El Gobierno crea un mando único para coordinar la inmigración en las fronteras y en el Estrecho

VALÈNCIA. (EP). El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 3 de agosto la creación de un mando único para la cooperación operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la frontera y en el Estrecho. El objetivo es "optimizar" los recursos que permitan "colaborar en impedir" la salida de embarcaciones de migrantes en países de origen y "evitar la llegada inadvertida" de pateras a España.

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado antes del parón veraniego. En su primera rueda como presidente del Gobierno, tras la moción de censura que le aupó hace dos meses a la Presidencia, Sánchez ha expresado que ahora el Gobierno "representa a la mayoría social" y entiende que en este momento la ciudadanía camina "en la misma dirección y en los mismos objetivos" que el Ejecutivo.

Según ha explicado, este mando único "centralizará la coordinación y el seguimiento" de todas las actuaciones realizadas o vinculadas con la inmigración ilegal, así como los mecanismos necesarios para la utilización "eficaz" de todos los recursos humanos y materiales disponibles en esta materia.

Sánchez afirma que con su Gobierno se inaugura un "cambio de época"

Pedro Sánchez ha afirmado que el Ejecutivo que lidera ha inaugurado un "cambio de época" en la política española, y se trata de un gabinete que ha reivindicado como "progresista", "ecologista" y "feminista" en el que todos los ciudadanos se "reconocen" independientemente de a quien voten.

El presidente ha afirmado que su Gobierno representa la España "honrada" que recoge el guante de la "ejemplaridad" que exige la sociedad e incluso "eleva los estándares de integridad", en contraste, ha dicho, con el anterior Gobierno del PP.

Igualmente, Sánchez ha defendido su idea de España "abierta", "coherente" y "no partidista", asegurando que el Gobierno quiere forjar grandes consenso basándose en el diálogo. "Aspira a gobernar con el Parlamento y no contra el Parlamento", ha recalcado.

"Estas son nuestras causas, con una hoja de ruta clara y definida hasta el final de la legislatura y a las que nos dedicamos con determinación pero con humildad, con dialogo y con ánimo de consenso sin perder un minuto", ha resumido.

Aprueba un decreto contra los 'falsos autónomos'

Este viernes que el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley contra el uso fraudulento de la figura del autónomo, lo que se conoce como 'falsos autónomos', con la finalidad de aflorar cerca de 40.000 empleos en el régimen general de la Seguridad Social.

En concreto, el real decreto, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, modifica la normativa de Seguridad Social para garantizar la afiliación de los 'falsos autónomos' en el Régimen General de la Seguridad Social.

Se trata de aquellos supuestos en los que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detecta el encuadramiento irregular de trabajadores en el Régimen de Autónomos cuando por su actividad laboral son trabajadores por cuenta ajena. Es lo que se conoce como 'falsos autónomos'.

En estos casos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social inicia un procedimiento e insta a la Seguridad Social para que, de oficio, dé de alta a estos trabajadores en el Régimen General, que es el correspondiente para los trabajadores por cuenta ajena, al menos hasta la finalización del procedimiento.

Las empresas afectadas, o en su caso, los trabajadores, tramitan la baja para anular el alta practicada de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social, que actúa a instancia de la Inspección de Trabajo y dentro del procedimiento de infracción iniciado por ésta.

Ayuda a parados

Junto con este real decreto, el Gobierno ha aprobado también otro real decreto-ley del Ministerio de Trabajo para dar cobertura sobre la regulación del Programa de Activación para el Empleo (PAE), con un presupuesto de 53 millones de euros, para que hasta un máximo de 41.000 parados que tenían suspendido el subsidio del programa --que decayó el pasado 30 de abril-- por haber suscrito un contrato de trabajo, puedan reanudar el cobro de la ayuda de 430 euros al mes.

El Ministerio de Trabajo estima que alrededor de 41.000 parados que se beneficiaban del subsidio del PAE y habían encontrado un empleo no han podido reanudar la prestación al solicitarla una vez que han vuelto a una situación de desempleo y a cumplir los requisitos. Sánchez ha añadido que el 65% de los beneficiarios serán mujeres.

