El Puerto valora en 127 millones los terrenos de La Marina que recuperará al extinguirse el Consorcio

VALÈNCIA. El Puerto de València valora en 127 millones de euros el conjunto de terrenos y construcciones de La Marina que se incorporarán a su patrimonio una vez extinguido el convenio con el Consorcio Valencia y asumida la deuda de este ente por parte del Estado. Se trata de una primera estimación realizada por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), que ha encargado una tasación de los inmuebles construidos por el Consorcio sobre los terrenos adscritos de la APV y que son propiedad del Estado al haber financiado su construcción.

Así figura en las cuentas de la APV de 2021, donde la entidad que preside Aurelio Martínez detalla las consecuencias derivadas de la extinción del convenio suscrito en su momento con el Consorcio Valencia 2007 para la cesión del suelo y los edificios de La Marina con el fin de que pudiera explotarlos una vez celebrada la Copa América de vela.

Junto a la asunción de la deuda por parte del Estado, formalizada en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, el Gobierno central ha dado por finalizado ese convenio porque la finalidad del mismo era que el Consorcio, como ente gestor de La Marina, pudiera obtener con la explotación de ese espacio los ingresos suficientes para devolver el crédito del ICO para financiar la construcción de las infraestructuras necesarias para la Copa América.

Como el Consorcio no ha podido pagar y la deuda ha sido asumida por el Estado, la Abogacía del Estado determinó en un informe emitido en mayo de de 2021 la necesidad de afectación de los bienes construidos por el Consorcio al servicio de puertos y la adscripción de los mismos al patrimonio gestionado por la Autoridad Portuaria de Valencia.

Se trata de los casi 400.000 metros cuadrados que constituyen el dominio público portuario de la Marina Real Juan Carlos I. Ahí se incluyen toda marina sur y norte, las zonas con actividad náutico-deportiva, los amarres y muelles de la dársena interior y algunos locales situados en la franja de terreno que recae sobre el canal, ocupados por empresas de varios sectores y locales de restauración.

Estos terrenos quedaron delimitados en el Plan Especial de la Marina Real que las administraciones firmaron en 2014 para la ordenación urbanística de la Marina una vez finalizada la competición deportiva. Ese mismo año, el Gobierno central acordó ceder gratuitamente al Ayuntamiento de València terrenos desafectados de la zona de servicio de la APV circundantes con la dársena interior y algunas instalaciones y edificios sobre esos terrenos como el edificio Veles e Vents, los Docks o los tinglados.

Desde entonces, el Consorcio Valencia 2007 ha tenido cedido tanto de los activos registrados en la APV como del "derecho expectante" que la APV mantiene sobre otros activos construidos por el Consorcio en la Marina Real.

La APV explica en sus cuentas anuales que la situación generada con la extinción del convenio es "excepcional" porque los inmuebles fueron construidos por el Consorcio sobre terrenos adscritos a la APV y con un crédito que ha sido asumido por el Estado. "Se trata de una adscripción patrimonial mediante la cual se afectan al servicio de puertos bienes pertenecientes a la Administración General del Estado", refleja la memoria de resultados del Puerto.

Desde el 1 de enero del año pasado, fecha en la que se hizo efectiva la ruptura del convenio con la entrada en vigor de los Presupuestos Generales con los que el Estado perdonó la deuda, el Consorcio ha seguido gestionando La Marina con una autorización provisional sobre los espacios cuyo uso ha tenido cedido para no paralizar la gestión de las concesiones y autorizaciones a favor de las empresas que ocupan el frente marítimo.

Entretanto, la APV está preparando la licitación de un nuevo concurso público para la gestión de La Marina después de que la Comisión Europea haya determinado que la explotación de las instalaciones náutico deportivas debe adjudicarse en un concurso público. Pero para ello es necesario determinar los bienes que se encontrarán en el ámbito de esa concesión, entre ellos cerca de 700 amarres, y la valoración de los mismos "para poder establecer las tasas correspondientes" que ingresará el Puerto del concesionario que se adjudique la explotación de la dársena interior.

La incorporación de los bienes de La Marina al patrimonio de la APV está pendiente de formalizar en un acta de entrega porque es necesario concretar los elementos incorporados, su estado de conservación y demás requisitos formales del procedimiento administrativo. Para ello, la entidad que preside Aurelio Martínez ha encargado una tasación de los inmovilizados construidos por el Consorcio Valencia 2007 que serían adscritos al patrimonio de la APV, sobre los que ha realizado una valoración neta inicial de 127 millones de euros.

La salida del Estado del Consorcio se hizo efectiva el pasado 1 de noviembre. Desde entonces, la negativa del Ayuntamiento de València a que la APV tomase el relevo del Ministerio de Hacienda como representante del Estado en dicho ente ha llevado a tener que iniciar el proceso de liquidación del Consorcio a la espera de que se constituya un nuevo ente para gestionar La Marina.

El Puerto ingresa 14 millones por las obras que pagó

Por otro lado, el Puerto de València desvela en sus cuentas que la Agencia Tributaria le ha pagado este año 14 millones de los 28,1 millones que le venía reclamando al Consorcio Valencia 2007 desde 2018 en concepto de costes de reposición. Se trata de una deuda que el ente gestor de La Marina mantenía con la APV por las inversiones realizadas y anticipadas por el Puerto en su momento para celebrar la Copa América.

El Puerto tenía totalmente provisionada esa cantidad en sus cuentas dada la situación de insolvencia del Consorcio, pero la reclasificó como deuda a cobrar porque el Estado, además de la deuda con el ICO, también se hizo cargo de esos costes de reposición. De momento la APV ha ingresado ya 14 millones de esa deuda y este año se cobrará el segundo plazo, que se eleva a 16,9 millones.

Según el acuerdo de colaboración que se firmó en 2005 para celebrar la competición de vela, las obras ejecutadas por la APV debían ser restituidas en concepto de costes de reposición. Inicialmente se valoraron en 23,3 millones de euros, pero el Consorcio se negó a pagar y la APV inició un procedimiento administrativo que desembocó en un pronunciamiento de la IGAE en 2018 que reconocía el derecho de la APV a recibir esa compensación.