Una interminable hilera de carritos de la compra se agrupa ante el Mestalla. Las han venido a llamar las ‘colas del hambre’, imágenes que se pensaban superadas en España, pero que la pandemia ha vuelto a sacar a la luz
VALÈNCIA. Prefieren mantener sus nombres en el anonimato mientras buscan a algún responsable que les oriente sobre dónde tienen que entregar sus papeles. Es la primera vez que hacen esta cola. Son una pareja joven con una niña de ocho años. Aguantaron el golpe de la primera y segunda ola de la pandemia. Había algo de ahorros e iban haciendo chapucillas, pero en esta tercera embestida se hace verdaderamente difícil llevar comida a la mesa. «Si tuviera otra opción juro que no vendría, pero cuando ves que no tienes nada que darle a la pequeña para desayunar, no te queda más remedio. Nuestra situación es crítica», comenta el marido.
A pocos metros, Francisco García les observa: «Yo no me avergüenzo. Mi familia y yo nos mudamos a València desde León justo antes de la pandemia por el trabajo de mi mujer que se dedica a la hostelería. Era cuestión de tiempo que la despidieran. A mí, al ser mayor de cincuenta años me es prácticamente imposible encontrar trabajo. Tenemos dos mellizos pequeños; los ahorros se han agotado. Me temo que tardaremos mucho en levantar cabeza», explica mientras se coloca para que le hagamos una foto de retrato.
Conforme avanza la mañana la cola crece y predomina el perfil de la mujer. Algunas con sus dos bebés en brazos como Patricia. Su marido era repartidor y se ha quedado en paro. Mientras conversamos llega Josefa Bandera, de 72 años. Tiene fibromialgia y asma. Con las restricciones de la pandemia no le pueden acercar la comida a casa, así que le tocará cruzarse la ciudad en transporte público.
Habla con dificultad por el cansancio: «Tengo una hija con discapacidad y vivo con mi nieta, a la que he criado. Tengo una pensión no contributiva de 400 euros, pero cuando llega el alquiler, con las facturas del agua, gas, comunidad... me quedan 60 euros hasta final de mes, así que tengo que venir por narices». La situación de vulnerabilidad de Josefa no la ha provocado la pandemia, pero la ha hecho visible.
Oxfam Intermón avisa de que el impacto de la covid-19 ha arrastrado a la pobreza severa a casi 800.000 personas más en España, situándose la cifra en 5,1 millones de ciudadanos que viven con menos de dieciséis euros al día y que representan al 10,8% de la población total, pero, además, la pobreza relativa (menos de veinticuatro euros al día) se ha elevado en un millón, hasta alcanzar a casi once millones de personas, el 23% de la población.
Álex Prats, responsable de desigualdad de la ONG, señala que «ante estas cifras sin precedentes, entendimos positivas las medidas que tomó el Gobierno en el caso de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, que no es el ideal, pero es un paso histórico. Sin embargo, la resolución administrativamente está siendo ineficaz porque hemos visto que es un recurso que no llega a las personas que lo necesitan. Según datos del Gobierno, solo ha alcanzado a 160.000 personas de las 850.000 previstas». La complejidad del proceso de tramitación, comenta, «hace que muchas personas con derecho acaben desistiendo de la medida».
De vuelta a la cola, Jaime Serra, presidente del Banco de Alimentos de València, que está haciendo el reparto, atiende a 61.000 personas todos los meses. En el año de pandemia, los nuevos usuarios son 20.000. En la Comunitat Valenciana, la pobreza durante este año se ha incrementado en un 10%, según el estudio anteriormente citado, alcanzando al 26,5% de la población, una cifra superior a la media española. En concreto, 1.324.000 personas se encuentran en situación de pobreza relativa, uno de cada cuatro valencianos.
Serra recuerda que en marzo del año pasado se vieron completamente desbordados. Entonces, en una de las entrevistas contaba que las madres a las que ayudaban diluían la leche con agua para que les durase más. Y es que, los servicios sociales fueron considerados no esenciales. Serra cuenta que hace cuatro años se quedaron sin local municipal y sin recursos institucionales.
