Foto: RAFA MOLINA. BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm tendrá que pagar 283 millones de euros por los terrenos de Serra Gelada, más intereses, cifrados en 50 millones de euros: unos 330 millones de euros en total. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha resuelto el recurso interpuesto por los propietarios, en el que se ha admitido el del empresario local, Quico Murcia Puchades, que solicitaba esta contraprestación por no haber ejecutado el convenio que firmaron las dos partes y que lleva seis años caducado.
Como se recordará, los dueños de este suelo firmaron un acuerdo con Vicente Pérez Devesa de alcalde en 2003, y fue prorrogado ya con el gobierno de Agustín Navarro en 2010 y 2013. De este modo, trataban de dar salida a una situación creada con el nuevo PORN, que declaraba Serra Gelada como parque natural y, por tanto protegido desde 2005. En él, se establecía las compensaciones por no poder edificar en sus parcelas.
Tal y como ha podido confirmar este diario, la sentencia, que es recurrible dentro del plazo de 30 días, revoca la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante que lo calculaba en unos 600.000 euros. Así, el fallo desestima los recursos de Antonio Manuel Puchades Orts, FPO SA y Rucalaf SL. Y sí se admite el de Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL, que son propiedad de Quico Murcia Puchades.
La resolución recoge que el Ayuntamiento tendrá que abonar este importe en concepto de compensación por los aprovechamientos urbanísticos de los terrenos de su propiedad incluidos en el Sector APR-7.
El convenio se comprometía a compensar con edificabilidad en otras parcelas a los propietarios por esos terrenos, que el Plan General de 1963 reconocía como urbanos. El PP comenzó la revisión de oficio de este convenio en 2021 y el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) avaló la nulidad del acuerdo. Así, en noviembre de 2022 se aprobó por el pleno con el voto a favor de los populares y la abstención de PSOE y Ciudadanos.
No obstante, los informes aportados en aquel entonces consideraban que la indemnización económica no tiene cabida por parte del Consistorio por reconocer a dichos propietarios derechos de aprovechamiento urbanístico, que no se ha patrimonializado, y por tanto, que no se había adquirido "dado que no habían procedido a la cesión, equidistribución y urbanización". Esta tesis recogía que aunque los terrenos estuvieron clasificados en el PGOU de 1963 como suelo urbano, "no parecían contar" con los requisitos exigidos como acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, etc.
