Piden la ejecución de la sentencia que anuló la bajada de tarifas de ITV aprobada en 2014

VALÈNCIA (EFE). Una adjudicataria de concesiones de la ITV ha presentado un incidente de ejecución de la sentencia firme que anuló la bajada de tarifas aprobada por el Consell en 2014, al considerar que el nuevo cuadro tarifario aprobado no cumple con el fallo.

La empresa concesionaria considera que la actualización de las tarifas del servicio de ITV es una actuación dirigida a "eludir" el cumplimiento de la sentencia y, por tanto, los actos que se dicten en ese expediente serían nulos de pleno derecho, por lo que pide la nulidad del acuerdo del 10 de mayo del Consell de actualización de las tarifas aplicables a la ITV.

Según el texto del incidente de ejecución de sentencia, presentado por Applus Iteuve Technology SL este miércoles ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano, la rebaja de tarifas no solo tiene por objeto eludir el cumplimiento de la sentencia sino que colocará a la mayoría de los concesionarios en una situación económica "grave" puesto que no cubren el coste del servicio que se presta.

Según la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la ITV (Aecova), el nuevo cuadro tarifario baja un 6% las tarifas respecto a las establecidas en el acuerdo de 2014, por lo que "no cumple" con la sentencia.

La administración "ha seguido una estrategia" para "no cumplir" la sentencia, de 30 de mayo de 2017, según Aecova, que critica que pese a que la sentencia anulaba la rebaja de las tarifas, el acuerdo aprobado en mayo de este año supone tarifas "más bajas que antes".

El pleno del Consell aprobó el pasado 10 de mayo las nuevas tarifas de la ITV, que suponen una reducción del coste de este servicio para el 62,29% de los vehículos.

Según ha indicado Aecova, desde la Conselleria de Economía se comunicó a las concesionarias que se había abierto un expediente para la inhabilitación de las que no estuvieran acreditadas por la ENAC, si bien todas lo han solicitado a falta de que la entidad nacional dé su visto bueno, lo que consideran "otro frente abierto".

Además, las concesionarias ya presentaron hace unos meses una solicitud de reclamación patrimonial ante la administración por entender que el cambio en las tarifas les había generado un perjuicio económico de 80 millones durante los cinco años que habían pasado desde 2014, y entienden que será otro tema que acabará en los tribunales.