María José Ferrer San Segundo. Foto: PPCVVALÈNCIA (EP). La vicesecretaria de Territorio, Comunitat y Cultura del PPCV, María José Ferrer San Segundo, ha anunciado que la formación "derogará y seguirá defendiendo la legalidad contra la imposición de la Oficina de 'policía' Lingüística reactivada sorpresivamente por el Consell en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2023".
Ferrer San Segundo ha indicado que el Decreto que creó la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL) en 2017 "fue desmantelado y declarado ilegal tras un proceso impulsado desde el PP, anulando en 2020 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) 12 de sus 16 artículos y confirmándolo el Tribunal Supremo".
"Ahora el Consell vuelve a intentar colar la vigilancia lingüística por la puerta de atrás, en una norma prevista para cuestiones presupuestarias", ha censurado, según ha informado la formación en un comunicado.
En concreto, ha destacado que "esta nueva Regulación del funcionamiento de la ODL se extiende no solo al conjunto de la Generalitat, sino también a las universidades públicas, las Administraciones Locales y la del Estado incluyendo la de Justicia, e incluso a las personas jurídicas de naturaleza privada".
La vicesecretaria 'popular' ha aseverado que "la norma del Consell de comisariado lingüístico pone su foco en la lengua utilizada en comercios o establecimientos de consumo o turismo de carácter privado, pudiendo declarar esta Oficina la vulneración de derechos lingüísticos, sin establecer la posibilidad de audiencia, defensa y recursos del presunto vulnerador, al que se señalará en una memoria anual de carácter público".
En este sentido, Ferrer San Segundo ha afirmado que "incluso se legitima para presentar quejas a personas jurídicas privadas, en nombre de personas físicas sin autorización siquiera de estas".
Asimismo, ha aseverado que el PPCV "no va a tolerar este nuevo fraude legislativo de la Generalitat, que no escucha ni respeta a los tribunales, y que lo que pierde ante la Justicia lo vuelve a intentar infringir con nuevas trampas regulatorias, deslegitimando al poder judicial y despreciando el principio de separación de poderes".
La dirigente 'popular' ha indicado que el PPCV "estudia ya las acciones para defender de nuevo la legalidad, mediante recurso de inconstitucionalidad con la firma de 50 diputados o senadores e incluso instando al TSJCV a que presente cuestión de inconstitucionalidad".
La vicesecretaria de Territorio, Comunitat y Cultura del PPCV ha señalado que el Tribunal Supremo ya ha declarado que la Oficina creada por el Consell "pretende generar actos administrativos al margen de cualquier procedimiento y consiguientes garantías para sus destinatarios de cualquier medio de impugnación, lo que quiebra el mandato constitucional de sometimiento de los poderes públicos a los principios de seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad".
"La obtención de información necesaria por parte de la Oficina de Derechos Lingüísticos sobre un determinado supuesto de hecho privado, afecta al derecho fundamental a la intimidad", ha manifestado, al tiempo que ha agregado: "No queremos que nos impongan modelos de inmersión vigilada copiados de otros territorios, como Catalunya, donde el resultado no ha sido la convivencia pacífica de lenguas --que para la mayoría de los valencianos es la regla y no la excepción--, sino la imposición y la división".
"La Comunitat Valenciana es tierra de bilingüismo cordial y respeto: a todos, y en libertad", ha concluido Ferrer San Segundo.
