Pitorreo en Les Corts: los comparecientes se mofan de la comisión de Crespo Gomar

VALÈNCIA. No es la primera, ni la segunda vez que ocurre. Es la cuarta que las ausencias son las grandes protagonistas y lo único relevante que sucede en la comisión de Les Corts que investiga la financiación de PSPV y Bloc en la campaña de 2007. No en vano, este lunes las faltas hicieron pleno: ninguno de los cinco investigados llamados a comparecer puso un pie en el Parlamento valenciano. 

La Cámara había solicitado que asistiera la candidata del PSPV a la Alcaldía de Alicante y exdirectora general de Consumo, Etelvina Andreu; la trabajadora de la empresa Crespo Gomar, Gracia Font; la exsecretaria de Organización de los socialistas de Benidorm, Anabel Hallado; Mario Antonio Barceló; y la exalcaldesa de Dénia del PP, Ana María Kringe. 

Sin embargo, la Mesa de la comisión tan solo pudo pasar lista a los diputados. A los pocos minutos de haber comenzado -alrededor de las 10.30 horas-, se hizo una pausa hasta la 13.30 porque ninguno de los investigados del turno matinal había confirmado su asistencia. Un receso que más tarde se convirtió directamente en la suspensión de la sesión después de que corroboraran que tampoco Barceló y Kringe iban a pasar por Les Corts. 

Los servicios jurídicos del Parlamento valenciano afirmaron que el 26 de diciembre se trasladó a todos el requerimiento. En el caso de Andreu, explicaron que tenían constancia de que el 3 de enero se depositó la notificación en el buzón de su vivienda. Sin embargo, por el momento no lo ha retirado de la oficina de la compañía de envíos en la que se encuentra el certificado. Por lo que respecta a Font, no pudieron localizar su domicilio; y con Hallado, sucede lo mismo que con la exdirectora general de Consumo. 

Los citados en el turno de tarde, no obstante, sí que habrían recibido y retirado la notificación, según los letrados de la cámara. De hecho, Kringe había sido llamada a comparecer en las tres sesiones anteriores y no se había presentado con la excusa de no haber recibido el escrito. En esta ocasión, sin embargo, se tenía constancia de que sí lo tenía. 

Una situación por la que los miembros de la Mesa de esta comisión, que no escondieron su hastío - especialmente su presidente, el diputado de Podem César Jiménez- se plantearon este lunes emprender acciones legales contra los investigados que no acudan a comparecer a pesar de tener constancia de que deben hacerlo, ya que la asistencia a una comisión parlamentaria de investigación es obligatoria y no hacerlo está tipificado como un delito. 

El artículo 502 del Código Penal establece que serán castigados "como reos del delito de desobediencia". "Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años". Ahora bien, si no se es funcionario o cargo público -como es el caso-, el delito de desobediencia está penado de 6 a 12 meses de prisión, conmutable por sanción económica. 

En definitiva, una comisión que a pesar de no celebrarse, sí supondrá un coste de alrededor de 800 euros para las arcas públicas, ya que la Cámara valenciana sí abona los gastos de kilometraje a los diputados que acuden a ella independientemente de que se produzca o no. Una cuestión que pone en entredicho que los miembros de la Mesa no adviertan con la suficiente antelación la suspensión de la jornada -pues se hizo en el mismo día- para evitar gastos vanos al Parlamento. 

Reincidencias

La circunstancia no está siendo una excepción, sino más bien la tónica habitual. De las 17 personas que la cámara ha citado desde el arranque de esta comisión el pasado 10 de diciembre para faciliten la investigación de la causa, tan solo cinco lo han hecho.

La primera jornada de esta comisión fue la que acumuló más asistentes. La mayoría de ellos se encuentran a día de hoy en el Parlamento valenciano: el diputado del PPCV y denunciante de la causa, Pepe Císcar; el presidente de Les Corts y entonces secretario general del Bloc en la época que se investiga, Enric Morera; y su jefe de gabinete, Lluis Miquel Campos. 

No acudieron a aquella primera sesión el exresponsable de finanzas del PSPV, Pepe Cataluña; la exalcaldesa de Dénia, Ana María Kringe -que era la primera vez que se ausentaba pero más tarde lo volvería a hacer-;  ni la exministra de Medio Ambiente y actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona. En total, tres ausencias y tres asistencias que avecinaban cuál iba a ser la norma en esta comisión. 

Cataluña, no obstante, sí acudió a la siguiente jornada, que se celebró el 18 de diciembre del año pasado, el mismo día en el que lo hizo el exasesor del expresident de la Generalitat Joan Lerma, José Ramón Tíller. No lo hicieron en aquel momento, sin embargo, la exempleada de Crespo Gomar, Lucía Pascual; Kringe de nuevo; ni el directivo de Blauverd, Juan José Valentín San Valero. 

En la tercera sesión de la comisión de investigación, que tuvo lugar ya a la vuelta de las vacaciones navideñas -el 9 de enero-, tampoco asistió la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP); el exalcalde de Gandia, Arturo Torró (PP); ni el administrador único de Crespo Gomar, Alberto Gomar. Sí estuvo dispuesto a acudir el exasesor de Presidencia de la Generalitat y exalcalde de Gandia, José Manuel Orengo (PSPV), pero la Mesa de la comisión decidió posponer la jornada por las numerosas ausencias.