La bancada popular aplaude a la síndica del PP, Isabel Bonig, tras su intervención en el Debate de Política General. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Cuando el reloj marcó las 22.00 de la noche y ya habían intervenido todos los portavoces de los grupos parlamentarios en el Debate de Política General, la jornada no había hecho más que empezar. Después de que todos los diputados y consellers pasaran en sus escaños 10 horas que solo fueron interrumpidas para hacer callar al hambre, los flexos se encendían en las consellerias y el edificio de grupos de Les Corts para iluminar la larga noche en vela que les esperaba. Por delante tenían nada más y nada menos que 1.311 propuestas de resolución por leer y sobre las que fijar posición.
Ante las críticas de todas las formaciones políticas al PP por haber registrado 1.017 propuestas de resolución y trasladarlas al resto a la 1 de la madrugada cuando el escollo a sortear este año era precisamente con el que tropezaron en 2016 -un debate eterno que resultó ser poco útil por el colapso de propuestas y por lo que todos los grupos excepto el PP acordaron limitarlas para este año-, la diputada popular Eva Ortiz denunció que a los parlamentarios los valencianos les pagan "por trabajar". Y, por ello, durante los últimos días, el PP había recorrido la autonomía de punta a punta para recoger peticiones "comarca a comarca" en encuentros con concejales, alcaldes y representantes del partido.
No obstante, haber presentado peticiones "a peso" -como lo bautizaron el resto de grupos parlamentarios- le jugó una mala pasada al PP. Solicitaron que se recuperase como Bien de Interés Cultural (BIC) el castillo y la muralla de Culla (Castellón). Sin embargo, ésta última está restaurada, y el castillo de este municipio, a raíz de las guerras carlistas de los siete años, "fue destruido y arrasado", tal como describe la web del ayuntamiento y recoge el inventario del Patrimonio Cultural Valenciano de la Generalitat, por lo que solo quedan los restos de la puerta de la Barbacana del castillo y la Torre del Frare Pere.
No fue el único descuido de los populares, que también pidieron la recuperación del castillo de Monforte del Cid, un monumento que desapareció porque sus piedras se utilizaron en otro tiempo para construir la iglesia de la localidad, Nuestra Señora de las Nieves, en el siglo XVII. O la recuperación del palacio fortaleza de Alginet, que fue restaurado porque, precisamente, es donde se ubica actualmente el consistorio del municipio.
Llegaron incluso a registrar la plantilla -en blanco- utilizada para solicitar que se recuperen como BIC todos los castillos y murallas de la Comunitat Valenciana: un total de 155. A pesar de estos fallos, y de que los grupos parlamentarios les castigaron advirtiendo que no apoyarían ninguna de sus más de mil propuestas, los populares no verán frustradas sus ambiciones, ya que todos los castillos y fortalezas valencianas están declarados Bien de Interés Cultural desde la década de 1960.
Entre tanto papel y registro de entrada, al PP se le coló también en Educación algún desatino. Entre ellos, pidieron que el Consell incluya en los Presupuestos de 2018 la construcción de un colegio que ya está hecho, el CEIP Benicadim de Beniarbeig, que ha sido estrenado en este curso escolar. También otros que están en proceso de edificación como el IES Ramón Muntaner de Xirivella.
Además, en su batalla particular contra Marzà a cuenta del plurilingüismo, los populares también solicitaron al Consell la creación de "un grupo específico de inspectores para que velen que en los libros de texto y en el resto de materiales didácticos no se vulnere ningún artículo de la Constitución ni el Estatut d'Autonomía". Una competencia que ya constituye parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la administración educativa de la Generalitat.
