VALÈNCIA. (EP). La comisión 'Per un finançament just' ha acordado este jueves que trasladará al Gobierno la "asfixia" de las arcas valencianas y continuar su política de alianzas con otras comunidades autónomas, "retomando contactos ya establecidos y ampliando la red a otros territorios".
El órgano --que reúne a PSPV-PSOE, Ciudadanos, Compromís y Podem a la patronal CEV y a los sindicatos CCOO PV y UGT-PV-- también ha propuesto la creación de un observatorio que actualice los indicadores económicos sobre la financiación de las comunidades autónomas.
Se trataría, a su juicio, de "un medio necesario para demostrar con datos, de la forma más objetiva posible, la continuada situación de infrafinanciación del pueblo valenciano y de sus repercusiones", ha reivindicado en un comunicado.
Una de las medidas acordadas es trasladar al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez la situación actual de "asfixia" de las arcas valencianas, "sobre todo por la afectación que puede tener en el desarrollo de las políticas públicas y de los servicios básicos".
Durante el encuentro de este jueves se ha puesto sobre la mesa la "preocupante" situación financiera de la Comunitat Valenciana, "agravada por la falta de Gobierno y de Presupuestos Generales de 2019", además de plantear líneas de trabajo conjunto.
La plataforma también prevé la convocatoria de la Xarxa d'entitats per un finançament just, red compuesta por las asociaciones firmantes del manifiesto, para hacerles llegar estas acciones y recoger sus aportaciones. Su objetivo es "seguir activando y cohesionando a la sociedad valenciana en la lucha por conseguir una financiación adecuada".
Por todo ello, 'Per un finançament just' se ha reafirmado en la necesidad de cambiar el modelo de financiación y en exigir que los nuevos Presupuestos (PGE) del Gobierno recojan inversiones para la Comunitat de acuerdo a su peso poblacional, además de "continuar reclamando el reconocimiento de la deuda histórica por la infrafinanciación".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral