Foto: ALBERTO ORTEGA/EPBRUSELAS. La Comisión Europea ha publicado una didáctica guía que explica de forma resumida su propuesta para reducir la factura de la luz a través de un marco legal, establecido en un nuevo Reglamento, que contemple la solidaridad con ciudadanos y empresas a través de una intervención del mercado energético. En ocho preguntas, con sus correspondientes respuestas, la Unión Europea intenta clarificar el horizonte que se afrontará el próximo invierno previendo los cortes de suministros del gas ruso. Cortes en el suministro y nuevas tasas se leen entre líneas de un texto legal que se pretende aprobar en el Consejo de finales de octubre.
Los precios del gas y de la electricidad alcanzaron niveles sin precedentes en 2021 y han vuelto a alcanzar máximos históricos en 2022, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania. La vertiginosa subida de los precios de la electricidad en toda Europa está intrínsecamente relacionada con el elevado precio del gas, que provoca un aumento del precio de la electricidad debido al papel que desempeñan las centrales eléctricas alimentadas con gas a la hora de satisfacer la demanda y fijar el precio. Los precios empezaron a subir el pasado verano, cuando la economía mundial inició su recuperación tras el relajamiento de las restricciones por la pandemia de covid-19. Posteriormente, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y su utilización del suministro de gas como arma han agravado la situación, con un aumento interanual de los precios al por menor de la electricidad de casi un 50 % desde julio de 2021.
Se teme que los precios de la energía seguirán siendo elevados debido a la incertidumbre en el mercado, incertidumbre que agrava aún más el riesgo de nuevas interrupciones del suministro de gas ruso a la UE. Paralelamente, en los últimos meses la producción de electricidad en la UE ha sido inferior a los niveles habituales debido al aumento de las obras de mantenimiento de las centrales eléctricas, a la menor producción de energía hidroeléctrica como consecuencia de las condiciones meteorológicas extremas durante el verano y al cierre de algunas centrales eléctricas más antiguas. Esto ha contribuido a la escasez de energía y a su encarecimiento, lo que constituye una carga para los consumidores y la industria y un freno a la recuperación económica.
Este drástico encarecimiento de la electricidad está afectando a los hogares, a las pequeñas y medianas empresas y a la industria de la UE en general. Los clientes vulnerables y las personas en situación de pobreza energética son los más afectados, pero el riesgo de no poder pagar las facturas energéticas acecha cada vez más a los hogares de renta media y a las pymes. El conjunto de medidas de emergencia propuesto hoy es una respuesta a la prioridad urgente de proteger a los consumidores de la UE frente al encarecimiento de la energía durante este invierno.
La propuesta de Reglamento del Consejo sobre una herramienta de emergencia eléctrica y una contribución solidaria del sector de los combustibles fósiles se basa en el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta propuesta debe ser aprobada por mayoría cualificada en el Consejo, y su adopción dependerá de los procedimientos internos del Consejo. Habida cuenta de la situación de emergencia, los Estados miembros ya han expresado su intención de trabajar rápidamente en las propuestas que se esperan de la Comisión.
Imagen de archivo.Las medidas propuestas son de carácter extraordinario y, por lo tanto, deben estar limitadas en el tiempo. La herramienta de emergencia eléctrica debe aplicarse desde 1 de diciembre de 2022, a más tardar, hasta el 31 de marzo de 2023. La Comisión se ha comprometido a llevar a cabo una revisión de la herramienta de emergencia eléctrica antes del 28 de febrero de 2023, teniendo en cuenta la situación del suministro de electricidad y los precios de la electricidad en toda la Unión, y a presentar al Consejo un informe sobre las principales conclusiones de dicha revisión.
Las contribuciones solidarias del sector de los combustibles fósiles serán aplicables durante un año a partir de su entrada en vigor. La Comisión llevará a cabo una revisión antes del 15 de octubre de 2023, teniendo en cuenta la situación general del sector de los combustibles fósiles y los beneficios excedentarios generados, y presentará al Consejo un informe sobre las principales conclusiones de dicha revisión.
La propuesta de Reglamento del Consejo contiene obligaciones de información periódicas, aplicables a partir del 1 de diciembre de 2022, que permitirán a la Comisión supervisar la adopción de medidas y la garantía de su cumplimiento por parte de los Estados miembros. Este seguimiento periódico es importante para preservar el funcionamiento y la integridad del mercado interior de la Unión, ya que el funcionamiento de los mercados transfronterizos de la energía es fundamental para garantizar la seguridad de suministro en una situación de escasez.
