Publicidad engañosa en la Carta Magna

12-12-18. Salimos de la resaca del aniversario de la Constitución. Y justo el mismo día que cumple 40 años, los medios informan de que uno de los asesinos de los abogados de Atocha ha sido detenido. El franquismo dejó muchos crímenes, pero permítanme que me detenga en este.

Fue en el año 1977, la noche del 24 de enero. Esa noche en un despacho de Madrid estaba trabajando un grupo de abogados de CCOO y militantes del entonces ilegal PCE. Como cabe imaginar, en aquella época ser abogada/o laboralista de CCOO no era tarea fácil. Pero el riesgo y el esfuerzo era compensado por formar parte de la batalla por la libertad y la democracia. Pues no eran meros abogados. Eran parte del entramado social gracias al cual se construía la alternativa al franquismo. Sabedores de que los derechos laborales van ligados a los derechos políticos y civiles, buscaban para la defensa de estos derechos resquicios en las normas de la dictadura.

Cinco de estos abogados fueron asesinados y cuatro gravemente heridos a manos de la ultraderecha. Aquellos individuos actuaban convencidos de su impunidad y ni siquiera consideraron que deberían huir. Pero, frente a esos horribles crímenes, el entierro en absoluto silencio, convertido en masiva manifestación de repulsa, fue clave para avanzar en esa transición hacia la democracia. Las calles de Madrid enmudecieron de tristeza e indignación. Ese, y no otro, fue el contexto social de la transición.

Seis meses después de aquella terrible matanza se celebraron las primeras elecciones y con ellas el arranque de nuestra querida democracia, con sus virtudes y defectos. Luego llegó ese texto tan celebrado, que blindó la monarquía ¿hasta cuándo? Y dejó los derechos sociales a merced de las buenas intenciones y así nos va.

Es una obviedad que hemos avanzado mucho desde entonces ¡faltaría mas! y no sin muchos esfuerzos. También que queda mucho por hacer. Que haya gente que hoy reivindique con alegría el franquismo y sus pantanos es muestra de las carencias de nuestra democracia. Pero ¿nos protege la Constitución en nuestro ejercicio de libertades básicas? Que un humorista sea juzgado por fingir sonarse los mocos con la bandera y un cantante condenado por sus letras pone en evidencia las debilidades de nuestro sistema de libertades. Aún hoy procesan a sindicalistas en relación al ejercicio del derecho de huelga (y nunca a empresarios que impidan su ejercicio) y vivimos con una legislación en la que el derecho de reunión y manifestación cuenta con multas de hasta 600.000 euros por manifestarse sin permiso. Quizás el problema no esté tanto en la Constitución, sino en cómo algunos la desarrollan. Quizás quienes la esgrimen no se la creen. Quizás la transición no la hicimos todos.

¿Y los derechos sociales? Acaso les suene aquello del derecho a una "vivienda digna y adecuada", o las "pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas". Quizás las buenas intenciones estaban, pero como al parecer no eran más que eso, la realidad ha sido otra.

Las carencias de la Constitución a veces se suplen con leyes. Y en ello estamos. Buen ejemplo es el proyecto de Ley de Servicios Sociales Inclusivos que tramitan Les Corts a propuesta del Consell del Botànic, en el que éstos devienen derechos subjetivos, garantizados. Al igual que la Renta Valenciana de Inclusión. Porque el Botànic sabe que son las políticas sociales las que construyen igualdad y protegen a la gente que más lo necesita, garantizando las necesidades básicas.

¿Y los derechos fundamentales? Si volvemos la mirada 40 años atrás, veremos que la mujer en el franquismo no podía ni abrir una cuenta en el banco sin el consentimiento del marido. El nacional catolicismo y falangismo coincidieron en la exaltación del patriarcado y la glorificación de la maternidad. Como consecuencia, el franquismo supuso un enorme retroceso en el camino hacia la igualdad.

Obviamente si se pretendía avanzar en igualdad, hubiera sido necesario ir más allá de recoger a secas el Principio de Igualdad (art. 14 CE), dada la dramática desigualdad de la que se partía. No fue hasta el 2007 cuando las mujeres tuvimos nuestra Ley de Igualdad. La ley de plazos sobre la interrupción del embarazo que nos permite decidir sobre nuestro propio cuerpo llegó en el 2010. El PP las recurrió ante el Tribunal Constitucional. Aún hoy seguimos peleando por la igualdad ¿Y la aconfesionalidad del Estado? Sin duda también está pendiente.

¿Y qué me dicen de la homosexualidad y la transexualidad? Tratada como enfermedad peligrosa, fue duramente perseguida en la dictadura con penas en cárceles o manicomios. A pesar del daño padecido, ni siquiera existe para la Constitución de manera expresa. Y no porque hace 40 años no hubiera gais, lesbianas ni transexuales (aunque seguro que algún nostálgico así lo cree). No, porque sencillamente los "padres" de la Constitución no pretendían mencionarles. Bien lo sabía el fundador de Lambda Fernando Lumbreras, asesinado la pasada semana. Cada uno de los derechos del colectivo LGTB ha sido fruto de una batalla y él las libró todas a lo largo de su vida.

La cuestión ahora es si 40 años después ¿avanzamos, nos paramos o retrocedemos?

No existe la Constitución perfecta o ideal, pero lo que está claro es que no debe ser un freno para avanzar.

España es uno de los países en los que más ha crecido la pobreza desde el inicio de la crisis, sin embargo seguimos lejos de la media europea en gasto social. Una de las consecuencias que estamos viviendo estos días por la precarización de los derechos sociales es que Francia está en llamas: la gente se ha cansado de que el Estado les dé la espalda. "Los de abajo" se rebelan contra un sistema que se burla de sus derechos sociales. La sociedad demanda nuevos consensos, en los que se escuche la voz de la gente.

La única solución a todas las demandas sociales es la democrática: regenerar el pacto social a través del diálogo abierto, con generosidad y sin demagogias ni tacticismos. Y en lugar de blindar la monarquía sería mejor blindar los derechos sociales y las libertades y así mejorar la vida de la gente, que para ello estamos en política, algunas.

Isaura Navarro es diputada de Compromís en Les Corts