Estos potenciales beneficiarios tampoco han podido acceder al subsidio extraordinario incorporado por el PP a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 tras expirar el PAE y el Prepara. De esta forma, esos beneficiarios que dejaron de percibir la ayuda podrán volver a cobrarla por el tiempo que les restaba.

El Gobierno afirma que el carácter urgente del real decreto-ley se justifica por que al haber finalizado la vigencia del Programa resultaba "imposible" la reincorporación de aquellas personas que habían causado baja temporal en el mismo por colocación por cuenta ajena o propia, o pérdida del requisito de rentas, o responsabilidades familiares.

La interrupción de la prestación, asegura el Gobierno, impedía tanto la reincorporación al programa extinto como la percepción de la nueva ayuda sustitutoria del PAE, que excluye expresamente la solicitud de beneficiarios de aquel programa. La reincorporación supone "evitar una situación de desigualdad" entre aquellos que no han causado baja temporal y los que sí, con derechos reconocidos en idénticas condiciones de necesidad, según destaca el Ejecutivo.

"Es preciso tener en cuenta que la medida afecta a un colectivo muy necesitado de protección, al tratarse de personas que han agotado todo tipo de ayudas y con responsabilidades familiares a su cargo. De este modo, se evita que dichas personas queden desprotegidas al no poder reincorporarse al Programa, pese al reconocimiento inicial del derecho", afirma el Gobierno.

Presentará en septiembre la misma senda de estabilidad para "blindar el Estado de Bienestar"

El presidente del Gobierno ha insistido que el Ejecutivo volverá a presentar en el mes de septiembre la senda de estabilidad rechazada por la Cámara Alta, "no por empecinamiento", sino para "blindar el Estado de Bienestar".

Sánchez ha pronosticado que el ejercicio 2018 concluirá con un crecimiento "vigoroso" del 2,7%, por encima de los países de la zona euro y de la media de la UE, con una creación de 455.000 nuevos empleos a final de año.

Asimismo, ha remarcado que otro de los objetivos del Ejecutivo es sanear las cuentas públicas y reforzar el Estado de Bienestar, por lo que ha defendido la senda de estabilidad aprobada por el Gobierno porque plantea una "doble estabilidad económica y social".

"Es la propuesta por la que trabajamos y vamos a ofrecer al conjunto de la Cámara a partir del mes de septiembre", ha confirmado Sánchez, quien ha insistido en que se trata de "una causa justa que se volveráa presentar, no solo por empecinamiento, sino porque beneficia a la clase media y trabajadora", que exige un Estado de bienestar "fuerte" y mejoras en Sanidad, Educación, dependencia, servicios sociales y políticas activas de empleo.

A este respecto, ha apuntado que espera que la senda de estabilidad sea extensiva a los Presupuestos de 2019 que el Gobierno presentará a la Cámara y confía en que sean "efectivos" el próximo año. "Si el crecimiento no llega a las clases medias no es útil, hay que crecer para distribuir y blindar el Estado de Bienestar", ha remachado.

Preguntado sobre si se plantearía adelantar las elecciones generales si los Presupuestos de 2019 tampoco consiguen el respaldo del Parlamento, Sánchez ha indicado que el Ejecutivo va a "jugar el partido" y ofrecer una senda para garantizar las cuentas públicas y reconstruir el Estado de Bienestar, ya que "necesita oxígeno, no un mayor estrangulamiento".

Por ello, ha pedido "responsabilidad" a las formaciones para que la senda de "doble estabilidad económica y social" cuente con el respaldo mayoritario, a pesar de que algunos grupos "no la van a apoyar porque probablemente estén en una cuestión más de oposición partidaria".

"Que las votaciones sean fáciles y difíciles en el Congreso no es lo que más le importa al Gobierno, sino que sean útiles para la ciudadanía. Difícil no es imposible, la debilidad que más le preocupa al Gobierno es la del Estado de Bienestar", ha añadido.