La Comisión ha calculado que los Estados miembros podrían recaudar hasta 117.000 millones de euros, sobre una base anual, gracias al tope de ingresos temporal propuesto para los productores “inframarginales” de electricidad. Los Estados miembros deberán destinar los excedentes de ingresos recaudados a los consumidores finales de electricidad, ya sean privados o comerciales, que soportan precios elevados. Estos ingresos pueden utilizarse para proporcionar ayuda a la renta, descuentos, inversiones en energías renovables, eficiencia energética o tecnologías de descarbonización. El apoyo prestado debe mantener un incentivo para reducir la demanda. Las decisiones sobre la distribución exacta se adoptarán a nivel nacional de conformidad con los principios establecidos en el Reglamento.
El importe exacto de los ingresos por Estado miembro dependerá de la cantidad de electricidad generada a partir de tecnologías inframarginales en el país y el nivel de los precios de la electricidad durante el período de aplicación de estas medidas. Dicho importe variará en función de la combinación energética y del diseño de los sistemas de apoyo a las energías renovables en cada Estado miembro.
Foto: PHILIPP VON DITFURTH / DPALa contribución solidaria temporal basada en los beneficios excedentarios imponibles obtenidos en el ejercicio fiscal 2022 por las empresas energéticas de los sectores del petróleo, el gas, el carbón y la refinería de la Unión podría aportar una cantidad estimada de 25.000 millones de euros de ingresos públicos, que los Estados miembros deben redistribuir dentro del respeto del Derecho de la Unión. En las propuestas de hoy se establece que estos beneficios deben destinarse a los hogares y las empresas, incluidas las industrias de gran consumo de energía, para mitigar los efectos de los precios persistentemente elevados de la energía, reducir el consumo de energía e impulsar la autonomía energética de la Unión.
Además de los ingresos generados por los Estados miembros, la reducción de la demanda en el sector eléctrico también puede contribuir a reducir los precios, al hacer menos necesario el uso de costosas centrales eléctricas para satisfacer la demanda.
La herramienta de emergencia eléctrica propuesta combina una reducción global de la demanda de electricidad de todos los consumidores y se centra en la reducción de la demanda durante las horas de precio máximo. De conformidad con la propuesta de Reglamento del Consejo, los Estados miembros deben tratar de aplicar medidas para reducir el consumo total de electricidad en al menos un 10% hasta el 31 de marzo de 2023. Todos los consumidores pueden contribuir, incluidos aquellos que aún no están equipados con sistemas o dispositivos de medición inteligentes que les permitan adaptar su consumo durante el día.
Además, para centrarse específicamente en las horas de consumo de electricidad de precio máximo, en las que el gas fija generalmente el precio marginal, la Comisión propone la obligación de reducir en al menos un 5% el consumo bruto de electricidad durante las horas de precio máximo seleccionadas, correspondientes a un 10%, como mínimo, de las horas de cada mes en las que se prevé que los precios serán los más elevados. Esta obligación daría lugar a la selección de una media de entre 3 y 4 horas semanales, que corresponderían normalmente a horas de máxima carga, pero que también podrían incluir horas en las que se prevé que la producción de electricidad a partir de energías renovables será baja y deberá recurrirse a la producción de centrales marginales para satisfacer la demanda.
En general, esta reducción específica puede dar lugar a una disminución estimada del consumo de gas de aproximadamente 1.200 millones de metros cúbicos en 4 meses. Esto representa una reducción del uso de gas para la producción de electricidad de aproximadamente un 4% durante el invierno en toda la UE. Corresponderá a los Estados miembros determinar las horas de máxima demanda en su mercado. Los Estados miembros también podrán elegir libremente las medidas adecuadas para alcanzar la reducción prevista de la demanda, siempre que sean acordes con las normas aplicables de la UE sobre competencia y mercado de la electricidad.
El tope propuesto tiene por objeto recuperar los excedentes de ingresos de los productores de electricidad con los costes marginales más bajos, las denominadas “tecnologías inframarginales”, entre las que cabe mencionar las energías renovables, la energía nuclear y el lignito. Estos productores de electricidad han obtenido ganancias financieras inesperadamente elevadas en los últimos meses. Al establecer un tope a escala de la UE de 180 euros para los ingresos del mercado por MWh de electricidad producida, la Comisión pretende minimizar el impacto que tienen actualmente en el precio final de la electricidad las costosas fuentes marginales que determinan los precios, como el carbón o el gas, garantizando al mismo tiempo un rendimiento razonable de la inversión para las tecnologías afectadas.
