El próximo congreso regional de los populares coincide con varios procesos judiciales para miembros del partido
VALENCIA.- Se avecina una primavera nada tranquila para los populares valencianos. Su próximo congreso regional, previsto para los primeros meses del próximo año, coincidirá con varios juicios que afectan directamente al partido.
La Audiencia Provincial de Baleares acordó que se iniciara el calendario del caso Nóos el próximo enero. A partir de marzo comenzarán a declarar los testigos, entre los que se halla el expresident Francisco Camps. Entre los imputados valencianos en este caso están el entre el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat, Luis Lobón, Jorge Vela, exalto cargo de gobiernos del PP (fue director del IVF), igual que José Manuel Aguilar, exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Pero no solo el caso Nóos provocará dolores de cabeza en primavera en el PP. El caso Emarsa comenzará el próximo dos de noviembre y también coincidirá con el congreso: se prevé que en mayo comiencen las conclusiones tras todas las declaraciones de testigos, que comenzarán en unas semanas. En este caso se investigan irregularidades que llevaron a la quiebra a la depuradora de Pinedo.
Presuntamente el negocio consistió en aumentar el precio de extracción de lodo, y utilizar el dinero restante para hacer regalos o gastarlo en prostitución. Entre los acusados, al margen de los empresarios, está el exalcalde de Manises y expresidente del consejo de administración de la entidad, Enrique Crespo, para el que el ministerio fiscal pide 14 años de cárcel.
Parafraseando a Hemingway, el PP era una fiesta y continúan llegando novedades. El viernes se conoció un informe de la Agencia Tributaria que revela que el PP de la comunidad de Madrid, Castilla y León y Cataluña financiaron -echando mano de la caja B del partido- el congreso del PPCV en el que Francisco Camps fue designado presidente en 2004. Según el informe, estas tres organizaciones se encargaron de abonar más de 80.000 euros en gastos del congreso en noviembre.
El evento costó cerca de 260.000 euros, de los cuales la sección valenciana sólo pagó 47.492 y el resto fue costeado con dinero negro. El acto, según el informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, fue organizado por un tradicional en la trama Gürtel: Orange Market, la empresa dirigida por Álvaro Pérez 'El Bigotes'.
El calendario de Fitur, pieza número de 3 del caso Gürtel, prevé que las declaraciones finalicen en marzo, en vísperas de fallas. La tercera pieza sienta en el banquillo a dos exconselleras: Milagrosa Martínez (también presidenta de les Corts) y Angélica Such, ambas responsables de Turismo con Camps. Para la primera, el fiscal pide 11 años de cárcel; para la segunda, Anticorrupción le atribuye únicamente el delito de prevaricación administrativa.
Pero en la pata valenciana de Gürtel no acaban los problemas. El caso Valmor, referente a irregularidades en la gestión del Gran Premio de Fórmula 1 también apunta a ser otra fuente de problemas. La investigación se inició por denuncias del PSPV y de EU, con especial atención a la compra de la empresa Valmor Sports por la Generalitat a cambio de un euro y asumiendo más de 30 millones de deudas de la sociedad. Esta mercantil organizó el Gran Premio en Valencia hasta 2012, cuando en teoría esta tarea sería encomendada a una empresa pública. Lola Johnson, exconsellera de Turismo y Francisco Camps son los principales políticos investigados. También se solicita la comparecencia de Alberto Fabra como testigo.
Y en esta "fiesta que no se acaba nunca" como se refirió a la corrupción la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, recordando la ya histórica frase de Ricardo Costa (PP), aún hay más causas abiertas, pendientes de juicio, en instrucción o investigándose en la Fiscalía Anticorrupción.
Imelsa también amenaza a buen número de dirigentes o exdirigentes populares. Marcos Benavent fue alcalde por el PP en Xátiva antes de ser gerente de la empresa a la que llegó de la misma mano, la de Alfonso Rus. El expresidente de la Diputación de Valencia y expresidente del PP provincial aparece en las grabaciones de Benavent sobre los supuestos amaños en la corporación provincial y en la empresa pública. También aparece en esas conversaciones grabadas en secreto durante años María José Alcón, que era concejal del ayuntamiento con Rita Barberá y esposa del dimitido vicealcalde Alfonso Grau, imputado en Nóos.