Ley de estabilidad

En cuanto a la posibilidad de una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, Sánchez no ha aclarado si el Gobierno cambiará la norma pero ha dejado claro que le parece "impropio" que el Senado tenga la capacidad de vetar una senda de estabilidad que haya sido aprobada mayoritariamente por el Congreso.

"Fue una modificación que hizo el Gobierno del PP con mayoría absoluta, si tengo que manifestar opinión es contraria", se ha limitado a decir al respecto Sánchez.

Financiación autonómica

Sobre la derogación de la reforma laboral, Sánchez ha vuelto a reiterar que no hay un mayoría parlamentaria que quiera derogar en su totalidad la citada reforma, pero insistió en que "entre cero y 100 hay un camino enorme y en eso va a estar el Gobierno". Así, ha asegurado que se "desmontarán buena parte de los artículos más lesivos de la reforma laboral".

En este sentido, ha indicado que el Parlamento ya está debatiendo sobre la subcontratación y hay un mandato de los agentes sociales para hablar de la ultraactividad, de la negociación colectiva a nivel sectorial o de la igualdad laboral y salarial. "Va a haber muchos aspectos de mejora y de recuperación de derechos laborales", ha reiterado.

El jefe del Ejecutivo también se ha referido a la posibilidad de contar con un nuevo modelo de financiación autonómica, pero ha admitido que ante la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales, en la primavera del año que viene, va a ser "complicado" alcanzar un acuerdo porque los gobiernos autonómicos van a estar en una "dinámica electoral".

A pesar de ello, ha asegurado que el Gobierno va a mejorar "muchos de los aspectos" de la financiación autonómica y aunque no se pueda llegar a una renovación total del modelo actual, ha afirmado que el Ejecutivo "no se va a quedar parado".

Los pasos económicos en dos meses

Del balance económico de los dos primeros meses del Gobierno, Sánchez ha destacado que la inversión creció en los seis primeros meses un 5%, hasta superar los 130.000 millones de euros, junto a un alza del 3,5% de las exportaciones en el último año, en un contexto en el que la prima de riesgo se ha estabilizado en el entorno de los 100 puntos básicos. Además, ha destacado el récord en la llegada de turistas extranjeros, con más de 8,5 millones en el mes de junio.

"Crecimiento, competitividad, inversión, exportaciones y confianza", ha citado Sánchez como ejemplo de los puntos en los que se está avanzando, al tiempo que ha recordado que se ha reunido dos veces con los agentes sociales y el Gobierno ha mostrado su respaldo para la mejora salarial y el Salario Mínimo.

El líder del Ejecutivo ha subrayado que la "prioridad" en materia laboral es luchar contra la parcialidad y por la dignidad en el trabajo, contra la explotación laboral y la precariedad, para lo que se ha aprobado el Plan Director por el Trabajo Digno.

En este sentido, Sánchez ha recordado que el Ejecutivo ha cumplido su compromiso de subida salarial y que el pasado viernes aprobó la mayor oferta de empleo público de la última década, con un total de 30.844 plazas públicas.

Igualmente, ha recordado que se han abonado los atrasos a 9 millones de pensionistas para compensar la diferencia entre la revalorización del 0,25% de las pensiones en enero y la del 1,6% aprobada en los Presupuestos de 2018, que alcanza el 3% para las pensiones mínimas, junto a una mejora de las de viudedad.

Según Sánchez, también se está trabajando por conciliar el crecimiento económico con la transición ecológica, para lo que se han sentado las bases para recuperar el autoconsumo, el impulso de las renovables y España se ha comprometido más con la Agenda europea 2030. También ha recalcado que se está impulsando la ciencia y la industria para conseguir que sean "motores de crecimiento".

El Rey estará en Cataluña en el primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils

Tanto él como el Rey Felipe VI estarán en Barcelona con motivo del primer aniversario de los atentados terroristas que tuvieron lugar en la capital catalana y en la localidad tarraconense de Cambrils el año pasado.