En noviembre de 2020 les llamó el Valencia CF para ponerse a su disposición y así se estableció el convenio por el que el Mestalla sirve de cobijo a los miles de usuarios que esperan durante horas su turno en los días de macrorreparto. «La situación en esta tercera ola no es nada fácil. La semana pasada se dirigieron a nosotros más de 280 familias pidiendo ayuda. Como media, hay 250 familias nuevas a la semana, pero también la solidaridad es extraordinaria y hemos recibido 1,6 millones de euros en alimentos y aportaciones de particulares y de empresas, por lo que tenemos asegurados recursos hasta el mes de septiembre de este año», explica.
«La situación en esta tercera ola no es nada fácil. La semana pasada vinieron más de 280 familias pidiendo ayuda»
En la Comunitat Valenciana uno de cada cinco hogares con niños y niñas a cargo en situación de pobreza ha sufrido cortes de suministros básicos como consecuencia de la pandemia. Lo denuncia Save the Children y añade que el 25% de estos hogares solicitó el Ingreso Mínimo Vital, aunque solo el 9% ha recibido la prestación. Carola, que vive en València con su hija de nueve años, explica que desde que se quedó sin trabajo en marzo de 2020 «solo cobro 207 euros del Ingreso Mínimo Vital, y el alquiler ya me cuesta 390 euros». Para subsistir tiene que compartir piso con dos personas más: «A mi hija esta situación le está pasando factura emocional y psicológica. Tiene altibajos y yo lo único que intento es que no vea las necesidades que tenemos, pero se da cuenta».
La ONG señala que la pandemia ha afectado a la salud física y mental de las familias con menores a cargo y menos recursos. Solo la mitad (un 53%) de ellas se ha sentido feliz a lo largo de la pandemia, mientras que casi nueve de cada diez familias con hijos que no se encuentran en situación de vulnerabilidad se sienten o se han sentido felices en este periodo.
Cristina también da testimonio de la cruda situación que atraviesan las familias con niños, más si cabe, cuando son «monomarentales». Según explica, tiene tres hijas y «mi ex no nos pasa casi nada; vivimos al día. Yo trabajaba en la limpieza de cocinas, pero con el cierre me quedé sin ingresos. Pedí el IMV y sigo esperando mientras estiro como puedo los 200 euros que tengo al mes». No es la primera entrevista que concede y lamenta que «la primera vez que conté mi historia pensaba que serviría para cambiar las cosas, pero nada ha mejorado. Vivo en un piso prestado, comparto la ropa con mi hija mayor de doce años, mientras las mellizas de diez años heredan y apenas les puedo comprar el calzado». Mirando hacia el futuro, explica que su sueño es «conseguir un trabajo que me dé unos 800 euros con los que podré dormir tranquila sabiendo que pasaremos el mes».
Rodrigo Hernández, director general de Save the Children en la Comunitat Valenciana, explica que «estas cifras dejan claro que los esfuerzos de la recuperación económica y social deben continuar ampliando la Renta Valenciana de Inclusión y ver cómo complementarla de forma eficaz con el IMV».
Los ERTE evitaron que otras 910.000 personas acabasen en la pobreza, pero la gran pregunta es qué pasará con estos empleos en hibernación cuando en mayo acabe el estado de alarma, especialmente en los sectores más afectados, como el de la hostelería. Con el cerrojazo de la tercera ola en enero, el sector, uno de los que más puestos de trabajo genera, dice que ha recibido la estocada final. Los que se han resistido a bajar definitivamente la persiana no tienen del todo claro si merece la pena la reapertura que trae la primavera.
La Tahona de Celia no es una franquicia sino un proyecto de vida del que depende una familia y otras tantas de los trabajadores que ahora están en ERTE. Cuando el local cerró durante el confinamiento más duro, las facturas siguieron llegando y la propietaria, Celia Ramírez, tuvo que pedir un préstamo ICO de 10.000 euros para subsistir. Sin campaña de Fallas y de Navidad, en esta tercera ola decidieron seguir dando servicio. Para cuadrar números, ella y su hija trabajan de lunes a domingo. «Estamos agotadas, pero no nos podemos permitir cerrar porque la deuda nos consume. Además, nosotras no podemos recurrir a los servicios de reparto a domicilio —tipo Glovo— porque el margen que se llevan es lo poco que ganamos, así que vamos de boca a boca, aguantando como podemos», comenta mientras prepara un par de bocadillos bajo pedido.
