PP y Vox rechazan publicar la procedencia de las rentas que obtienen los concejales 

VALÈNCIA. El Partido Popular y Vox se opusieron de nuevo este jueves a hacer pública la procedencia de las rentas que obtienen los concejales del Ayuntamiento de Valencia. Ya lo hicieron el pasado mes de noviembre y volvieron a hacerlo ayer jueves en la comisión de Hacienda y Participación, Economía, Innovación y Grandes Proyectos. 

El PSOE había registrado una moción de urgencia en la que se instaba a que todos los concejales publicaran en su declaración de bienes de dónde procedían los ingresos obtenidos de forma diferenciada, ya que esta simplemente recoge los beneficios que suman a lo largo del año pero no especifica en concepto de qué ni de dónde proviene el dinero. La intención, así, era que se pudiera valorar por parte de la corporación local los posibles conflictos de intereses o incompatibilidades que pudieran producirse.  

Por otra parte, también proponía modificar el Reglamento de Transparencia para que más adelante fuera obligatorio publicar esta información en la página web del consistorio, además de la información patrimonial de cada miembro de la corporación, "la información de las fuentes de las que obtiene sus rentas y el importe bruto de las mismas". La propuesta, con todo, no salió adelante al sumar los votos en contra de PP y Vox. 

La iniciativa había sido recuperada por los socialistas después de conocerse que el concejal de Vox, Pepe Gosálbez, había reclamado compatibilizar el cargo como edil de gobierno con dedicación exclusiva con el ejercicio de su profesión como abogado. En el escrito, dirigido al secretario del Ayuntamiento, el concejal manifestó que su actividad en la profesión de abogado no interfería "en su condición y desempeño de sus labores como cargo electo, en el aspecto funcional (tiempo de dedicación a la actividad marginal); horario (horario de la actividad marginal) y económico", explicaba la resolución adelantada por este diario. 

El secretario municipal dio por bueno el argumento y emitió un informe favorable para que pudiera compaginar ambas labores: la de abogado y, a su vez, concejal de gobierno al frente de las áreas de Devesa-Albufera, Mayores y Sanidad y Consumo. Para razonar su decisión, expuso en primer lugar que la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Incompatibilidades impedía a los concejales el ejercicio de una actividad privada siempre que pudiera "menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia". También a los abogados o procuradores, según la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, les prohibe formar parte en "en procedimientos judiciales o administrativos donde una de las partes se dirija contra la Corporación". En caso de que se produjera ese escenario, el secretario concluyó que Gosálbez debería renunciar al acta o apartarse del proceso judicial. 

Tras esta suerte de advertencias, consideraba que podía otorgársele la compatibilidad porque Gosálbez había declarado que su actividad como abogado tendría carácter "marginal". "Cuando se reconozca la dedicación exclusiva a un miembro de la Corporación ello exigirá que este se dedique de modo preferente a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de otras ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación a la Corporación", explicó en base al criterio del Tribunal Supremo, que se pronunció por un caso similar en 2010. "Diversas sentencias se refieren a la posibilidad de que la profesión de abogado sí pueda ejercerse en condiciones de marginalidad", concluye tras citar dos fallos: uno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y otro del de Canarias. 

La mera declaración del edil de que la actividad que ejercerá como abogado será "marginal", sin embargo, no le parecía al PSOE suficiente como para que los servicios jurídicos validaran la compatibilidad, ya que suponía dar por hecho que este estaba realizando tal afirmación sin aportar pruebas de que así será, por lo que creían conveniente que la corporación local lo cotejara de alguna manera. Por ello, registraron la moción de urgencia con el objetivo de forzar que Gosálbez publique en un futuro la procedencia de las retribuciones que percibe a lo largo del año, pero no salió adelante. 

Con todo, la decisión final sobre la compatibilidad recaerá en el pleno municipal. Si bien no se espera que vaya a ser rechazada, dado que al contar con el informe favorable del secretario, se da por hecho que PP y Vox acabarán aceptándola.