VALÈNCIA. Los grupos parlamentarios de Les Corts registraron este lunes sus enmiendas al proyecto de ley de Función Pública elaborado por la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo. Una norma diseñada para solventar los problemas en la Administración Pública valenciana detectados por la comisión de expertos constituida en marzo de 2016 -como el envejecimiento de la plantilla- y que, en definitiva, regula el régimen interno de la Generalitat con sus trabajadores.
La ley tardó cuatro años en aprobarse por un pleno del Consell -lo hizo el pasado mes de febrero- por las discrepancias entre PSPV y Compromís sobre el requisito lingüístico y precisamente en él ha centrado ahora Unides Podem una de sus enmiendas en el Parlamento. La formación morada presentó este lunes una batería de modificaciones parciales a la normativa entre las que pide que se elimine la exigencia de acreditar el conocimiento del valenciano a las personas sordomudas para acceder a un puesto a la administración.
Una enmienda que justifican en que las personas que aprenden la lengua de signos no han estudiado este idioma y, por tanto, no pueden demostrar en una prueba escrita ante la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià que conocen el valenciano.
Ahora bien, conviene apuntar que por el momento la ley no establece qué tipo de conocimientos deberán probar las personas que se presenten a una prueba de acceso, ya que el Ejecutivo valenciano incluyó una disposición final en la ley que establecía que la dureza con la que se aplicaría el conocimiento del valenciano paca acceder a la Función Pública valenciana se reflejaría en un reglamento en el plazo de un año.
Una disposición reglamentaria que deberá desarrollar la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo, si bien previamente deberá contar con un informe favorable de la Dirección General de Política Lingüística que ocupa Rubén Trenzano (Compromís).
Otra de las modificaciones que plantea el grupo parlamentario va dirigido a acabar con el "anómalo" grado de interinos en la Administración valenciana. Esto pasaría por una medida transitoria de cuatro años para que puedan volver a acceder a las bolsas las personas que han superado alguna oposición en los tres últimos años.
Esto es porque el proyecto de ley plantea que sólo puedan acceder a la bolsa las personas que hayan aprobado alguno de los exámenes el mismo año que se presentan. Los morados proponen en su lugar que la Administración pueda formar bolsas con las personas que aprobaron alguna de las prueba en los últimos tres años. De esta manera prevén compensar el alto número de jubilaciones que se esperan los próximos ejercicios y las "bajas convocatorias" que se han realizado los últimos años.
Unides Podem también rechaza que se mantenga la libre designación de forma "abusiva" como hasta ahora, eliminando los supuestos para usar esta figura en las jefaturas de servicio, y plantea un plan semestral de formación para la función pública. Sobre el teletrabajo, Unides Podem cree que debe estar regulado con unos mínimos como un derecho para todos los funcionarios, "sin ningún tipo de discriminación" y de forma preferente para las personas que necesitan conciliar o para discapacitados.Otra de sus peticiones es una reserva del 10% de plazas para personas con discapacidad funcional y del 2-3% adicional para discapacitados intelectuales.
La dirección general de esta materia también se encargará de la formación y de la promoción de los funcionarios
