El PP aporta al juez el error en el pago de las indemnizaciones a los exdirectivos de Divalterra

VALÈNCIA. El PP ha aportado al juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga es caso Alquería, los documentos oficiales de la Diputación que acreditan cálculo incorrecto de las indemnizaciones a seis exdirectivos de Divalterra pasando por alto la ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral de 2012. 

Se trata de los pagos efectuados a los fueran altos cargos de la empresa pública destituidos en 2018 -antes de que estallara la operación, tras la que acabaron imputados-, los cuales fueron de más importe del que correspondía. Concretamente, el montante asciende, en total, a 105.370 euros que ahora les exigen. 

El abogado del PP menciona tanto la auditoría que destapa la situación como el informe del jefe jurídico de Divalterra, ambos publicados por Valencia Plaza. El problema viene de julio de 2015, cuando en la empresa pública se firmaron los contratos de alta dirección con unas cláusulas de indemnización por desistimiento empresarial -extinción del contrato por decisión unilateral de una de las partes por pérdida de confianza- que contradecían lo dispuesto en la norma. Esto quiere decir, según reconocía el propio interventor de la corporación provincial, que tendrían que ser nulas (y, por lo tanto, eliminadas o no aplicadas). Sin embargo, no sucedió ninguna de las dos cosas.

El jefe jurídico, José Luis Vera, explicó en el documento firmado por él que en la empresa pública se pactó una indemnización de 20 días por año trabajado en virtud del Real Decreto de 1985 que regulaba la relación laboral especial del personal de alta dirección. Pero posteriormente llegaron tanto el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 como la ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral de 2012, en la cual se marcaban un conjunto de pautas para la contención del gasto en el sector público. 

En una disposición adicional de esa norma se fija que la indemnización a estos altos cargos no supere los 7 días por año trabajado, a diferencia de los 20 días aplicados en Divalterra. 

Una "cadena de errores"

"En definitiva", afirmaba Vera, "se ha producido una cadena de errores donde no se advierte la existencia y necesaria aplicación de esta norma, y en esta situación es cuando tienen lugar los ceses" de los directivos, a los que se indemniza por encima de lo que la ley marcaba. Esta circunstancia, destacaba, "conduce a la toma de decisiones errónea que habría que enmarcar en la doctrina de los actos propios del empleador" -en este caso la Diputación- "no imputable al trabajador". "Difícil sería", indicaba, la recuperación de esas cantidades que se pagó de más a los exaltos cargos porque el plazo para hacerlo es de un año. 

El PP, en su escrito al juez, señala que estos documentos "no dejan lugar a dudas sobre la existencia de un pago ilegal y excesivo a los investigados que fueron contratados como personal de alta dirección, por lo que la cuantía recibida por ellos por este concepto debe ser considerada a los efectos de determinar, entre otras cosas, la responsabilidad civil que pudiera derivar del delito".

Solicitan, por tanto, que se unan a las actuaciones en concepto de prueba para que el magistrado acuerde lo necesario para la determinación individualizada de las cantidades que corresponden a cada uno de los exdirectivos imputados.