"Ese aniversario exige de todos la solidaridad y el respeto a las víctimas y su familias, así es y así espero que sea los días 17 y 18. El Gobierno va a estar presente, yo estaré, y también va a estar presente el Jefe del Estado", ha dicho, tras ser preguntado por el veto al monarca que ha planteado la Generalitat de Cataluña.

En este contexto, Sánchez ha hecho hincapié en que "no hay más cera de que la que arde". "El jefe del Estado va a ir, el presidente va a ir y vamos a trasladar la solidaridad del conjunto de la sociedad española a las familias y las víctimas de estos terribles atentados", ha zanjado el presidente del Gobierno.

El Gobierno aprueba 393,7 millones para proyectos de investigación

El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes 393,7 millones de euros para las dos principales convocatorias de proyectos de investigación, según ha informado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En concreto, el Gobierno ha autorizado la convocatorias de proyectos de 'I+D Generación de Conocimiento', dotada con 125,5 millones de euros, y la de 'I+D+I Retos Investigación', que tendrá una financiación de más de 268 millones de euros. Las convocatorias serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado en las próximas semanas y el plazo de presentación de solicitudes comenzará en septiembre.

La Agencia Estatal de Investigación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, gestiona ambas convocatorias, que representan las más importantes ayudas en España para proyectos de I+D y de las que pueden ser beneficiarios las universidades, los centros públicos de I+D y los centros privados de I+D sin ánimo de lucro, según el Ministerio.

Los proyectos seleccionados -cuyo plazo de presentación se abrirá en septiembre- podrán financiarse total o parcialmente, tendrán una
duración de tres o cuatro años (dos excepcionalmente) y contarán con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Como novedad, en las convocatorias se incluye la obligatoriedad de presentación de la memoria técnica del proyecto en lengua inglesa
cuando el presupuesto del proyecto, en costes directos, supere los
100.000 euros. Este cambio tiene como objetivo aumentar la evaluación internacional de los proyectos de investigación.

En la convocatoria 'I+D+I Retos Investigación' se destinan 268,2 millones de euros para ayudas a proyectos cuyo objetivo sea contribuir a resolver aspectos de los ocho grandes retos sociales recogidos en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación.

Esta convocatoria podrá financiar costes de ejecución de los proyectos como personal, compra de material, dietas y viajes asociados al proyecto y gastos en patentes y publicaciones.

Por otra parte, un total de 125,5 millones para ayudas a proyectos de investigación sin orientación temática previamente definida y motivados por la curiosidad científica que tengan como objetivo principal la generación de conocimiento y su avance, independientemente del horizonte temporal.

71,3 millones entre CCAA para políticas activas de empleo

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución adicional y la distribución resultante de los créditos previstos para el ejercicio económico de 2018 entre las comunidades autónomas por un importe de 71,28 millones de euros, para políticas activas de empleo.

El acuerdo de reparto complementario se tomó en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del pasado 25 de julio, para la ejecución de los servicios y programas de políticas activas de empleo destinadas a financiar la formación profesional para el empleo, incluidos en el eje de Formación.

La cantidad adicional de 71.284.430 euros se añade a los 2.055.139,10 con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal y del actual Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, cuyos criterios de distribución se formalizaron en el Acuerdo del Consejo del Consejo de Ministros del pasado 4 de mayo.

La región que recibirá un mayor montante será Andalucía (12 millones), seguida de Cataluña (11,85 millones), Madrid, (9,38 millones), Comunidad Valenciana (6,8 millones), Galicia (5,7 millones), Canarias (4,9 millones) y Castila y León (4,3 millones).

A continuación se sitúan Castilla-La Mancha (3 millones), Aragón (2,11 millones), Murcia (2,1 millones), Asturias (2,06 millones), Islas Baleares (1,6 millones), Cantabria (1,02 millones), Navarra (824.471 euros) y La Rioja (397.553 euros).

