Máquinas de chuches en los coles, toboganes en la piscina, más juegos en los parques y más parques, itinerarios escolares seguros, cuidar más a los mayores, tener menos deberes en el cole… Son solo algunas de las muchas reivindicaciones y propuestas que me han trasladado en los últimos años los menores de Burjassot.
Una situación que, seguro, no distará mucho de la que vive cualquier alcaldesa o alcalde cuando escucha las demandas de sus ciudadanos más jóvenes. Porque la infancia es, desde hace muchos años para el mundo local, el presente desde el que cimentar la construcción de una sociedad mejor. Y afortunadamente en los últimos años ha irrumpido de forma contundente en las políticas nacionales.
Hace unos días el Congreso aprobaba la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, una ley que nos sitúa a la vanguardia de la protección de las niñas y niños. Una herramienta fundamental para atajar la ignominia del maltrato infantil, para prevenir toda forma de violencia y convertir la lucha por el buen trato a la infancia en una cuestión social de primer orden.
Se estima que solo entre el 10 y 15% de malos tratos son denunciados. El teléfono de ANAR atendió 439.035 llamadas en 2018, durante el año 2019 se formuló una denuncia por malos tratos hacia menores cada dos horas, según datos de UNICEF España. Y la organización Save The Children alerta de que en el 42% de las denuncias por delitos contra la libertad sexual la víctima es un menor.
No son datos, son la muestra del fracaso de nuestra sociedad para proteger a las menores y los menores de la violencia, de nuestra incapacidad para proporcionarles entornos seguros y una vida en la que puedan desarrollar sus aptitudes y capacidades en libertad, libres de miedo y violencia. Afrontar esta lacra era uno de nuestros retos como sociedad, una deuda ética histórica que empezamos a saldar con la aprobación por una amplísima mayoría de respaldo en el Congreso de la conocida como ‘Ley Rodhes’.
La nueva normativa supone un importante avance en la conquista de derechos sociales para la infancia y adolescencia, nos convierte en pioneros del buen trato. Es un punto de inflexión en la lucha y prevención de la violencia hacia los menores; una apuesta clara por la promoción de parentalidades positivas. Esta ley convierte a España en referencia mundial de protección a la infancia.
El nuevo marco normativo es una buena noticia para nuestra sociedad. Un paso más en la apuesta por situar las políticas de protección de la infancia como elemento clave de la acción del Gobierno. Ya en 2018, tras acceder al Gobierno de España, Pedro Sánchez impulsó la figura del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. Una decisión que situó la erradicación de la pobreza que afecta a las niñas y niños en un objetivo de Estado.
Y la pandemia no ha hecho más que reforzar la necesidad de luchar contra esta lacra como así lo demuestra el impulso del Gobierno de la ‘Alianza País Pobreza Infantil Cero’. En marzo la organización Save the Children estimaba que como consecuencia de la pandemia la tasa de pobreza infantil podría haber alcanzado a uno de cada tres niños y niñas. Esta es, sin duda, otra de las prioridades que debemos afrontar como sociedad. Y constituye un eje fundamental de la acción del Gobierno para erradicar las pobrezas infantiles: 3.000 millones destinados al Ingreso Mínimo Vital (más de la mitad de beneficiarios son niños y adolescentes), 340 millones para refuerzo educativo, casi 800 millones para Formación Profesional, 400 millones para educación de cero a tres años. Una apuesta por romper el círculo de la pobreza y garantizar que todos los niños y niñas puedan desarrollar plenamente sus talentos y capacidades.
Los Ayuntamientos llevamos años trabajando por la protección y promoción de los derechos de niños y adolescentes. En Burjassot trabajamos junto al Consejo Independiente de Protección de la Infancia para promover el buen trato a la infancia y su participación en la toma de decisiones. Municipios como Quart de Poblet, Mislata, Alcoi, Castelló, La Pobla de Farnals, Picassent, Torrent o Almussafes, entre otras, son Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, Picanya y Aldaia desarrollan destacadas políticas encaminadas a construir ‘ciudades para la infancia’.
Decía Francesco Tonucci en una entrevista reciente que “hablamos mucho de los niños, pero muy poco con los niños”. Afrontamos el enorme reto de construir gobiernos donde las niñas y niños sean escuchados. Y en este proceso, la pandemia supone la oportunidad de repensar nuestras ciudades desde la diversidad de quienes las habitamos y responder a esta crisis desde un enfoque de infancia. Es momento de escuchar lo que las niñas y niños han aprendido durante la pandemia y reformular conjuntamente nuestros modelos de ciudades. Es momento de devolver las ciudades a los niños, de recuperar las ciudades para las personas, de que la infancia vuelva a jugar libremente y de que el espacio público sea de nuevo un espacio de convivencia y aprendizaje vital.