Recuerden la polémica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que mandó España a Bruselas hace ya tiempo, y que preveía el establecimiento en 2024 de un sistema de pago por uso, o peajes, en todas las vías de alta capacidad españolas: en autovías y autopistas. El motivo era paliar con estos ingresos, de quienes hicieran o pudieran hacer uso de este tipo de vías, el déficit acumulado en el mantenimiento de las mismas. Todo ello tras varios toques de atención de la UE sobre el tema, siempre desatendidos por España.
Nada ha habido al respecto. No solo no se ha implementado el sistema propuesto, sino que se ha seguido con la tónica anterior de vender políticamente como un logro que lo suyo es eliminar peajes. Y es que, evidentemente, lo gratis trae rédito.
Aquella medida anunciada en la página 127 del famoso plan mandado a Europa vino ya precedida, en contra de lo que se proponía, de la eliminación de prácticamente todos los peajes de la AP-7 desde Francia hacia el sur de España por la costa mediterránea. Y no solo esto, sino que ahora se acaban de levantar barreras en el tramo de dicha autopista de circunvalación de Alicante, al menos hasta octubre, aunque ya sabemos que, si hace falta, se prorrogará la medida si ello hace parecer a quienes nos gobiernan más cercanos a los ciudadanos. Aunque sea mentira.
Por eso, y la excusa es perfecta, saltan como un resorte los alcaldes populares de Orihuela, Torrevieja y Pilar de la Horadada al sentirse discriminados porque se mantiene el peaje de la AP-7 en el tramo Alicante-Cartagena, cuando el tráfico de pago por el mismo es prácticamente inexistente al haberse desdoblado en su día en paralelo la N-332 en el tramo entre Guardamar del Segura y Torrevieja y más allá entre Torrevieja y Pilar de la Horadada, justo donde se hallan los dos puntos de pago de esa AP-7 que se mantienen en la provincia de Alicante. Es normal que los alcaldes hayan reaccionado contra el Gobierno de Madrid, porque se sienten discriminados. Aunque sea medio mentira.
La concesión de Ausur, la empresa que explota ese tramo aún con peajes en el sur de la provincia alicantina, tiene papeles para hacerlo de manera originaria, o sea, sin prórrogas, hasta 2048. Y eso supone que cualquier cambio en el régimen de la concesión es, ante todo, algo más que una decisión meramente política. Es una modificación de todo un modelo concesional sometido a la ley. Es más: la propia empresa ya intentó en dos ocasiones, en 2015 y en 2019, que el Estado le indemnizase por cambiar de facto las condiciones de la concesión al desdoblar la N-332 y desincentivar con ello el uso de la AP-7, con el consiguiente perjuicio económico, se alegaba, por el desequilibrio económico generado. Sin resultado. Ausur es, por tanto, la máxima interesada en que hoy se tomara una decisión tal como rescatar la gestión de la autopista para que la pagáramos todos.
Y es que ese es el quid de la cuestión: que un rescate, sobre todo un rescate, o una decisión de no prorrogar un modelo concesional de una infraestructura de tráfico como una autopista, lo que supone realmente es integrar la financiación de su mantenimiento en el bolsillo de todos mediante nuestros impuestos, usemos o no la vía en cuestión. En una palabra, que paguemos aunque ni siquiera tengamos coche.
Por eso, no lo olviden, todos pagamos las autovías “gratis” o las autopistas que ya lo son por acabarse los peajes en ellas. Los alicantinos del sur, sin ir más lejos, pagaremos el coste de estos meses de julio a octubre de la circunvalación de Alicante sin pasar por ella, como pagamos el resto de la AP-7 ya sin peajes. Y seguiremos pagando nuestro tramo entre Alicante y Cartagena si lo usamos. Un alicantino de El Campello, sin embargo, no pagará coste alguno de la AP-7 de Orihuela-costa si no se viene a dar un baño a Campoamor, por ejemplo.
Aún más: sin peajes, un residente en el extranjero que circule por cualquier vía española no contribuye a mantener unas carreteras que igual usa por el litoral mediterráneo más que un señor de Zamora, que en algo participa, y desde luego mucho más, que ese no residente que viene a Torrevieja un par de veces al año, que se trae su coche con un remolque y, por tanto, deteriora más asfalto que el castellano y leonés.
La discriminación, por tanto, es evidente. Pero no sólo por vivir, y conducir, por el sur de la Vega Baja. Es una discriminación vinculada al modelo de financiación de nuestras carreteras y al oportunismo político de quien reclama lo que no hace cuando gobierna. Claro que igual es que ni siquiera esos alcaldes indignados hoy saben qué se paga y para qué…
