El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado. Foto: E.PARRA/EPVALÈNCIA (EP). El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha anunciado este miércoles que la enmienda de totalidad con texto alternativo que el PP va a presentar a la ley de amnistía contempla la disolución de las organizaciones que promuevan referendos ilegales o declaren la independencia de una parte del territorio nacional.
Esa iniciativa, que el PP tiene previsto registrar este mismo miércoles en el Congreso, también busca castigos para las "autoridades, cargos o funcionarios públicos que promuevan la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales", buscando "perjudicar la unidad" de España.
Ese texto alternativo que complementa la enmienda es una reforma del Código Penal y se debatirá en el Pleno del Congreso dentro de una semana.
En su iniciativa, el PP apuesta por tipificar como delito las "declaraciones de independencia" y "lo referido a la violencia" o las "consultas ilegales", según ha avanzado Tellado, quien no ha aclarado si lo que se busca con la propuesta de promover "la disolución de las organizaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos", es ilegalizar a las formaciones independentistas, como sí defiende Vox.
En este sentido, Vox ha registrado este miércoles su enmienda de totalidad a la ley de amnistía, en la que vuelve a proponer ilegalizar partidos que amenacen la unidad de España y el orden constitucional y la creación de un nuevo tipo delictivo para castigar a las personas que negocien con procesados o "sustraídos" de la Justicia por delitos contra la Constitución, entre otros.
El partido de Santiago Abascal ya ha propuesto estos planteamientos en el pasado, advirtiendo de "los peligros" de "poner la gobernabilidad de España al servicio de quienes pretenden romper la unidad de la nación".
Vox también se reitera en propuestas registradas en anteriores ocasiones. Así, también propone una reforma del Código Penal para incrementar penas relacionadas con los referéndums ilegales que atenten contra la unidad e integridad nacional. Asimismo, sugiere un endurecimiento penal en los casos de ultrajes a España y sus símbolos y de los delitos de traición por parte de miembros del Gobierno, la recuperación de la sedición.
