Foto: PLATAFORMA PDI PRECARIATVALÈNCIA. El profesorado asociado de la Universitat de València (UV) agrupado en la Plataforma PDI Precariat ha presentado un escrito de disconformidad ante la sexta suspensión del juicio por la demanda presentada por discriminación laboral contra la UV y la Generalitat Valenciana. En el documento, los demandantes solicitan que se acuerde “con carácter urgente” una nueva fecha para “los actos de conciliación y juicio” de este procedimiento.
En su demanda, los docentes de la Plataforma pedían que se les remuneraran “las horas de preparación de clases, la elaboración de materiales y evaluación continua del alumnado” como sucede con “los demás profesores a tiempo completo”, a quienes se les retribuyen cuatro horas de esta actividad por cada una dedicada a la docencia. En el caso del profesorado asociado, tienen contratos temporales con dedicación a tiempo parcial en los que se distribuyen horas de clase y de tutorías anuales a retribuir “hora por hora”.
La vista oral de este procedimiento, que debía haberse celebrado el pasado 6 de marzo tras cinco aplazamientos anteriores, quedó de nuevo suspendida porque, según expuso la jueza ante las alegaciones de la UV, el reciente acuerdo alcanzado en la Mesa General de Universidades para la modificación de un decreto que afectaba a las retribuciones de los docentes en la universidad podía tener repercusiones tanto en el desarrollo del juicio como en la sentencia. No obstante, fuentes de la Plataforma PDI Precariat aseguraron entonces a Valencia Plaza que el nuevo texto no influía en la causa, ya que lo que ellos demandaban era el reconocimiento de las horas trabajadas por las labores arriba señaladas.
Ahora, en el escrito de disconformidad, el profesorado asociado alega que la jueza ha tenido en cuenta “una norma que no existe” porque la modificación del decreto no está aprobada ni ha entrado en vigor, y señala que en cualquier caso esta no afectaría “a los motivos por los que se presentó la demanda”. Además, en el documento presentado se manifiesta que esta causa de suspensión “no se encuentra amparada en ninguna de las causas contempladas en los artículos 188 y ss. LEC, y demás concordantes de la LRJS y LOPJ”.
En este sentido, los demandantes insisten en que no existe “ninguna certeza” sobre la fecha en la que el referido decreto se publicará y entrará en vigor, y por lo tanto entienden que la suspensión acordada “supone una dilación innecesaria del proceso carente de justificación alguna”. Del mismo modo, advierten de que al haberse acordado ya “un total de seis suspensiones” la dilación está causando “perjuicios a los demandantes”, que están pendientes “del reconocimiento de un derecho para su posterior aplicación” que podría dar lugar “a depurar posibles responsabilidades”.
Antes de este último aplazamiento, el juicio se había suspendido en otras cinco ocasiones por diversos motivos, como la no presentación de documentación, un positivo por covid-19 o asuntos personales de la jueza. Este lunes se ha producido la sexta de estas suspensiones debido a la modificación de un decreto de 2002 que afecta a las retribuciones del personal docente de la universidad.