«He sido de las primeras en pedir las ayudas anunciadas por el Consell pero —¡caramba!— yo me pregunto si, sabiendo que iban a tomar la medida dura del cierre no pudieron agilizar los trámites. Igual para la Administración no es mucho tiempo, pero nosotros, casi dos meses cerrados, estamos al límite», explica. El caso de Tino Fernández ha sido diferente. Decidió no dar servicio en esta tercera ola. «Con el local cerrado yo puedo calcular los gastos de luz, local e impuestos pero, abierto y estando yo solo, no podría sacar todas las comandas y tampoco podría ganar lo suficiente como para contratar a alguien».
Su bar Marvi lleva treinta años abierto. Han resistido diferentes crisis, pero nunca una como esta: «El confinamiento de marzo me pilló con las compras de Fallas hechas —¡una ruina!— y este segundo cierre, también con los pedidos encargados. Si no fuera por mis padres, habría cerrado y habría sido lo mejor. He tenido que vender una propiedad para cubrir gastos, y es la primera vez que he tenido que pedir un aplazamiento de pagos». Asimismo, sostiene que «en enero, con el local cerrado, yo he pagado nóminas, IVA y trimestre, mientras las ayudas las estamos empezando a tramitar a finales de febrero».
«En España, el 70% de las personas vive al mes. Las colas del hambre también son de autónomos y de los miles de trabajadores en ERTE», señala Álvaro Cuadrado, impulsor de la iniciativa Hambrecero. «Nosotros sabemos exactamente cuándo se han pagado los ERTE, porque los días de pago las colas son de 200 personas, y cuando no, son de 1.200 —explica—. Ya no es una cuestión de barrios ricos y pobres porque vemos las colas en las treinta ciudades de España en las que damos servicio».
La riqueza de las 23 personas milmillonarias en España aumentó en tres meses de crisis en veinte mil millones de euros
Hambrecero es una iniciativa, como cuenta su impulsor, que nació con una donación de cincuenta litros de leche repartidos en un Uber, y en un año registra cifras de 1,5 toneladas de comida distribuida a un millón de familias. Según detalla, «más del 30% del alimento que se produce se tira. La metodología la teníamos de experiencias como los terremotos de Indonesia, así que creamos una campaña de recogida de excedentes de marcas de alimentación y productores, para distribuirlos rápidamente porque tenemos la logística». Lo explica resaltando también la gran solidaridad de las personas: «esta pandemia ha traído también un contagio masivo de solidaridad que hacía tiempo que no ocurría. La vemos entre provincias pequeñas con grandes ciudades. Huelva y Segovia, por ejemplo, dando de comer a Barcelona y a Madrid. Hace poco gestionamos un cargamento de veinticinco toneladas de calabacines que conseguimos repartir, y eso significa que no es una alianza de grandes empresas, sino también de restaurantes, agricultores, particulares».
Álex Prats de Oxfam señala que «está en nuestras manos no cometer los errores de la crisis de 2008. Las familias de mayor vulnerabilidad han tenido el mayor riesgo de exposición al virus, son los que más han sufrido el confinamiento y ahora los que más sufren las consecuencias económicas. Tenemos que tomar medidas diferentes, combatiendo de forma decidida la precariedad laboral, precisamente hacia los que hemos aplaudido hace unos meses y que más sufren la crisis como el sector salud, mujeres trabajadoras del hogar, repartidores». También los jóvenes, casi inapreciables en las gráficas, y los 300.000 inmigrantes irregulares.
Prats recuerda que la riqueza de las 23 personas milmillonarias en España aumentó en tres meses de crisis en veinte mil millones de euros, mientras que las familias con menor capacidad han visto reducidos ocho veces sus ingresos. «No podemos continuar con un sistema donde los que más ganan no contribuyan más». Con los ciento cuarenta mil millones de fondos europeos para la recuperación al caer, ¿habrá oportunidad para un sistema más sostenible y justo?
* Este artículo se publicó íntegramente en el número 77 (marzo 2021) de la revista Plaza