el Gobierno "sabrá lo que hacer" –en referencia a si 50 diputados populares en la Cámara Baja recurrirán la nueva normativa–.
Sin embargo, aunque el Partido Popular advirtiese de que continuará planteando batalla para que también los niños de tres años adopten el modelo lingüístico popular de 2012, también aseguró que tendería la mano al president de la Generalitat, Ximo Puig, para "adoptar una postura más moderada y abandonar el capricho de Compromís" y elaborar "desde el consenso un pacto por la educación".
Una propuesta que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ya trasladó al jefe del Consell el pasado 11 de agosto y para el que, ahora, proponen que se constituya una comisión de estudio en Les Corts para "llegar a un consenso sobre el modelo lingüístico y educativo de la Comunitat".