El interventor cuestiona todos los contratos de directivos de las empresas de la Diputación

VALÈNCIA. El último episodio del serial de Divalterra muestra no sólo lo complicado que resulta que levante cabeza en lo que a imagen se refiere, sino que además salpica a la totalidad de los entes dependientes de la Diputación. La empresa pública heredera de Imelsa empezará en breve a reclamar a seis de los altos cargos imputados en el caso Alquería -y destituidos en 2018 antes de que estallara- parte de las indemnizaciones que les pagaron en ese momento. Montante que asciende, en total, a 105.370 euros brutos. 

La causa es que, según el interventor de la corporación provincial, se realizó de manera incorrecta el cálculo de esos finiquitos pasando por alto la ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral de 2012. Una "mala praxis", reconoce, que es posible que se haya replicado en el resto de entes. Motivo por el que llevará a cabo un informe especial de control financiero de todos los contratos mercantiles y de alta dirección firmados por la Diputación y sus empresas desde la entrada en vigor de la citada normativa. 

La cronología que ha desencadenado todo esto, y que parte de la gestión en Divalterra, resulta llamativa por lo que supone. El 31 de marzo de 2018, los directivos de la empresa pública que seguían en sus puestos de trabajo -tres se marcharon con baja voluntaria- fueron cesados en lo que se vendió como una reestructuración. Ante lo cual la corporación provincial les pagó el finiquito que, supuestamente, les correspondía. Solo tres meses después se conocía la investigación abierta por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos -si bien en su vertiente de administración desleal- ante las posibles irregularidades en la contratación de los altos cargos por parte de PSPV y Compromís. Una causa en la que permanece imputado el expresidente de la Diputación, Jorge Rodríguez y los cogerentes de Divalterra, entre otros.

El coste para las arcas públicas de ese presunto mal uso del dinero fue cuantificado en más de un millón de euros por parte de la Intervención. Pero el daño no se debe únicamente a las retribuciones que percibieron los exdirectivos -los investigadores creen que nunca debieron ser contratados-, sino que también abarca las indemnizaciones. 

Finiquitos superiores a los que tocaba por ley

Hechos que cobran importancia en lo sucedido ahora en la Diputación de Valencia. El motivo por el que se pide a seis exaltos cargos que devuelvan parte de esos finiquitos que se investigan en el caso Alquería es porque, admite el interventor, se calcularon mal en ese momento y fueron superiores a lo que tocaba. 

En el informe firmado por él que ha propiciado la reclamación, emitido el pasado noviembre, explica que todo se debe a otro informe de auditoría con fecha del pasado 2 de octubre que él mismo encargó para evaluar las cuentas de Divalterra de 2018. Algo que resulta relevante, pues llega casi dos años después del cierre de ese ejercicio.

Comparando este último con las auditorías realizadas por una empresa externa en aquel momento, "se ha constatado que existen diferencias en las cantidades indicadas en concepto de indemnizaciones por bajas en el personal directivo, así como la existencia de dudas razonables en el cálculo de las mismas", indica el documento elaborado por el interventor de la Diputación, en el que reconoce "errores". 

"Por parte de Divalterra, desde julio de 2015 se han firmado contratos de trabajo de alta dirección con unas cláusulas de indemnización por desistimiento empresarial que contradicen lo dispuesto en la ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral", señala. Por lo que tendrían que ser nulas. Es decir, haber sido eliminadas o no aplicadas. Sin embargo, prosigue, "en 2018 se produjo la extinción de 7 contratos de alta dirección, de los cuales en 6 casos percibieron indemnizaciones que superaron los límites establecidos" en la mencionada normativa.

Razón por la que ahora se reclaman las cantidades a los altos cargos. La media es de unos 16.000 euros brutos a cada uno, aunque en un caso, el de la cogerente Agustina Brines (Compromís), serán casi 27.000 porque gozaba de reserva de puesto de trabajo al incorporarse a Divalterra y no tenía derecho a percibir indemnización.

Las cartas de reclamación, ya preparadas

En las cartas que la empresa pública ha preparado para mandar a los afectados, y que este miércoles pasaron por el Consejo de Administración, se detalla que la extinción, por desistimiento del empresario, de los contratos mercantiles y de alta dirección, cualquiera que sea la fecha de su celebración, únicamente dará lugar a una indemnización no superior a siete días por año de servicio. Algo establecido en la actual ley, cuando la regulación que se aplicó fijaba que era de 20 días por año trabajado.

Tras la revisión, continúa la comunicación oficial, "se comprueba que se ha producido un exceso en la cuantificación de dichos importes", de manera que insta a los afectados a devolver el dinero mediante pago o transferencia a una cuenta de la corporación y con la posibilidad de que sea en tres mensualidades entre enero y marzo de 2021. 

Al margen de lo que concierne a Divalterra, esas cláusulas se podrían estar aplicando a los contratos de alta dirección de todos los entes de la Diputación. El interventor señala que no puede llevar esa comprobación a cabo ahora dado que excede del ámbito de aplicación de la auditoría actual y el órgano que dirige "no puede ejercer su control financiero sobre cualquier asunto sin un previo análisis de riesgos y su planificación". Por ello, la revisión se incluirá en el Plan de Control Financiero de 2021 -en proceso de elaboración-.

El PP preguntó ayer en el Consejo de Divalterra por qué no se ha advertido hasta ahora que las indemnizaciones eran contrarias a la ley y estudia aportar la documentación a la causa de Alquería ante el reconocimiento.