Miembros de la JEC, en una reunión. Foto: JUNTA ELECTORAL CENTRALVALÈNCIA (EP). El PSOE y el PP, como partidos mayoritarios del Congreso, llevan más de cuatro meses incumpliendo la Ley Electoral que obliga a renovar a la Junta Electoral Central (JEC) en los noventa días posteriores a la constitución de las Cortes, y eso hace que el máximo organismo arbitral vaya a afrontar cuatro procesos electorales consecutivos con el mandato agotado.
La JEC, el órgano superior de la Administración Electoral con sede en el Congreso, está compuesta por ocho magistrados del Tribunal Supremo designados por sorteo y cinco catedráticos en activo de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología designados por el Congreso a propuesta conjunta de los partidos. También asiste, con voz pero sin voto, el director de la Oficina del Censo Electoral y ejerce como secretario de la JEC el secretario general del Congreso.
Es el único órgano electoral que tiene carácter permanente, ya que las juntas de zona, provinciales y autonómicas se crean expresamente para cada proceso electoral. Sus integrantes, que no cobran por serlo y sólo perciben dietas de asistencia a sus reuniones, han de ser renovados en cada legislatura.
Concretamente, la LOREG obliga al Congreso a renovar a la JEC en los noventa días siguientes desde la constitución de las Cortes, y ese plazo arrancó el pasado mes de agosto y ya se ha superado ampliamente sin que la Mesa del Congreso haya recibido ninguna propuesta de los partidos con representación parlamentaria.
El escollo principal es que alguno de los principales partidos va a tener que perder una de las cinco plazas de juristas que corresponden al Legislativo. En la anterior legislaturas, el PSOE promovió a dos candidatos y los otros tres se repartieron entre PP, Vox y Unidas Podemos. Pero, tras la victoria del PP en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, el reparto debería cambiar.
Los 'populares', como partido mayoritario, reclaman ahora dos de los cinco nombres, como tenía el PSOE, pero ni los socialistas quieren ceder uno, ni Sumar está dispuesto a quedarse fuera. Podrían intentar excluir a Vox, rompiendo al tradición no escrita de dejar hueco a la tercera fuera del Congreso. Y en ese contexto sigue sin haber acuerdo para aprobar una propuesta en la Mesa del Congreso.
Cuando el Congreso apruebe su propuesta, los cinco catedráticos deberán pasar examen ante la Comisión Consultiva de Nombramientos para que la Cámara de su plácet, un trámite del que se libran los ocho vocales de carrera judicial.
Y mientras esa renovación no se produzca, la actual Junta Electoral Central que preside el magistrado Miguel Colmenero seguirá ejerciendo sus funciones y supervisando los procesos electorales en curso.
Ya estuvo al frente en los comicios gallegos de febrero, pero ahora se le van a cumular otros tres procesos electorales consecutivo, si los partidos no ponen remedio. De hecho, la JEC ya está inmersa en las elecciones vascas del 21 de abril y en las catalanas del 9 de mayo, aunque en comicios autonómicos el grueso de las labores d administración electoral lo realizan las juntas provinciales y autonómicas, y su principal misión es estar preparada para los recursos que puedan llegar a Madrid.
Pero si sigue sin haber acuerdo, la JEC en funciones tendrá que acometer la supervisión de las elecciones europeas del 9 de junio, que son de circunscripción única estatal y todas las funciones de la administración electoral se ejercen desde el máximo organismo arbitral.
Quien sí ha hecho sus deberes ha sido el Poder Judicial, ya que el Consejo General (CGPJ) comunicó a principios de noviembre los nombres de los ocho magistrados del Supremo que se integrarán en la nueva JEC, elegidos por insaculación. De entre ellos saldrán las personas que ocupen la Presidencia y Vicepresidencia de la Junta esta legislatura.
Se trata de tres magistrados de la Sala de lo Penal -Carmen Lamela, Javier Hernández García y Miguel Magro Servet-; dos de Contencioso-Administrativo -Angel Ramón Arozamena y María Isabel Perelló-, otros dos de la Sala de lo Social -Ángel Antonio Blasco Pellicer y Concepción Rosario Ureste-, y uno de la Sala de lo Militar: Fernando Martín Castán.
En esa lista hay nombres que han gestionado causas muy conocidas. Carmen Lamela, cuando estuvo en la Audiencia Nacional, dirigió la investigación judicial contra el que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, que finalmente fue absuelto. Ángel Ramón Arozamena Laso fue uno de los dos magistrados que emitieron un voto particular contra la admisión a trámite de los recursos presentados por el PP, Ciudadanos y Vox contra los indultos concedidos a los condenados por el procés.
Además, Isabel Perelló Doménech fue una de los jueces que barajaron en su momento los vocales progresistas del CGPJ para convertirse en miembro del Tribunal Constitucional, mientras que el magistrado Vicente Magro Servet fue senador del PP por Alicante entre 1996 y 1997 y años después, en 2001, se convirtió en presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, un cargo que ocupó hasta 2016.
