VALÈNCIA. Nuevo paquete de medidas del Gobierno para frenar los efectos que el confinamiento y el estado de alarma están teniendo en la economía, con importantes estragos en el empleo y la producción de algunos sectores. Unas medidas encaminadas a paliar esta crisis provocada por el coronavirus que buscan ser un "escudo" y minimizar un impacto social y económico que va en ascenso con importantes goteos de Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTE) en varias compañías.
Para ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este martes la movilización de hasta 200.000 millones de euros, el 20% del PIB español, de los que 117.000 millones procederán íntegramente del sector público y el restante se complementará con movilización de recursos privados. "Es la mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España", destacaba Sánchez que explicaba que se aplicarán "en un muy corto espacio de tiempo" de manera "decidida" y realizando un "esfuerzo enorme".
Un plan de choque para hacer frente a la actual situación que vive el país con medidas dirigidas a empresas, autónomos y familias. Aunque desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la patronal de pequeñas y medianas empresas (Cepyme) valoraron positivamente la iniciativa del ejecutivo central, algunas voces del tejido empresarial valenciano ya han exigido a la Administración una mayor concreción de las mismas.
Las empresas están siendo las grandes perjudicadas de esta crisis. Es por ello que gran parte de las medidas van en la línea de aliviar su situación y sus cargas financieras. Una de los grandes anuncios fue la exención del pago de cotizaciones a las empresas que hagan ERTE y no despidan. Una medida que busca priorizar la suspensión temporal de contratos y reducción de la jornada frente a los despidos.
Pero, además, los ERTE que se soliciten y que estén motivados por la crisis del coronavirus serán considerados de fuerza mayor y los trabajadores tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. El cobro de esa prestación no les computará a efectos del cobro posterior de la prestación por desempleo.
Con el objetivo de impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea se hagan con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, el Gobierno blindará a las empresas españolas para impedir que la caída de su cotización sea aprovechada por esas compañías extranjeras para hacerse con ellas "en esta situación de crisis económica y de extrema volatilidad los mercados financieros".
También, se promueve el teletrabajo permitiendo a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo, siendo posible una reducción del 100% de la jornada.
Por otro lado, el Ejecutivo pondrá en marcha una línea de avales con valor de hasta 100.000 millones que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en el sistema económico si se incorpora al sector privado. También lanzará otra línea de de 2.000 millones para empresas exportadoras con mecanismos ágiles y medidas para facilitar la reestructuración de créditos a exportación agrarias afectadas por la sequía.
Para el colectivo de autónomos, el Gobierno tiene previsto flexibilizar su cese de actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica. De este modo, aquellos trabajadores por cuenta ajena con pérdidas severas, también los societarios y empleadores, accederán a una prestación extraordinaria por cese de actividad y quedarán exonerados de pagar la cuotas a la Seguridad Social. Sin embargo, tendrán que seguir abonando las cuotas de autónomos, pese a no tener ingresos.
En concreto, esta prestación extraordinaria, que duraría un mes con posibilidad de prórroga, se calculará con el 70% de la base reguladora o con el 70% de la base mínima cuando no se pueda acreditar el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación.
Los beneficiarios serán autónomos cuya actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior. La medida fue criticada por la principal asociación de autónomos ATA, que reclamaba una suspensión de la cuota de autónomos mientras dure el estado de alarma.
Por otro lado, el bloque de medidas contempla una partida de 600 millones de euros para prestaciones básicas de los servicios sociales de las CCAA, con especial atención en la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes.
Además, el Gobierno garantizará servicios públicos "esenciales" como los suministros de energía, agua y las telecomunicaciones durante el periodo de duración de la crisis provocada por el coronavirus. Sánchez señaló que de esta manera se aseguran "los suministros esenciales a las personas más vulnerables".
También se busca garantizar el derecho a la vivienda para los colectivos más vulnerables. De este modo, se ha fijado una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean mermados sus ingresos. "Ninguna persona en una situación económica difícil perderá su vivienda. En esta crisis nadie será desahuciado de su casa por atravesar una situación económica difícil", subrayó Sánchez.