La justicia está al mismo tiempo pendiente de Rafael Aznar por su labor en la Autoridad Portuaria de Valencia. Aquí se investigan adjudicaciones en copiosos contratos y sobresueldos. Pasarán a declarar los integrantes del consejo de administración, entre ellos Jorge Bellver, actual vicesíndic del grupo popular en les Corts.
Sobrecostes se investigan también en el caso de la ampliación de Feria de Valencia, así como regalos y gastos de directivos, tarjeta de la entidad en mano. Fiscalía abrió diligencia a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por los lujosos regalos que supuestamente recibió de la entidad, valorados en más de 7.600 euros. La exinquilina del Ayuntamiento también está siendo investigada por facturas de 278.000 euros que su equipo de gobierno autorizó como gastos de representación durante su última legislatura. Este caso fue denunciado por Compromís bajo la etiqueta 'Ritaleaks' en campaña electoral.
A esta lista se añaden otros casos de corrupción en los que hay implicados altos cargos en entidades públicas durante el gobierno del PP. En el caso de Aido, Instituto valenciano de la Óptica, Color e Imagen, se investiga el paradero de 28 millones de euros en ayudas del Servef para formación y 4 millones más procedentes de la Generalitat Valenciana.
El tándem Císcar-Blasco también da que investigar para los juzgados. La que fuera directora del IVAM desde 2009, Consuelo Císcar, está siendo investigada por haber pagado un 1.500% por encima del valor de algunas obras del museo, cerca de dos millones de euros. También se investigan "irregularidades significativas" por gastos de viajes y alojamientos. 38.000 euros en una ocasión y 58.000 en otra por estos conceptos.
Sin moverse del panorama cultural, queda una investigación más: el Palau de les Arts, que podría estar vinculado a la supuesta financiación ilegal del PP. La principal imputada es la exintendente, Helga Smith, pero la investigación incluye al abogado José Antonio Noguera Pujol, quien es además consejero de la empresa Cleop, una constructora que podría haber aportado fondos ilegales al PP según las grabaciones de Benavent (Imelsa). También está investigado por esta causa Ernesto Moreno, ex gerente de la Fundación del Palau de les Arts y quien más adelante sería uno de los liquidadores de RTVV. El caso busca pruebas de supuestas comisiones ilegales y contrataciones irregulares de patrocinios.
El mismo juzgado que sigue los pasos de Císcar investiga además otra pata del caso por el que fue condenado su marido, el exconseller Rafael Blasco. Esta pieza del caso Cooperación, que investiga el desvío de ayudas a países tercermundistas, trata ahora de aclarar el supuesto desvío de ayudas a la construcción de un hospital en Haití, que nunca llegó a edificarse.
Otros casos que pueden quitar el sueño a más de un popular en el próximo congreso son Avialsa, en el que el principal imputado es el exdelegado de Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano. La Fiscalía Anticorrupción le atribuye los supuestos delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. Castellano adjudicó contratos a esta empresa concesionaria en materia de extinción de incendios por 33 millones de euros y la fiscalía sostiene que fue a cambio de numerosos regalos. Entre ellos, un rifle, participar en cacerías y un reloj de 80.000 euros.
Queda aún pendiente aclarar dudas sobre la gestión de la empresa de tratamiento de residuos Vaersa. Los nombres que aquí suenan son el de Isabel Bonig, actual presidenta del PPCV y por aquel entonces consellera de infraestructuras, Juan Cotino, expresidente de les Corts imputado en Gürtel y el de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, investigada en la operación Brugal.
En Vaersa se investigan sobresueldos, la compra de 65 todoterrenos y el pago de 1,8 millones de euros por informes jurídicos al despacho de abogados del hermano del exconseller socialista Segundo Bru, pese a que la Abogacía de la Generalitat se ofreció a prestar este servicio por la muy inferior cifra de 3.600 euros anuales.
Con todas estas causas abiertas y el partido bajo la lupa de la justicia, a los populares les queda un gran trecho y esfuerzo por realizar si finalmente quieren conseguir el objetivo de la regeneración política y lavar su imagen.