Foto: PHILIPP VON DITFURTH / DPASe pretende que el tope de ingresos propuesto, que está pensado para aplicarse hasta el 31 de marzo de 2023, abarque a la mayoría de los productores inframarginales de la Unión y evite poner en peligro la disponibilidad y rentabilidad de las centrales existentes y futuras decisiones de inversión en nuevas instalaciones de producción inframarginal de acuerdo con los objetivos políticos de la UE para 2030 y 2050. Para mantener el margen de seguridad necesario, el tope se calibró teniendo en cuenta precios significativamente superiores a los precios medios previstos de los participantes en el mercado durante las horas de máxima demanda antes de la invasión rusa de Ucrania.
Es necesario fijar un tope uniforme de los ingresos en toda la Unión para preservar el funcionamiento del mercado interior de la electricidad, ya que ello permite mantener una competencia basada en los precios entre los productores de electricidad. Para garantizar unas condiciones justas, el tope de ingresos del mercado se aplicaría a los ingresos procedentes de la producción de electricidad de todos los productores inframarginales, tal como se definen en el Reglamento, y abarcaría todos los horizontes temporales del mercado, independientemente de que el comercio de electricidad se haga de forma bilateral (en mercados no organizados) o en mercados organizados.
Los ingresos que excedan del tope serán recaudados por los Gobiernos de los Estados miembros en el momento en que se liquiden las transacciones o posteriormente, y tendrán que destinarse a los hogares, las empresas y la industria en general, todos ellos expuestos a los elevados precios de la electricidad. En la propuesta de Reglamento se prevé también la posibilidad de compartir los excedentes de ingresos entre los Estados miembros que se intercambian electricidad, de modo que el Estado productor pueda compartir parte de los ingresos recaudados en beneficio de los consumidores finales del Estado importador.
Se anima a los Estados miembros a que, en un espíritu de solidaridad, celebren acuerdos bilaterales de solidaridad para compartir parte de los ingresos inframarginales recaudados por los Estados productores en beneficio de los usuarios finales de los Estados miembros con una producción de electricidad baja. El Reglamento exige la celebración de ese tipo de acuerdo, a más tardar el 1 de diciembre de 2022, en situaciones en las que las importaciones netas de electricidad de un Estado miembro sean iguales o superiores al 100 % en comparación con su principal país exportador.
La Comisión ha propuesto una contribución solidaria excepcional de las empresas de los sectores del petróleo, el gas, el carbón y la refinería, con el fin de garantizar que todo el sector energético pague una parte justa en estos tiempos difíciles en los que muchos tienen dificultades para hacer frente a la extraordinaria crisis energética provocada por la utilización del suministro energético como arma por parte de Rusia.
Esta contribución solidaria será complementaria del tope de ingresos aplicable a las tecnologías marginales y se basa en los beneficios excedentarios que la industria de los combustibles fósiles ha obtenido debido a la crisis energética. Será recaudada por los Estados miembros sobre los beneficios de 2022 que excedan de un aumento del 20% con respecto a los beneficios medios de los tres años anteriores, a un tipo de al menos el 33%. El establecimiento de un tipo mínimo garantiza que las contribuciones solidarias sean a la vez justas y proporcionales.
El establecimiento de esta contribución solidaria como instrumento europeo permitirá evitar efectos indirectos negativos en el mercado interior de la energía derivados de medidas nacionales no coordinadas y reducir sustancialmente el riesgo de litigios entre empresas y gobiernos. Además, un enfoque coordinado garantizará también la coherencia con los objetivos de REPowerEU.
Los Estados miembros se encargarán de recaudar la contribución solidaria y de redistribuir los beneficios dentro del respeto del Derecho de la Unión. Los ingresos de la contribución solidaria deben utilizarse para proporcionar medidas de apoyo financiero a los hogares, especialmente los hogares vulnerables, y a las empresas más afectadas para mitigar los efectos de los elevados precios de la energía, y también deben utilizarse para ayudar a reducir el consumo de energía, apoyar a las industrias de gran consumo de energía y promover las inversiones de los clientes finales en energías renovables, eficiencia energética u otras tecnologías de descarbonización, así como par impulsar proyectos transfronterizos acordes con los objetivos de REPowerEU.
La contribución solidaria se propone como medida excepcional para mitigar el impacto de la crisis energética en los hogares y las empresas de toda la Unión. La lucha contra la pobreza energética y las consecuencias sociales de la crisis, en particular la protección de los trabajadores de las industrias expuestas, es también una cuestión de solidaridad europea. Los Estados miembros deben centrarse especialmente en los más afectados por el fuerte encarecimiento de la energía. Entre estos afectados, cabe mencionar a los hogares vulnerables y las empresas de gran consumo de energía o las que se ven presionadas para que aceleren su transición ecológica.
