El Parlamento Europeo investigará la petición del PP por los abusos a menores en la Comunitat 

VALÈNCIA. Con el cambio de un voto en el último minuto, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado dejar abierta la investigación de los diez casos de menores abusados bajo tutela de la Generalitat Valenciana, que ha denunciado la diputada del PP Elena Bastidas y la abogada Ana María Gil. La Administración Pública ha estado presente y representada por el Director General de la Portaveu del Consell, de la Vicepresidencia de la Generalitat, Juan Vicente Santos, quien ha defendido las nuevas políticas sociales de protección de menores.

La abogada Ana María Gil han sido la primera en hablar sobre ”175 casos de abusos en menores tutelaros”, sin dar ningún detalle al respecto. En el mismo sentido, la diputada popular Elena Bastidas habló del informe del Síndic y la obstaculización de una investigación sobre abusos, haciendo referencia directa a la ex vicepresidenta Mónica Oltra como “responsable de la política social”. En este punto ha recordado el caso de su ex marido y el procedimiento judicial en el que están imputados 13 funcionarios y la propia ex vicepresidenta “por ocultar los hechos” por los que se ha condenado al ex marido. “La presión social y judicial forzó la dimisión de la vicepresidenta”, ha manifestado.

A continuación llegó el turno del DG portavoz de Vicepresidencia, Juan Vicente Santos, como representante de la Generalitat, quien afirmó que “la petición sólo establece falsedades, con daño para los niños tuteados y para sacar rédito electoral”. Y añadió que la Generalitat trabaja para aplicar la Directiva de 2011, “cuya dejadez del Gobierno de las peticionarias cuando gobernaban -PP-, ha devenido en un procedimiento de infracción contra España”. Se refiere Santos a tres casos de menores abusados en centro de menores, los únicos de la denuncia excepto el que afecta a Mónica Oltra, que se produjeron antes de 2015, cuando gobernaba el Partido Popular en la Comunitat Valenciana.

La Comisión Europea dice que no es competente

Coincidiendo con el informe de la Comisión, que ha reiterado su informe, dice que “no se cumple la norma europea para aceptar la petición” y la Comisión ya ha dicho que “es el sistema judicial español el competente”. Por ello, pidió el “cierre de este expediente para no contradecirse con procedimientos judiciales en España”. Santos reitera lo aprobado en una prolija documentación y recuerda que “todos los casos denunciados ante la Comisión  se produjeron fuera, excepto el que se refiere al ex marido de la Vicepresidenta, cuya sentencia no es firme”. También afirma que “son falsas las acusaciones contra los funcionarios de la Conselleria”, cuyo caso está subjudice.

Varios eurodiputados pidieron la palabra en un debate muy enconado en dos posiciones clemente encontradas, donde se puso de manifiesto que la víctima “ya ha sido amparada con una sentencia a su favor”, y que “las acusaciones contra la Conselleria no están probadas y están en el marco de un proceso judicial”, por lo que este proceso es “totalmente redundante”. Por su parte, Jordi Cañas, de Renew-Ciudadanos, pidió “que se abra al debate político cuando las Administraciones están detrás de los delitos y cuando ha habido menores abusadas”.

Diana Riba, de ERC, defendió que “esta Comisión no puede pronunciarse sobre el fondo, que está subjudice”. Pero sí denuncia la “instrumentalización de este comité, donde se viene a decir lo que es evidente, que se ha puesto al servicio de la derecha y la extrema derecha, para convertirlo en un lodazal”. Riba recordó, por último, que la Comisión Europea ha dicho su palabra dejándolo en manos de las autoridades competentes españolas, y otra decisión “erosiona la credibilidad de este comité”.

VOX apoya al PP

Por su parte, Jorge Buixadé, de VOX, pidió que “se abra una comisión de información y se les obligue a abrir una comisión de investigación en Valencia”, alarmando sobre el “silencio y complicidad de la Administración. Se trata de hacer cumplir la ley y depurar las responsabilidades”. Mientras que la valenciana Sira Rego, de Esquerra Unida, alertó sobre  que “esta Comisión no es un tribunal”, recordando que “este asunto ya está siendo investigado por la institución competente y debemos ser respetuosos con el proceso judicial que se está llevando a cabo allí”.

Para Javier Zarzalejos, del PP, “cualquier investigación parlamentaria sería adecuada. Sin perjuicio de la investigación judicial”. Mientras que el socialista Ibán García del Blanco, fue contundente al recordar que también en la Comunidad de Madrid hay casos de menores tutelaras abusadas, “donde gobierna el PP” Pero, parece que no importan, que importa quién manda en cada lugar”. Otra eurodiputada pidió cerrar la investigación porque ya se está investigando por las autoridades competentes y porque “tenemos cientos de comisiones abiertas a las que no pretendemos volver”, alertando de la perversión del sistema. Ernest Urtasun de Els Verds, también advirtió de que “esta petición está muy politizada. Siento que el tema de fondo es importante pero no creo que sea la intención de esta petición”.

