El acuerdo, suscrito inicialmente en 2020, supone una prórroga de cuatro años y estará vigente hasta julio de 2028.
En concreto, el convenio articula el procedimiento para que la inspección delegada y los letrados del servicio de inspección accedan de forma remota desde sus terminales informáticos a los expedientes judiciales y libros electrónicos de los juzgados y tribunales que tienen su sede en el territorio valenciano.