VALÈNCIA. La historia de la renovación de los órganos estatutarios de la Comunitat Valenciana es la de nunca acabar. Y a ella se une ahora la de la elección de la nueva dirección de la Agencia Antifraude y del Consejo de Administración de À Punt. La intención del PP es comenzar a negociar con la oposición todos estos entes en los próximos días. El PSPV y Compromís están dispuestos a sentarse a hablar, pero los posicionamientos de una y otra parte se encuentran alejados de entrada.
Los populares quieren abordar el asunto con cierta urgencia. Así se ha visto en el caso de Antifraude. Tan solo cuatro días desde la aprobación de la nueva ley que regirá la entidad, Les Corts iniciaron el proceso para elegir a la persona que se situará al frente en lo que supone un claro acelerón para tratar de solventarlo lo antes posible. Este lunes finaliza el plazo para presentar candidatos, que pueden partir tanto de organizaciones sociales de lucha contra la corrupción como de los grupos parlamentarios.
Las primeras –Acción Cívica contra la Corrupción, la Fundación por la Justicia y Observatori Ciutadà Contra la Corrupció– no descartan volver a presentar a Gustavo Segura, director de Análisis e Investigación de la agencia actualmente. Ya quedó como único aspirante en el anterior proceso, pero no obtuvo los votos necesarios al no apoyarlo ni el PP ni Vox. El otro que figuraba inicialmente era Eduardo Beut, exdelegado de la Agencia Tributaria e Inspector de Hacienda. Fue propuesto por la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública, pero los servicios jurídicos de Les Corts recomendaron su exclusión al entender que esa organización no tenía capacidad para presentar perfiles.
No son pocos los que vaticinan que el nombre de Beut volverá a estar encima de la mesa, si bien es difícil que se impulse por parte de otra asociación y no parecería descabellado que el PP lo propusiera directamente como grupo.
Paralelamente, se encuentra la elección del Consejo de Administración de À Punt, órgano que se crea con la nueva ley recién aprobada. Se trata de aquel que regirá la radiotelevisión autonómica (contará con una presidencia) junto a la dirección general, que tendrá el poder ejecutivo. Su composición depende de los partidos.
El Consejo estará conformado por un total de ocho miembros (entre ellos el presidente). Siete de ellos serán escogidos por los grupos parlamentarios de Les Corts y uno por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), donde no está Vox. En el caso de Les Corts, tendrán que ser elegidos por una mayoría de tres quintos en primera votación y, si no saliera, por mayoría absoluta en segunda votación. Es decir, que en primera vuelta tendría que salir adelante por parte de los dos partidos del Consell (PP y Vox) y, al menos, uno de la oposición (el PSPV y/o Compromís); pero en segunda vuelta puede dar luz verde en solitario la derecha.
La ley, un poco abstracta –seguramente a propósito– en su redacción, establece que Les Corts "deberán iniciar la elección de los miembros del Consejo en el plazo de un mes desde
la aprobación de la norma". Eso supone que lo deseable sería que empezaran ya, aunque el periodo de sesiones actual finaliza el próximo 15 de julio. Y lo cierto es que al igual que con Antifraude, al PP le gustaría acelerarlo.
Los populares quieren pactar los nombres tanto del Consejo de À Punt como de Antifraude con la izquierda. Pero a ello añaden los órganos estatutarios: la Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Transparencia y el Consell Valencià de Cultura. Todos estos entes, indispensables para el correcto funcionamiento de la Administración valenciana, se encuentran pendientes de renovación desde hace años, lo que ha llevado a una situación de bloqueo porque los partidos del Consell tienen que pactar sí o sí con (al menos) uno de la oposición.
Así las cosas, el PP quiere negociarlo todo en pack y hacerlo ya. Pero no resultará sencillo. En primer lugar, por los plazos. Es más factible que todo se deje para septiembre, pero el PP parece dispuesto a intentarlo este mes de julio. Y, en segundo lugar, por las posiciones alejadas entre derecha e izquierda.
El PSPV y Compromís han adoptado una posición, inicialmente inamovible –a la espera de comprobar si se flexibiliza en algún momento– de no otorgar sus votos a Vox para que entre en ningún lugar. Una manera de excluir a esta formación. Es una condición inasumible para el PP al tratarse de sus socios y de una formación que ha obtenido representación parlamentaria.
De este modo, la izquierda sí parece dispuesta a pactar À Punt. Tanto el PSPV como Compromís tendrían cuota de representación en el Consejo y cierta capacidad de fiscalización, de control y de acceso a la información desde dentro. En caso contrario, el órgano sólo estaría conformado por el PP y Vox. Pero los populares insisten en la negociación en pack y en sentarse a hablar de todo a la vez. En ese proceso, podrían estar dispuestos a ceder en la dirección de Antifraude y en el reparto del Consejo de À Punt a cambio de que la izquierda acceda a renovar los órganos estatutarios.
Con la prisa de los populares y la poca urgencia de la oposición, parece que comenzará una negociación de posiciones dispares y en la que se pueden dar dos escenarios. Uno, que se produzcan cesiones y se logre pactar todo o una parte; o dos, que finalmente el PP y Vox acaben eligiendo los nombres al completo del Consejo de À Punt y de Antifraude en una imagen poco deseable de pasar el rodillo.