VALÈNCIA. La gestión de la Dana del 29 de octubre sigue generando tensión en los municipios de l'Horta Sud devastados por esta tragedia climática. En Picanya, el Grupo Municipal Compromís ha criticado con dureza la decisión del alcalde, el socialista Josep Almenar, sobre suspender la convocatoria ordinaria de comisiones informativas y el pleno previsto para este jueves 16 de enero. La medida, que mantiene anulados los órganos colegiados desde el pasado 8 de noviembre, impide que los vecinos puedan expresar sus quejas o solicitar explicaciones sobre la gestión municipal de la catástrofe.
"Se trata de una decisión unilateral que no se ha acordado en Junta de Portavoces y que rompe la unidad y el consenso que hemos mantenido todos los grupos políticos desde la Dana", declara Guillem Gil, portavoz de Compromís per Picanya. Según Gil, aunque todos los partidos se alinearon inicialmente para priorizar la recuperación del municipio, esta decisión marca un punto de inflexión. "Hasta ahora, todos y todas hemos trabajado unidos poniendo el pueblo por delante de los partidos. Esto la ciudadanía lo debe saber y valorar positivamente", afirma a Valencia Plaza.
La suspensión del pleno llega en un momento en que la tensión entre los habitantes de Picanya va en aumento. En zonas como la calle Almassereta, los vecinos intentan reconstruir sus casas sin saber si podrán seguir habitándolas, una situación que ha propiciado la aparición de consignas como "Vistabella existeix" en protesta contra el Ayuntamiento de Picanya. Tal y como informó este diario, los daños urbanísticos y sociales que dejó la Dana en este municipio continúan siendo palpables, sobre todo, en los cuatro puentes derribados que conectaban áreas vitales de la localidad.
"No entendemos cómo, comparativamente con otros municipios afectados, Picanya todavía no ha retomado la actividad plenaria. La ley autoriza medidas extraordinarias en situaciones de emergencia, pero esto no puede convertirse en una excusa para la falta de transparencia", subraya Gil. Además, añade que el retraso en la toma de decisiones y la comunicación "insuficiente" han generado incertidumbre entre los afectados. Un silencio administrativo que contrasta con los mediáticos plenos celebrados en localidades cercanas como Paiporta, Catarroja o Aldaia, mucho más afectadas por el temporal, pero que sí han abierto espacios para el debate ciudadano.
Por otra parte, Gil apunta que la publicación de las bases de las ayudas de la Fundación Amancio Ortega este lunes por la tarde refuerza su percepción de que el Gobierno municipal busca evitar las críticas ciudadanas. "Retrasar el pleno en una semana tan clave parece una decisión calculada para esquivar preguntas incómodas. Sabían que las bases iban a generar malestar porque dejan fuera a inquilinos de viviendas y los solicitantes deben estar empadronados en el municipio para poder recibir las ayudas", señala el portavoz de Compromís.
En declaraciones a este diario, Gil critica la actitud del alcalde, Josep Almenar, quien habría expresado en privado que teme convertir el pleno en "un espectáculo". "Es comprensible que gestionar una situación tan compleja sea difícil, pero el pleno es el lugar donde los vecinos pueden preguntar y exigir explicaciones. Evitar el debate no es la solución", insiste el portavoz de Compromís.
La oposición también denuncia que la falta de claridad sobre proyectos urbanísticos en zonas afectadas, como el barrio de Vistabella, amplía la distancia entre el ayuntamiento y las necesidades de los vecinos. "Los residentes necesitan certezas, no mensajes contradictorios. Un día se planea el derribo de sus casas y, al siguiente, su reconstrucción en altura. Este tipo de situaciones solo genera más descontento", declara Gil.
La siguiente convocatoria ordinaria de pleno está prevista para el mes de marzo, una demora que, para Compromís, responde a una estrategia por reducir el nivel de exigencia vecinal. "Cuanto más tiempo pase, más se desinfla la presión", insiste Gil a este diario. Por su parte, el alcalde de Picanya no ha emitido declaraciones públicas al respecto y, desde el equipo de gobierno, se defienden alegando que priorizan la gestión administrativa de las ayudas y los convenios con otras administraciones.