Los pueblos en riesgo de despoblación pierden más de 12.000 explotaciones en 20 años, según la Unió

VALÈNCIA (EP). Las 172 poblaciones en riesgo de despoblamiento en la Comunitat Valenciana han perdido a lo largo de los últimos veinte años unas 12.300 explotaciones, lo que supone un 45% menos, y casi 47.000 hectáreas de cultivo, un 22% menos.

Así lo pone de manifiesto un estudio elaborado por La Unió de Llauradors, que ha comparado la variación del número de explotaciones y de superficie de cultivo a través de los censos agrarios oficiales comprendidos entre el año 2020 y 1999 de los pueblos con riesgo de despoblamiento del territorio valenciano.

También ha utilizado para su estudio el 'Informe sobre el medio rural' del CES-CV de julio de 2020. La variación de cifras del estudio puede variar al alza o a la baja con la actualización de los últimos dos años, de los que no se conocen datos, detalla la organización en un comunicado.

Del conjunto de los datos analizado por La Unió, se desprende que la población en esos 172 municipios con 78.862 habitantes solo representaba el 1,58% del conjunto de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, si se analiza el número de explotaciones agrarias existen 15.038 en esas localidades, lo que supone el 15% del total, cifra que demuestra la gran importancia de la agricultura y la ganadería en esas zonas.

Castellón, la situación "más grave"

Las poblaciones en riesgo de despoblamiento representan el 31,8% de las 542 localidades de la Comunitat Valenciana. La provincia de Castellón es donde la situación es más grave, con 87 poblaciones en ese riesgo, que representan el 64,4% de toda la Comunitat Valenciana. La de Alicante con 29 municipios el 20,6% y por su parte la de Valencia con 56 supone el 21%.

En el análisis provincial se aprecia que Castellón ha perdido en los pueblos en riesgo de despoblación durante el periodo 2020-1999 un total de 4.594 explotaciones (un 41,2%) y 27.555 hectáreas (un 23,9%). En la provincia de Valencia son 5.363 explotaciones menos (un 45,1%) y unas 14.832 hectáreas (un 18,1%). Por su parte la provincia de Alicante ha disminuido en 2.336 explotaciones (un 52,4%) y 4.559 hectáreas menos (un 26,9%).

Los datos demuestran --recalcan desde La Unió-- que "la falta de políticas o la ineficacia de estas ha provocado que la gran mayoría de las localidades en esta situación sigan perdiendo población y también uno de los motores para evitar su vacío como es la actividad agraria, puesto que el abandono de explotaciones y superficie sigue al alza".

Al respecto, el secretario general de La Unió, Carles Peris, señala que el objetivo del estudio es alertar de que "hay que dar pasos más firmes pues las actuales políticas no están sirviendo para evitar la pérdida de explotaciones y de superficie agrícola de una actividad que es clave para evitar el despoblamiento".

En este sentido, la entidad propone que se establezca una intervención territorial para dar apoyo a los cultivos de secano tradicionales y de baja rentabilidad (olivar, frutos secos, viña y cereal), con el objetivo de mantener una actividad económica en zonas con riesgo de despoblamiento.

Incentivos fiscales "ambiciosos"

Del mismo modo la organización solicita incentivos fiscales "ambiciosos" (fiscalidad diferenciada) para los territorios con riesgo de despoblación que induzcan a particulares y empresas a permanecer en el territorio o a radicar ex novo su domicilio allí.

Así mismo propone que los ayuntamientos de poblaciones en riesgo de despoblación establezcan el mínimo tipo impositivo aplicable en el IBI para todas aquellas construcciones e instalaciones necesarias para el desarrollo de actividades económicas ganaderas y que estos ayuntamientos sean compensados en su reducción de ingresos por parte del Gobierno.

También aboga por conceder ayudas para el alquiler de viviendas para familias con hijos e hijas menores de 16 años que quieran residir en municipios con riesgo de despoblación. Otras propuestas de La Unió pasan por la exención general de las tasas de precios públicos para empresas y emprendedores en zonas con riesgo de despoblación, a través de una compensación a las administraciones locales que la aplican.