Podemos enmienda la Ley de Acompañamiento para cambiar el reparto de ayudas a los sindicatos

VALÈNCIA. A cuatro meses de que se disuelvan Les Corts, el PSPV mostró la semana pasada sus dudas sobre la posibilidad de que la reforma de la Ley de Participación Institucional pudiera acometerse en esta legislatura. Una modificación pensada para cambiar el sistema de reparto de ayudas entre los sindicatos, de manera que estas subvenciones directas no sólo se repartieran entre las organizaciones más representativas (CCOO-PV y UGT-PV), sino que también alcanzaran a las minoritarias como Intersindical, CSIF o la Unión Sindical Obrera (USO), entre otros. 

Desde marzo, los grupos parlamentarios comenzaron a trabajar en las enmiendas al texto legal, pero a pesar de que desde junio están listas para ser votadas en comisión -paso previo a que llegue al pleno de Les Corts para validarse los cambios propuestos, o no-, todavía ningún grupo ha solicitado a la Mesa de la comisión de Coordinación que las introduzca en un orden del día para zanjar la cuestión. Y con el calendario parlamentario restando minutos a los plenos ordinarios en los que pudiera introducirse el debate, los socialistas daban por 'olvidada' esta reforma. 

Ahora, no obstante, Podemos la ha recuperado. La formación que dirige Antonio Estañ ha presentado una enmienda a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2019 para cambiar el reparto de ayudas. Contemplan que este se haga teniendo en cuenta el número de delegados que tiene cada sindicato, y no atendiendo únicamente al criterio de "más representativo" que establece actualmente la norma. Ahora bien, siempre y cuando las organizaciones sindicales que opten a recibir estas subvenciones reunan "una cifra mínima de 500 representantes elegidos en centros de trabajo de las tres provincias -Castellón, Valencia y Alicante-, siempre que ello suponga al menos el 1,5% del total de los representantes electos".  La enmienda, explican fuentes del grupo, es "exactamente igual" a la que tenían previsto presentar a la comisión de Coordinación que preside el PSPV. 

De momento, los morados han presentado este texto en solitario. Ni PSPV ni Compromís -sus socios del Botànic- la han firmado, si bien la coalición valencianista a priori no debería tener problemas para secundarla en un pleno de la cámara valenciana, ya que esta fórmula de repartir las ayudas atendiendo al número de delegados que tenga cada sindicato era el criterio que, según la portavoz adjunta del grupo Mireia Mollà, barajaron los valencianistas en su día.

Tampoco resultaría descabellado que pudiera ser respaldada, o al menos transaccionada, por el PPCV, ya que, cabe recordar, fue el propio Partido Popular de la Comunidad Valenciana que lidera Isabel Bonig el que, poco después de que se produjera el debate de Presupuestos de la Generalitat del año pasado, planteó la necesidad de reformar la Ley de Participación Institucional para "abrir las ayudas a los sindicatos minoritarios". Iniciativa que vino motivada por la participación de de UGT, CCOO y la CEV en la manifestación del 18 de noviembre que reclamaba al Gobierno de Mariano Rajoy una financiación justa para la Comunitat Valenciana. 

Malestar en los sindicatos mayoritarios

La posibilidad de reformar esta norma, generó un profundo malestar entre los sindicatos mayoritarios. No en vano, en la fase de participación -comparecencias que se realizan antes de reformar o aprobar cualquier ley en la comisión de Les Corts correspondiente a la que se cita a los agentes implicados o afectados por dichos cambios- hicieron referencia a la dificultad para hallar una fórmula que resolviera el problema de establecer un reparto basado únicamente en el número de delegados que tuviera cada organización sindical. Tacharon la propuesta de "frívola". 

La intención de este cambio ideado por el Botànic era definir en el articulado cuánto se pagaba por delegado sindical, pero no fijar una cuantía anual, sino introducir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como indicador de referencia y establecer un porcentaje que se encontraría entre el 8% y el 10% sobre ese referente. 

El rechazo frontal de ambos sindicatos, la tímida insistencia del PP para agilizar los trámites con esta reforma -según fuentes parlamentarias no han solicitado que se convoque para zanjarlo-, el calendario parlamentario, y las prioridades legislativas de Consell y Podemos entre las que no se encontraba la modificación de la Ley de Participación Institucional, dejaban en la cuerda floja esta normativa a cuatro meses de que se disuelvan Les Corts. La formación morada, no obstante, ahora la ha recuperado, y en los próximos días cada grupo deberá posicionarse. 

Cambios en la Agencia Antifraude

Por otra parte, Podemos ha asumido las enmiendas que registró el director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, -adelantadas por Valencia Plaza- que pedían cambiar la ley de creación del órgano aprobada en noviembre de 2016 para que éste fuera considerado como una institución y que sus cuentas fueran fiscalizadas por la Sindicatura de Comptes y no por la Intervención de la Generalitat. Cuestiones motivadas principalmente para no poner en entredicho la independencia del organismo. 

En concreto, los morados solicitan que la Agencia Antifraude deje de ser considerada como una "entidad de derecho público" y pase a ser considerada una "institución", ya que en ocasiones se ha producido el equívoco de que algunos agentes la han enmarcado erróneamente dentro del Sector Público Instrumental de la Generalitat. Además, entre sus cometidos no se encuentran objetivos que sí tienen las entidades de derecho público. Estas últimas, por ejemplo, dependen de una o varias consellerias, mientras que la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción está adscrita a Les Corts. De hecho, las áreas del Ejecutivo valenciano es precisamente parte de la administración a la que debe fiscalizar.

Respecto a su presupuesto, la enmienda del grupo que lidera Estañ pide que la Agencia Antifraude pueda acomodarse al presupuesto de Les Corts, ya que no puede estar "sometida al régimen de Intervención General de la Generalitat". Si lo hiciera, ésta ya no actuaría con independencia de la administración pública.

La formación morada también asume la enmienda que pretende mejorar la situación del personal de la Agencia. En este sentido, conviene recordar que la ley de creación de la oficina de Llinares determina en su artículo 29 que los puestos de trabajo se clasifican y proveen "de acuerdo con las normas de la Ley de Función Pública Valenciana". Esto es porque la plantilla de la Agencia Antifraude está integrada por funcionarios de carrera, tal y como viene especificado en la Relación de Puestos de Trabajo del ente. 

Sin embargo, los que han ingresado en la Agencia han dejado de cobrar la carrera profesional. Esto es, los complementos salariales que un funcionario adquiere por la progresión y promoción interna -por ejemplo, mediante la ejecución de cursos- que ha realizado desde que superó la oposición y se incorporó a la administración. Unos complementos que Llinares quiere que se les reconozca. 

Por ello, añadía a ese artículo añadía de la normativa que la clasificación y provisión de puestos se hicieran de acuerdo a la Ley de Función Pública Valenciana "sin perjuicio de la regulación" que de forma específica pudiera "establecerse reglamentariamente por la agencia". Un reglamento propuesto el pasado mes de octubre -aunque pendiente de aprobación- en el que Llinares ya contempló la recuperación de la carrera profesional de sus empleados y que esta se hiciera con carácter retroactivo.