El diputado nacional de Podemos por Alicante, Txema Guijarro.ALICANTE. Cambio de escenario, y de calado, en la cruzada que lidera la asociación Juristes Valencians para recuperar el Derecho Civil valenciano, derogado de facto por la sentencia del Constitucional que anulaba la ley de régimen económico matrimonial. Frente al temor expresado por el PP de que los socios del PSOE aprovechasen la apertura del melón constitucional para introducir otros debates (como la abolición de la monarquía o un referéndum para Cataluña), los contactos de la asociación que lidera José Ramón Chirivella han conseguido desplegar una alfombra roja para la iniciativa.
En esta estrategia, ha sido pieza clave el diputado nacional de Podemos por Alicante, Txema Guijarro, según ha podido saber este diario. Guijarro, a petición de Juristes Valencians, ha convencido a su formación de la importancia de apoyar una reforma light de la Constitución que, además de sustituir el término 'disminuido' por 'persona con discapacidad', permita modificar la Disposición Adicional Segunda de la Carta Magna para que la Generalitat vea habilitada su capacidad legislativa en la materia.
Podemos, así, se ha comprometido a dejar para otra ocasión sus reivindicaciones respecto a la forma de Estado o el género del texto constitucional, y se limitaría a apoyar la modificación del artículo 49 ('disminuido') y la ampliación de la disposición adicional en un mismo acto. De hecho, el grupo parlamentario morado ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso para instar al Ejecutivo a abrir una reforma constitucional en este sentido.
Pero es que, además, Juristes Valencians se ha garantizado el beneplácito de Esquerra Republicana de Catalunya y del PNV, dos formaciones que en principio podrían ceder a la tentación de introducir sus propias reivindicaciones soberanistas con enmiendas (y adulterar así la reforma), a que en esta ocasión el debate se limite a esas dos cuestiones. Es decir, ERC esperará a otra ocasión futura para reivindicar la independencia de Cataluña, y el PNV renunciará a exigir mayores cotas de autogobierno para País Vasco y Navarra.
Así las cosas, la amenaza a la que alude el PP para negarse ahora a respaldar una reforma constitucional que restituya a la Comunitat Valenciana tres normas impulsadas precisamente por el PPCV en su etapa en la Generalitat, se ha esfumado. Si bien su nuevo presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, aludió recientemente a que existen otras vías (como una transferencia), lo cierto es que las tres sentencias del TC lo dejan meridianamente claro: mientras la Constitución establezca que solo pueden legislar en materia de derecho civil aquellas autonomías que tuviesen su derecho consuetudinario compilado en 1978, la Comunitat no podrá hacerlo.
En cualquier caso, el argumento de frenar las pretensiones de las minorías nacionalistas cae por su propio peso si PSOE y PP, que ya suman tres quintos del Congreso, pactan previamente el alcance de la reforma y rechazar cualquier enmienda que lo amplíe. Entre los socialistas, donde el referente en este debate es el ilicitano Alejandro Soler, coordinador de los parlamentarios del PSPV (más implicado en la iniciativa que el propio Ximo Puig), la predisposición es total. Así que la pelota vuelve al tejado del PP, conjurado el 'peligro' nacionalista.
El Estatuto valenciano de 2006, aprobado por Congreso y Senado, consagra el Derecho Foral como eje del autogobierno valenciano, y al calor de esta habilitación se promulgaron tres leyes valencianas (régimen económico matrimonial, uniones de hecho y custodia compartida), que estuvieron vigentes entre 2008 y 2016 y todavía afectan a las condiciones particulares de 300.000 valencianos. La iniciativa de Juristes Valencians para recuperar el derecho civil cuenta con el apoyo de Les Corts, 541 municipios y una gran parte de la sociedad civil (universidades, patronal, sindicatos, colegios profesionales...), incluidos todos los partidos con representación en la Comunitat.
