VALÈNCIA. El exconsejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra, declaró este jueves en la Audiencia Nacional que tanto el presidente de la entidad, José Luis Olivas, como su consejo de administración eran conocedores de los reparos que el Banco de España tenía sobre la solvencia de la entidad desde finales de 2009, unos problemas que desembocaron en la nacionalización de la entidad en noviembre de 2011. Con ello, Parra contradijo lo declarado por Olivas justo un día antes ante el juez Pedraz, ante quien defendió que, pese a que era el presidente, no tenía funciones ejecutivas y desconocía las actuaciones inspectoras del Banco de España porque era el consejero delegado quien controlaba la gestión.
El que fuera consejero delegado del banco valenciano durante 17 años declaró ante Santiago Pedraz en el marco de la investigación al antiguo consejo de Banco de Valencia como presuntos responsables de un delito de falsedad contable abierta tras una denuncia del FROB. El origen de la causa fue una denuncia de la asociación de accionistas Apabankval en los juzgados de València.
Parra, que prestó declaración durante una hora y media, solo contestó a las preguntas del fiscal y a las de su abogado defensor. Según fuentes presentes en el interrogatorio, el exconsejero delegado empezó su declaración diciendo que dimitió como consejero por enfermedad grave de corazón meses antes de la intervención del banco pero posteriormente aseguró que su salida fue un cese pactado.
La parte central de su declaración se centró en aclarar si, tal y como le planteó el representante del Ministerio Público, era cierto que no informó al presidente ni al consejo de sus reuniones con el Banco de España. En esencia, Domingo Parra sostuvo que sí estaban al corriente de las reservas que el supervisor estaba planteando a la solvencia de la entidad desde finales de 2009 pero, al mismo tiempo, se defendió asegurando que los inspectores no le trasladaron formalmente los informes a los que alertaban de la situación de la entidad y que ahora están incorporados a la causa.
El exconsejero delegado explicó que en el Banco de Valencia se constituyó un comité integrado por él mismo, el interventor general, el director de riesgos, el director de participadas y otros altos cargos del banco para la interlocución con el Banco de España desde finales de 2009, 2010 y 2011.
A raíz de la segunda inspección iniciada por el Banco de España en marzo de 2010, Parra aseguró ante el juez que el director de supervisión le dirigió una carta al presidente del banco, José Luis Olivas, quien le habló a Parra de la recepción de esa carta. El protocolo establecía, además, que el presidente debía informar al consejo de esta circunstancia y el exconsejero delegado aseguró al juez que creía recordar que esa información sí se transmitió a los consejeros.
En julio de 2010 el Banco de España reiteró las mismas advertencias que ya había lanzado en marzo. El supervisor advirtió a la entidad de que la tasa de morosidad era del 11%, muy por encima del 4% declarado por el banco, pero Parra se amparó en su declaración ante el juez en el hecho de que los informes de inspección del Banco de España no le fueron facilitados formalmente.
El exconsejero delegado sostuvo que él nunca fue un cuello de botella de para que todos los consejeros, comenzando por Olivas, estuvieran puntualmente informados por él personalmente y por su equipo. En ese punto, además, recordó que José Luis Olivas, en calidad de vicepresidente de BFA-Bankia, mantenía una interlocución frecuente con el Banco de España.
Además, declaró que, pese a las actuaciones inspectoras de 2010, ni el Banco de España ni la CNMV pusieron reparos a las cuentas que el Banco de Valencia formuló a principios de 2011. Tras remitirlas y no recibir respuesta, no entendió que hubiera errores ni falsedades en las mismas, declaró este jueves.
No obstante, el Banco de España había instado a la entidad a realizar una dotación adicional con cargo a resultados de casi 200 millones. Parra aseguró que no la hicieron porque no reconocía el déficit de provisiones de 197 millones de euros del que alertaba el supervisor que, según Parra, no se le transmitió.
El 9 de marzo de 2011, nueve meses antes de la intervención, el Banco de España instó a acometer un saneamiento de 280 millones por déficit de provisiones o reabriría la inspección sobre la entidad a lo que Parra, según su relato de este jueves ante el juez, les respondió a los inspectores que no tenían miedo, que no estaban de acuerdo con sus conclusiones y que reabrieran la inspección. Parra aseveró ante Pedraz que transmitió esa información de forma inmediata tanto a josé Luis Olivas como al comité de dirección de la entidad.
El exconsejero delegado recordó que el Banco de España no intervino y el Banco de Valencia celebró su junta general, en la que acordó repartir dividendos con cargo a acciones propias sin que se planteasen reparos del supervisor.