Los socialistas piden que se cierre

Ha sido la eurodiputada valenciana del PSPV-PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, quien ha emitido un discurso más claro en defensa del representante de la Generalitat, “que ha tenido que venir a defender su posición en una comisión que nunca debería haberse celebrado y que está siendo utilizada políticamente por la derecha de forma interesada". La valenciana alude al informe de la Comisión Europea, en el que quedó claro que la competencia es de los Estados miembros. Me pregunto si los eurodiputados presentes se han leído toda la documentación que se ha presentado y que desmonta todas las falsedades que aquí se han vertido hoy”. Y añade que, como saben las peticionarias, a través de la Generalitat se ha ofrecido toda la documentación y la justicia ha actuado. En estos momentos hay un procedimiento judicial en curso para un único caso”.

Por último, Rodríguez-Piñero explica que la Comisión de peticiones es “para que los ciudadanos tengo un canal de acceso y amparo en las competencias europeas. El PP ya ha presentado su petición en las Corts valencianas, como diputados. Pero esta comisión esta para los ciudadano que no tienen otros canales. ¿Acaso la diputada Elena Bastidas no tiene lugar para pedir amparo en las Corts y en el Parlamento? Incluso su partido ha anunciado que va a personarse en el procedimiento judicial contra los funcionarios de la Conselleria. Pido que esta comisión se utilice con profesionalidad y se cierre”.

La peticionaria habla de 175 menores abusados bajo tutela

La respuesta de la abogada ha sido inmediata: “Yo no soy cargo público ni político”. Y ha insistido en que “en ningún caso se pide un juicio paralelo, sino unas medidas concretas para proteger a los menores tutelados”. Para Bastidas, que también tenia derecho a réplica, al contrario que la Generalitat, “hay falta de voluntad política por parte de las autoridades de la Comunitat para esclarecer los casos de los 175 menores abusados y el caso de la menor abusada por el ex marido de la vicepresidenta”.

Ante un debate que quedó en tablas, el eurodiputado Urtasun pidió al presidente del Comité, Dolors Montserrat, del PP, que l votación pasara a la reunión de coordinadores, “para que decida de forma sosegada”. Pero el coordinador dijo que es la reunión del comité quien lo tiene que decidir. Por nueve votos a favor y ante el abandono de la sala por los diputados contrarios a la petición para evitar el quórum, el Comité dejó abierta la petición tras el cambio de voto de un eurodiputada de Renew.

Ahora el Comité debe proceder a investigar la petición de la diputada del PP, Elena Bastidas, “para proteger a los menores que han sido víctimas de abusos sexuales en los establecimientos públicos de la comunidad autónoma, ante la que considera actitud laxa y dejadez de las autoridades regionales y nacionales españolas al respecto”.

En su petición, expone una serie de casos de delitos de abusos sexuales a menores tutelados en centros públicos dependientes de la Generalitat y señala como elemento común la laxitud de la Administración en el cumplimiento de sus obligaciones de supervisión, así como su falta de diligencia en lo relativo a la investigación y control de tales hechos una vez presentadas las denuncias. solicita que la Comisión de Peticiones recabe datos y testimonios que sirvan para adoptar unas conclusiones que obliguen a las autoridades nacionales a proteger a los menores que son víctimas de abuso.

La Generalitat se defiende

Por su parte, la Generalitat desmonta esos casos con un expediente que consta en un   informe explicativo de 289 páginas, documentación complementaria con 383 documentos  y 3.493 páginas de anexos que una eurodiputada ha asegurado que no se habrían leído los presentes en la sala. “No existe ningún peligro añadido a las personas menores de edad tuteladas por la administración autonómica distinto al que puedan tener en cualquier otro espacio (sea familiar, social o institucional)”, explica la Generalitat. Y, añade, “negamos rotundamente que exista laxitud, así como tampoco hay dejadez en las instituciones españolas, ni en el Gobierno de la nación, ni tampoco en el Gobierno regional en lo que respecta al cumplimiento de sus obligaciones de control y supervisión respecto a la investigación de denuncias por supuestos abusos sexuales a personas menores de edad en la Comunitat Valenciana”. Señalando, además, que “la peticionaria y el PP tratan de dar amparo a una injustificada campaña de desprestigio personal y político que no duda en utilizar de manera espuria las instituciones públicas y que va a rebufo de la extrema derecha”.

En este sentido, explica que la petición sólo aporta “mensajes claramente tergiversados , con sólo diez casos. Ocho de ellos, sobre casos de menores abusadas en un establecimiento  de la Conselleria, ninguno cumple la condición de ser una menor tutelada abusada entre 2015 y 2022. En tres casos, la Administración bajo gobierno del PP no actuó correctamente. En tres casos no eran menores tuteladas. En dos caso, los menores fueron los agresores. Todos los casos se produjeron fuera de las instalaciones de la Conselleria”.

Por último, “de los dos casos restantes, referidos al ex marido de la ex Vicepresidenta Mónica Oltra, uno tiene sentencia, no firme, recurrida por infracción procedimental grave, con ausencia de testigos clave que negaron los abusos. Respecto al otro caso sobre deficiencia en el procedimiento, son falsas las curaciones contra funcionarios y altos cargos de la Administración y que está subjudice”. Y, “de los 175 casos de menores tuteados abusados, no hay ninguno cierto. El PP ha difundido falsedades y utiliza un informe del Síndic de Greuges que dice lo contrario”.