Trabajo destaca que se hace efectiva la viabilidad jurídica de la norma para agilizar la distribución de los créditos procedentes de los PGE para políticas activas de empleo a las CCAA, con lo que se facilita el proceso para que cada región pueda poner en marcha sus planes de empleo en políticas activas, según se acordó en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, celebrada el pasado 17 de abril.

El acuerdo cuenta con el informe favorable del Ministerio de Hacienda, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, habiéndose fiscalizado de conformidad la aprobación del gasto del importe mencionado con carácter previo a la celebración de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

El Gobierno empieza este mes a trabajar para solucionar el conflicto del taxi

Por otra parte, el Gobierno empezará a trabajar este mes para dar una solución "de coexistencia y equilibrio" al conflicto abierto entre el sector del taxi y el del vehículo de alquiler con conductor (VTC).

"En este mes y el siguiente se trabajará en los planteamientos acordados entre el Ministerio de Fomento, el sector y las comunidades autónomas para dar una solución de coexistencia y equilibrio", indicó el jefe del Ejecutivo en relación al conflicto que ha provocado una huelga de taxistas de varios días en las principales ciudades.

El trabajo se realizará a partir de la propuesta de Fomento de, según recordó el presidente, habilitar a las comunidades autónomas que lo deseen para regular al sector de las VTC dentro de su territorio. Para ello, se modificará la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT), apuntó.

"Las comunidades que no quieran asumir esta gestión seguirán bajo la norma estatal", apuntó Sánchez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De esta forma, realizó la declaración de la voluntad del Gobierno para solventar el problema a la que el Departamento que dirige José Luis Ábalos se comprometió en las reuniones mantenidas esta semana con taxistas, empresas de VTC y comunidades autónomas para atajar la huelga del taxi y buscar soluciones al conflicto.

En estas reuniones, además de este compromiso y del de habilitar cambios normativos para permitir la gestión autonómica de las VTC, Fomento y los gobiernos autonómicos convinieron en constituir un grupo de trabajo que, en el plazo de tres meses, diseñe medidas para reequilibrar el peso entre estos dos tipos de transporte urbano de forma que vuelva a cumplir lo fijado en la ley.

La Ley de Transportes Terrestres establece una regla de proporción para firmas como Uber y Cabify y el taxi, de forma que no puede haber más de un vehículo de esas empresas por cada treinta taxistas.

El origen del enfrentamiento entre los dos sectores reside en el hecho de que este ratio se ha superado ampliamente, especialmente en grandes ciudades como Madrid y Barcelona.

"Hay que exhumar a Franco con todas las garantías"

El presidente del Gobierno ha insistido este viernes en que el Ejecutivo sigue adelante con su "decisión política" de sacar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, pero ha recalcado que "lo importante es que se haga con todas las garantías". "Eso está haciendo el Gobierno", ha asegurado, antes de recalcar que le se exhumará "muy pronto", pero sin especificar una fecha.

Así lo ha señalado Sánchez en la rueda de prensa que ha ofrecido en La Moncloa para dar cuenta de las decisiones de la última reunión del Consejo de Ministros antes del paréntesis estival, una cita en la que no se ha aprobado ningún acuerdo sobre esta cuestión.

"Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer muy pronto, pero si hemos esperado 40 años, esperar unas semanas o unos días más...", ha comentado Sánchez, incidiendo en que lo importante es que saquen los restos del dictador "con todas las garantías".

El presidente no ha querido concretar tampoco si la figura que se utilizará para sustentar jurídicamente la operación será la del decreto-ley, una norma que entraría en vigor en cuanto se publicase en el Boletín Oficial del Estado, pero que en el plazo de un mes tendría que ser convalidada por el Congreso.

"Ya lo sabrán cuando lo presentemos", ha dicho, cuando se le ha preguntado por esta cuestión, para añadir a renglón seguido que la convalidación parlamentaria de un decreto-ley no sería "un problema" porque al fin y a la postre, lo que va a hacer el Gobierno es dar cumplimiento a un mandato del legislativo que, "de manera mayoritaria ha dicho que había que exhumar al dictador".