España es un país descentralizado, en el que las CCAA tienen una elevada autonomía para obtener sus ingresos y decidir a qué programas de gasto público los destinan. Sin embargo, no todas las comunidades están en la misma situación de partida, debido fundamentalmente a dos motivos. En primer lugar, destaca la situación de las dos Comunidades Forales (País Vasco y Navarra), que tienen mayor autonomía, obtienen más recursos y por lo tanto cuentan con servicios públicos mejor financiados. En segundo lugar, el resto de CCAA, denominadas de Régimen Común, tampoco reciben el mismo tratamiento entre ellas. El Sistema de Financiación Autonómica es muy complejo y genera importantes desigualdades. Las mejor situadas son Cantabria y La Rioja, otras como Cataluña o Madrid están prácticamente en la media y en la cola se encuentran Murcia y la Comunitat Valenciana.
Ante esta desigualdad, ¿qué puede hacer la Comunitat Valenciana para aumentar sus ingresos?
La respuesta la ofrece el propio sistema de financiación, que permite a todas las CCAA aumentar o reducir los impuestos para adaptarlos a sus necesidades. Los impuestos recaudados por una comunidad autónoma se pueden clasificar en dos tipos: Tributos Propios establecidos por cada una de ellas, como por ejemplo el Canon de Saneamiento; y Tributos Cedidos, que regula el Estado, pero que pueden ser modificados por las CCAA. Los primeros tienen escasa relevancia recaudatoria, mientras que los Tributos Cedidos representan casi un 40% de los ingresos autonómicos. Los más importantes son el tramo autonómico del IRPF, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Patrimonio y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
Todas las CCAA han ejercido su autonomía creando nuevos Tributos Propios y modificando los Tributos Cedidos. La mayoría de ellas ha decidido aumentarlos para generar mayores ingresos, como por ejemplo la Comunitat Valenciana, que obtiene 400 millones de euros adicionales gracias a estas medidas. Sin embargo, hay una región que se ha comportado de forma distinta. La Comunidad de Madrid tiene la tarifa más baja en el IRPF, aplica una bonificación del 99% en el Impuesto sobre Sucesiones, ha eliminado de facto el Impuesto sobre Patrimonio y mantiene el tipo impositivo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en el 6%, el más reducido de España. Estas medidas tienen un importante impacto, ya que Madrid deja de recaudar más de 4.000 millones de euros al año debido a estas rebajas fiscales, lo que representa el 25% de sus ingresos.
¿Qué consecuencias tiene la reducción de impuestos madrileña?
Hay que distinguir entre dos tipos de consecuencias: sobre los propios ciudadanos madrileños y sobre los que vivimos en el resto de España.
Respecto a los ciudadanos madrileños, desde una visión simplista se podría argumentar que ven reducida su factura fiscal, de media, en más de 600€ al año. Sin embargo, esta media no representa a todos los madrileños por igual. Las rebajas fiscales las aprovechan aquellos que tienen una renta y un patrimonio elevados, mientras que la gran mayoría sigue pagando prácticamente lo mismo. Pero esta bajada de impuestos tiene consecuencias sobre el Estado del Bienestar, relegando a Madrid a la última posición de España tanto en ingresos como en gastos públicos por habitante. Esto repercute en la calidad de los servicios que presta, como la educación, la sanidad o los servicios sociales. Unos pocos afortunados pagan menos impuestos, mientras la gran mayoría de madrileños soporta ese coste con unos servicios públicos peor financiados.
Pero las decisiones tomadas por Madrid también afectan a los que vivimos en otros lugares del territorio español. Las personas que cuentan con elevados ingresos y, sobre todo, con grandes fortunas tienen un fuerte incentivo a trasladarse a Madrid, gracias a la menor tributación que van a soportar en el IRPF, a la prácticamente nula imposición sobre herencias y a la inexistente fiscalidad sobre el patrimonio. Estos cambios de residencia los soportamos todos los que vivimos en el resto de España, pues nuestros gobiernos autonómicos no van a poder contar con esos impuestos, debilitándose los servicios públicos que recibimos.
¿Podemos hacer nosotros lo mismo que Madrid?
Nada impide al gobierno valenciano seguir la misma senda que ha emprendido Madrid, pero hay que pensar en las consecuencias sobre nuestros servicios públicos. Si la Comunitat Valenciana llevara a cabo las mismas rebajas impositivas que la Comunidad de Madrid, los ingresos se reducirían aproximadamente en 1.100 millones de euros. Esta cantidad equivale a todo el presupuesto de Servicios Sociales, o a la cuarta parte del presupuesto en Educación. Si se añade el problema de la infrafinanciación, la Comunitat Valenciana sería, con mucha diferencia, la que tendría menos recursos por habitante de España, limitando nuestro desarrollo a medio y largo plazo.
La solución no debe pasar por una reducción de impuestos, especialmente el Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que son claves en la redistribución de la riqueza, sino por la urgente reforma del Sistema de Financiación Autonómica, que garantice unos recursos similares con unos impuestos semejantes en todas las CCAA. De esta forma todos los ciudadanos tendremos la posibilidad de beneficiarnos de unos servicios públicos de calidad independientemente de donde vivamos.
Rafael Granell es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València y coautor del Informe de IvieLAB 'Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal'
