Presión fiscal, alivio fiscal

Mientras Sánchez se va al rincón de pensar ante el estupor de la ciudadanía y nuestro descrédito internacional aumenta cada día, España está viviendo malos tiempos. Los datos de la EPA son los peores de los últimos años, con 140.000 personas menos trabajando y casi un millón de hogares con todos sus miembros en el paro, se reduce la productividad de nuestras empresas y la inversión cae lastrada por la inseguridad jurídica.

La deuda pública de los españoles sigue subiendo: ha superado los 1,6 billones de euros por primera vez en la historia. El gobierno Frankenstein ha disparado el gasto, y para pagarlo ha subido los impuestos hasta en 69 ocasiones desde que alcanzó el poder en junio de 2018.

Si a ello le añadimos que España ha sufrido la mayor subida de precios en cuarenta años, la pérdida de poder adquisitivo de las familias es más que evidente, sin parangón entre las grandes economías europeas.

Si bien Sánchez fríe a impuestos a familias y empresas en un momento difícil, la situación de nuestros tributos municipales es bien distinta: este mes de abril los valencianos han visto en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) una reducción del 20%, ampliada a las familias numerosas con bonificaciones del 60% y 90% según la categoría.

En Valencia hemos cumplido con nuestras promesas durante la campaña electoral: la primera gran medida de nuestra alcaldesa María José Catalá ha sido aprobar la mayor bajada de impuestos de todas las grandes ciudades españolas, incluso por encima de Madrid, y también la mayor rebaja fiscal de toda la historia del Ayuntamiento. En total, cerca de 70 millones de euros que se van a ahorrar todos los valencianos en diferentes tasas e impuestos.

Cuando los ciudadanos tienen más dinero disponible, tienen mayor capacidad para consumir bienes y servicios, lo que a su vez impulsa la demanda interna y fortalece el tejido empresarial local. Con la práctica eliminación del injusto impuesto a la muerte –plusvalía- en Valencia, se estima un ahorro en 2024 de más de 10 millones de euros que los valencianos que hereden de forma directa decidirán libremente como gastárselo.

Además, una menor carga impositiva incentiva la creación de empleo y el emprendimiento, al poder las empresas destinar recursos adicionales a la contratación de personal y al desarrollo de nuevos proyectos. Como ejemplo, la nueva bonificación en plusvalía para trasmisión inter vivos de comercios entre familiares, favoreciendo la continuidad de la empresa familiar en nuestra ciudad.

Por todo ello, bajar impuestos no tiene porqué implicar recaudar menos ni una merma en los servicios públicos. Todo lo contrario. La clave está en generar confianza con un entorno facilitador, favorecer la liquidez y gestionar de forma eficiente, en lo que estamos volcados.

Necesitamos una fiscalidad nacional conectada con la realidad económica de nuestro país. Cuando se impone una fiscalidad desconectada, desproporcional a la capacidad de empresas y familias, se penaliza el crecimiento y el esfuerzo, frenando el desarrollo económico y la creación de empleo.

En el Ayuntamiento de Valencia hemos conectado la fiscalidad con las necesidades de nuestros vecinos. Después de 8 años de un gobierno nacionalista y de izquierdas durante el cual se subieron los impuestos a todos los valencianos -por mucho que repitan el mantra de subida a las clases altas se realizó una subida generalizada de todos los impuestos aplicada al 100% de los valencianos en el peor momento de pandemia-, la alcaldesa ha cumplido con su palabra y hemos bajado los impuestos a cada uno de los valencianos. Un alivio al que se une la ambiciosa reforma fiscal emprendida por Carlos Mazón en la Generalitat.

Estaría bien que el Gobierno central también conectara con las necesidades de los valencianos y les bajara los impuestos. Pero claro, tenemos un presidente que se ha ido 5 días al rincón de pensar para reflexionar sobre sus problemas personales, en lugar de pensar sobre los problemas de todos los españoles. Algo, por cierto, que va en su sueldo.