VALÈNCIA (EP). El PP en el Ayuntamiento de València ha planteado, para ser abordada en el pleno que el consistorio celebrará el jueves, una declaración institucional para apoyar a los autónomos valencianos e instar al Gobierno central a no implantar el nuevo modelo de cotización. Este grupo municipal ha considerado que "penalizará fiscalmente a más de 3,2 millones de familias en el peor momento por la crisis de la covid-19 y a decenas de miles" en la capital valenciana.
La edil 'popular' Paula Llobet ha indicado, en un comunicado, que el nuevo modelo previsto por el Ejecutivo central "significa un empobrecimiento para los autónomos, fomenta la economía sumergida y desincentiva la actividad a partir de determinados tramos de facturación".
"Por ello pedimos al pleno del Ayuntamiento de València que muestre su rechazo al modelo" del Gobierno español que preside Pedro Sánchez, ha expuesto Llobet, que ha abogado por buscar "un modelo consensuado que no ponga en peligro la supervivencia de miles de autónomos en la ciudad" de València.
La declaración institucional del PP reclama "dar apoyo a los trabajadores autónomos de la ciudad, que ha de ser pleno y eficaz" e insta "al Gobierno de España a no implantar el nuevo modelo de cotización para autónomos que ha anunciado".
Esta formación pide "un sistema justo, equilibrado, no abusivo, desproporcionado o excesivo" que sea "acorde a los tiempos, fruto del acuerdo y del diálogo social" para no hacer "más difícil" ni empeorar "su situación en un momento de grave crisis como el actual".
"El Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones ha anunciado, recientemente y por sorpresa, un nuevo modelo de cotizaciones para trabajadores autónomos, que, aplicado además cuando la crisis golpea especialmente a este colectivo, podría hacer peligrar la supervivencia de gran parte del tejido productivo de nuestro país", plantea declaración institucional del PP.
Llobet ha aseverado que "esta propuesta, adoptada al margen del diálogo social y del Pacto de Toledo, impone un sistema de cotización, por rendimientos reales, para trabajadores por cuenta propia, alejado del que debería ser, en estos momentos, un objetivo prioritario para las administraciones públicas como es impulsar la economía y generar empleo".
"La implementación de la reforma, prevista para comenzar en 2023 con un periodo de adaptación de nueve años, se articula en 13 tramos, de un mínimo de 90 euros llegando hasta 1.220 al mes", ha apuntado la edil.
"Aunque la medida pudiera suponer, a corto plazo, un incremento en la recaudación de las arcas del Estado, es previsible que su aplicación, a medio y largo plazo, cause el efecto contrario, puesto que tal y como ha señalado la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos este sistema planteado así empobrece al autónomo, fomenta la economía sumergida y desincentiva la actividad a partir de determinados tramos de facturación", recoge el texto.
Asimismo, el documento insiste en que en "el momento actual es especialmente necesario y exigible, que las administraciones públicas" adopten "medidas bien calibradas, acertadas y efectivas para ayudar a pequeños y medianos empresarios, comerciantes o profesionales, en su mayor parte autónomos, sin decisiones que asfixien sus actividades económicas en tiempos de precariedad".
El grupo municipal del PP reitera que los sistemas deben permitir "destinar mayores recursos a la conservación y desarrollo de los negocios con el fin de que puedan consolidarse, ser más competitivos, crecer y crear empleo estable".
Por otro lado, la portavoz 'popular' en el consistorio valenciano, María José Catalá, ha censurado este martes que el alcalde, Joan Ribó (Compromís) "sigue con su sablazo fiscal" y ha destacado que "ha recaudado más de 161 millones de euros en el recibo de la
contribución".
"Es un sinsentido y una injusticia porque en esta ciudad hay cerca de 67.000 personas en paro y su gobierno sigue cobrándoles impuestos
con unas subidas injustificadas", ha manifestado Catalá, que ha señalado que "la izquierda no puede estar pasando el cepillo a las
familias de València cuando tienen una cantidad inmensa de millones en
el banco, más de 200".
La responsable 'popular' ha exigido "una bajada inmediata de impuestos". "València necesita que se bajen los impuestos porque además la situación de tesorería lo permite", ha insistido, al tiempo que ha rechazado "el ensañamiento del gobierno" local que conforman Compromís y PSPV "con el sector económico".
"Le han pasado 52.496 recibidos por el IBI comercial con importe superior a los 38,7 millones de euros", ha aseverado la responsable 'popular'. A este respecto, ha dicho que del ocio, hostelería, ocio nocturno y sector del juego "han recaudado más de 11 millones de euros cuando muchos locales, como el ocio nocturno, siguen sin abrir y otros han tenido fuertes restricciones" por la covid-19.