Para maximizar el impacto de la contribución solidaria y evitar el riesgo de fragmentación del mercado único, los Estados miembros deben actuar con espíritu de solidaridad y dedicar una parte de los ingresos a la financiación común de medidas destinadas a reducir el impacto perjudicial de la crisis energética o promover las inversiones en energías renovables y eficiencia energética.
Es necesaria una respuesta unida a escala de la UE para hacer frente al aumento de los precios de la electricidad y su impacto en los hogares, las empresas y la industria. Debe aplicarse un enfoque coordinado basado en una reducción de la demanda de electricidad a escala de la Unión, dentro de un espíritu de solidaridad, para minimizar el riesgo de posibles perturbaciones graves durante los meses de invierno, cuando aumenten el consumo de electricidad y la producción de electricidad a partir de gas. Los Estados miembros deben poder elegir libremente las medidas adecuadas para alcanzar los objetivos de reducción de la demanda, que pueden incluir la ampliación de sistemas o incentivos nacionales existentes para desarrollar la respuesta a la demanda.
Con el fin de preservar el funcionamiento del sistema eléctrico y el comercio y las inversiones transfronterizos, también es necesario aplicar un enfoque común sobre los topes de ingresos para las tecnologías inframarginales. Ello garantizará que la electricidad siga fluyendo en Europa para evitar que una crisis de precios elevados desencadene una crisis de seguridad del suministro.
Al mismo tiempo, los Estados miembros conservan el derecho de introducir medidas más ambiciosas por lo que respecta tanto a la reducción de la demanda como al establecimiento de topes de ingresos de los productores de electricidad, siempre que sean proporcionados, no distorsionen el funcionamiento de los mercados mayoristas de electricidad, no pongan en peligro las señales de inversión y sean conformes con el Derecho de la Unión.
Por lo que respecta a la contribución solidaria, la Comisión ha propuesto un tipo mínimo que se considera justo y proporcionado. Los Estados miembros pueden decidir superar ese tipo mínimo y aplicar uno más elevado, o combinar la nueva contribución con medidas similares existentes ya introducidas a nivel nacional. También pueden optar por aplicar la contribución solidaria a un conjunto más amplio de empresas, siempre que ello siga siendo compatible con la propuesta de Reglamento.
La tensión que sufren actualmente los mercados de la electricidad se debe principalmente a la agresión de Rusia contra Ucrania y a su manipulación del suministro de gas. Se trata de una situación excepcional para los mercados de la energía que tiene algunos efectos secundarios en los mercados de derivados. Nuestra prioridad es contener y mitigar adecuadamente los riesgos en el sistema financiero. Los mercados de futuros de la electricidad tienen un papel que desempeñar a este respecto. Permiten a las empresas energéticas cubrir sus riesgos, por ejemplo, el precio al por mayor que tienen que pagar por sus suministros o el precio de salida al que pueden esperar vender gas o electricidad.
La mayor parte del comercio de derivados energéticos se realiza en mercados regulados (futuros) y se compensa de forma centralizada a través de entidades de contrapartida central (ECC). En estos mercados, el marco regulador actual ofrece las salvaguardias necesarias, como los requisitos de márgenes para la compensación entre compradores y vendedores: en caso de impago por una de las partes, los demás participantes en el mercado están protegidos de este riesgo.
Los requisitos de garantías aportan estabilidad financiera y contribuyen a tranquilizar a los mercados financieros. En el contexto de la fuerte subida de los precios del gas y la electricidad durante el año pasado, las empresas energéticas tuvieron que aportar a las EEC garantías en efectivo consecuentemente más elevadas, debido a que los ajustes de los márgenes aumentaron en proporción a los precios. Esto originó problemas de liquidez para las empresas energéticas que dieron lugar a peticiones de modificación de las normas que rigen los requisitos de garantías para los ajustes de los márgenes.
El 9 de septiembre, el Consejo de Energía pidió a la Comisión que diseñara instrumentos de liquidez de emergencia que garantizaran que los participantes en el mercado dispusieran de garantías suficientes para hacer frente a los ajustes de los márgenes y abordaran el aumento de la volatilidad en los mercados de futuros, y que estudiara la posibilidad de revisar las directrices pertinentes para integrar las normas sobre salvaguardias.
