Una política fiscal que funcione

La guerra en Ucrania ha provocado un shock en la economía global tras agravar y acelerar una situación inflacionaria que está teniendo su traducción práctica en la subida de precios de combustibles fósiles, materias primas y bienes de primera necesidad para la ciudadanía como es el caso de la vivienda y el acceso a alquileres asequibles.

Esta situación de encarecimiento de la vida y crisis energética se encuentra directamente relacionada con un modelo de producción que, por un lado, es irracional desde el punto de vista medioambiental, y que, por otro lado, demuestra la necesidad de impulsar una economía puesta al servicio de los intereses de la gran mayoría social frente a una economía basada en dinámicas especulativas.

En este contexto de incertidumbre social, cabe recordar que los efectos combinados de la inflación y la elevación de los tipos de interés no son homogéneos, sino que afectan en mayor medida a los sectores más vulnerables de la sociedad y que, además, las clases populares están viendo sus condiciones materiales de vida en riesgo ante el aumento del coste de la vida.

En este sentido, la guerra ha trazado un complejo camino y ha despertado respuestas sociales en el escenario europeo que reclaman proteger derechos, justicia social, mejorar las condiciones laborales de sectores fuertemente golpeados por el marco internacional e implementar políticas orientadas a solucionar esta situación de manera muy diferente a como se hizo en la crisis de 2008. Un ejemplo de esta respuesta social lo está protagonizando Francia a través de una serie de protestas impulsadas por la izquierda francesa liderada por Jean-Luc Mélenchon, sindicatos y organizaciones estudiantiles que reclaman mayor redistribución de la riqueza y aumentos generalizados en los salarios ante un contexto en el que al mismo tiempo que se desploma el poder adquisitivo de gran parte de la población, las empresas energéticas obtienen beneficios extraordinarios que baten récords.

De esta manera, para amortiguar los nocivos efectos que soporta la mayoría social y llevar a cabo reequilibrios que corrijan la desigual carga económica y fiscal que recaen sobre los hogares y empresas, los países europeos debemos alejarnos de medidas obsoletas de un modelo neoliberal caduco y apostar por políticas redistributivas que nos permitan universalizar derechos más allá de la coyuntura actual, tal como estamos defendiendo desde Podemos en los gobiernos progresistas de la Comunitat Valenciana y del gobierno central. De hecho, el último barómetro del CIS nos muestra una defensa mayoritaria por parte de la población (80,3%) a criterios basados en pedir un mayor esfuerzo a quienes disponen de más riqueza, en consonancia con el nuevo impuesto a las grandes fortunas. Incluso la primera ministra de Reino Unido, la conservadora Lizz Truss, ha tenido que dar marcha atrás en sus intenciones de bajar impuestos, entre ellos al impuesto sobre la renta a las capas más altas de la sociedad.

Por estos motivos, la principal prioridad que se debe marcar desde el Botànic, es que la futura reforma fiscal valenciana gane en progresividad, para que, de forma homóloga a los Estado de Bienestar más desarrollados, quienes más tienen contribuyan en mayor medida al mantenimiento de los servicios públicos. No queremos reformas que se queden a medio camino, sino una propuesta global e integral que cumpla con dos elementos básicos: en primer lugar, garantizar los recursos públicos y, en segundo lugar, mejorar la progresividad del sistema fiscal. Esta es la respuesta que espera la ciudadanía.

Por ello, es necesario que ambas reformas fiscales (estatal y autonómica) se vean complementadas, para armonizar un sistema fiscal fundamentado en los principios de igualdad y progresividad que nos permita equilibrar la balanza y revertir los efectos del dumping fiscal que están generando las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, donde se ha suprimido o bonificado el 100% del Impuesto sobre el Patrimonio, a través del mencionado impuesto a las grandes fortunas, el cual, ninguna comunidad autónoma podrá saltarse. Asimismo, con la reforma del Gobierno central se incorporan modificaciones que permitirán ampliar el mínimo exento para las rentas más bajas, la reducción del tipo impositivo para pymes en el Impuesto sobre Sociedades y la reducción del IVA en los productos de higiene femenina.

Además, desde Unides Podem estamos negociando tanto desde el Consell como desde las Corts Valencianes para que la reforma fiscal autonómica aumente el esfuerzo fiscal de las rentas más altas. En este sentido,  proponemos varias modificaciones que avanzan en este dirección, como incrementar el Impuesto sobre el Patrimonio que paga menos del 0,5% de los más ricos, así como hacer más progresivo y adaptar al contexto actual el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

En conclusión, las tesis neoliberales nunca han sido una opción, como hemos observado en el último intento del gobierno tory por proteger el privilegio por encima de las necesidades sociales. El plan de recuperación debe trazarse con reformas que generen balance y progresividad en el esfuerzo fiscal de la ciudadanía valenciana, solo hace falta voluntad política real y un compromiso firme por la protección del Estado de Bienestar.