Podemos denuncia al alcalde socialista de Riba-roja por la contratación de un abogado

VALÈNCIA. Los tres concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Riba-roja, acompañados del síndic del grupo parlamentario y secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, han denunciando ante Fiscalía al alcalde socialista de la localidad, Roberto Raga, por un presunto amaño de contrato de asesoría jurídica municipal.

Los ediles de la formación morada en el municipio, que apoyaron al actual alcalde en su investidura, Concha Noguera, Andrés Fernández y Rubén Ferrer han llevado a la Fiscalía un dossier de más de 80 páginas "con las pruebas de un presunto amaño en la adjudicación del contrato de asesoría jurídica municipal". 

Según expone en el escrito de denuncia el partido morado, en junio de 2015, el alcalde del Ayuntamiento de Riba-roja adjudicó un contrato menor - 19.965 euros- con una duración de 11 meses. Ante la imposibilidad de prorrogarlo durante el año siguiente, se realiza un expediente de contratación -"Asesoría jurídica en temas de derecho público y administrativo, así como la defensa en juicio en procedimientos de orden civil y mercantil"- con una duración de tres años por valor de 54.000 euros. 

Al tratarse de una cuantía inferior a los 60.000 euros, se trata de un "supuesto de Procedimiento negociado sin publicidad", y es el propio alcalde del municipio, Robert Raga, quien propone, según la denuncia, "al órgano de contratación" que solicite presupuesto a tres empresas diferentes por considerarlas "adecuadas". Entre ellas, la del letrado adjudicatario del contrato menor en 2015.

Así, diferentes son los indicios que hacen a los morados sospechar que podría estar dándose una situación de "adjudicación irregular de un contrato fraccionado". Entre ellos, que los tres aspirantes registran sus instancias el mismo día y prácticamente a la misma hora. Tan sólo existe una diferencia de siete minutos entre el primer registro y el tercero. 

Ademas, añaden que los tres escritos de los licitadores guardan las mismas erratas, estilos, errores gramaticales y ortográficos. En los sobres de las instancias, por ejemplo, los textos contienen "mayúsculas, subrayados y negritas en las mismas palabras", en los tres se escribe en minúscula la segunda y sucesivas palabras de los nombres propios -como por ejemplo "Seguridad social", "Unión europea", "Ley de contratos del sector público"-; o incluso los tres abogados firman mal el topónimo de la localidad "Riba-roja del Túria" en lugar de "Riba-roja de Túria", entre otros. 

Finalmente, es el abogado que realizó los trabajos de asesoría jurídica quien resultó adjudicatario del servicio el 3 de agosto de 2016 por presentar el presupuesto de menor cuantía -53.640 euros-, mientras los otros dos letrados presentaron el máximo presupuesto: 54.000 euros. 

Una vez adjudicado, los concejales de Riba-roja Pot -Podemos en el municipio-, solicitaron una prueba pericial al observar la similitud caligráfica de los tres textos. Un examen que concluyó que los tres documentos estaban "realizados por la misma persona" y que se estimaba el firmante de las tres también era el mismo abogado, el adjudicatario. 

Con esto, los morados en la localidad piden que se inicien las diligencias de investigación oportunas que pudieran corresponder a una "presunta actuación antijurídica de Robert Raga, así como de los licitadores partícipes en la licitación". 

Montiel advierte que es "sólo uno" de más casos que están estudiando sus concejales

El secretario general de Podemos en la Comunitat, Antonio Montiel, ha hecho hincapié en la labor de Podemos en las instituciones denunciando la corrupción "sea hecha por quién sea, independientemente que se haya firmado antes un pacto con otros partidos", y ha señalado que este "es sólo un caso de los otros que están estudiando los concejales del grupo de Riba-roja".

Por su parte, desde el consistorio de Riba-roja se ha asegurado que dos informes de los departamentos de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria "avalan plenamente el proceso de contratación pública de la asesoría jurídica en temas de derecho público y administrativo así como la defensa en juicio de procedimientos de orden civil y mercantil".

Al respecto señala que la ley actual del sector público atribuye a la alcaldía "la competencia para adjudicar contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales y los contratos privados cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni en cualquier caso la cuantía de seis millones de euros, incluidos los plurianuales cuando su duración no sea superior a cuatro años".

La contratación de la asesoría jurídica se aprobó mediante una resolución de alcaldía con fecha 8 de agosto de 2016 "tras los informes favorables del secretario sobre los pliegos de condiciones para rubricar el contrato y de la interventora municipal del 18 de junio respecto de la fiscalización del expediente". Así, el equipo de gobierno atribuye la denuncia de Riba-roja Pot a una "rabieta" del portavoz municipal, Rubén Ferrer, "tras su reprobación pública y solicitud de dimisión aprobada por mayoría absoluta el pasado 8 de mayo por escuchar, difundir y manipular conversaciones privadas del grupo municipal Ciudadanos ocurridas en las propias dependencias del ayuntamiento".