Puerto Mediterráneo cifra en 300 millones la reclamación al Consell por tumbar su proyecto

VALÈNCIA. El macrocentro comercial y de ocio Puerto Mediterráneo -rebautizado recientemente como Intu Mediterrani- superó recientemente un difícil escollo: el de lograr el respaldo formal del Ayuntamiento de Paterna para iniciar de nuevo la tramitación autonómica. La empresa afronta esta fase tras haber corregido los aspectos que motivaron su rechazo en 2016, tal y como le solicitó públicamente la Generalitat, pero este avance, lejos de calmar las aguas tras el sonoro desencuentro, ha derivado una auténtico vendaval. La razón es el rechazo público con el que ha vuelto a encontrarse la firma por parte de la administración valenciana, circunstancia que ha llevado a la compañía a incidir en su ofensiva judicial en el marco del contencioso administrativo que presentó en su día contra el 'no' del Consell al proyecto.

Según trasladan a Valencia Plaza fuentes empresariales, la promotora Intu Eurofund, muy molesta con las recientes declaraciones tras la presentación de su nuevo proyecto vertidas por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, sigue alimentando la vía judicial para lograr su objetivo: construir en Paterna un complejo que lleva más de ocho años en el limbo. Tanto es así que la firma ya ha cifrado la reclamación económica que contempla realizar a la Generalitat Valenciana por tirar atrás en 2016 un proyecto que antes había validado en 2015, durante el gobierno de Alberto Fabra (PP).

El montante, obtenido a partir de un análisis pericial, asciende a alrededor de 300 millones de euros, cifra que tendría en cuenta tanto el perjuicio causado a la empresa por el cambio de criterio -cabe subrayar que la mercantil es propietaria del 50% del terreno y suma hasta el 90% comprometido-, como el lucro cesante por la ganancia legítima de la que no disfrutarían sus impulsores. Preguntadas al respecto, fuentes oficiales de Intu Eurofund rehúsan valorar esta información -que ni confirman ni desmienten- y rechazan también pronunciarse oficialmente sobre las palabras de Oltra y Cebrián tras la presentación de su nuevo proyecto. 

No obstante, según ha podido constatar este periódico, en el seno de la empresa el sentimiento es de ruptura con la administración valenciana. La mercantil, de capital y carácter británico, no comprende el cambio de criterio de los dirigentes valencianos respecto a lo manifestado en febrero de este mismo año, cuando el presidente Ximo Puig accedió por primera vez a negociar con Puerto Mediterráneo "una solución de consenso" tras reunirse con el embajador del Reino Unido en España, Simon Manley -tal y como reveló este diario-.

Aquel encuentro con el embajador pareció cambiarlo todo. Puig afirmó públicamente que la Generalitat apoyaría "cualquier proyecto que cumpliera la normativa", un discurso que hizo suyo la consellera de Obras Públicas María José Salvador -que en su día fue quien firmó el rechazo al complejo-. Pero la verdadera sorpresa llegaría cuando importantes dirigentes de Compromís -la formación del Gobierno Valenciano que aglutina el 'no' al proyecto- se alinearon con el mensaje de Puig: "Si Puerto Mediterráneo presenta un proyecto que se ajusta a la legalidad seguirá adelante", afirmó la vicepresidenta, Mónica Oltra, cuyo respaldo fue compartido por el conseller de Economía, Rafael Climent.

Puerto Mediterráneo se vio entonces ante el dilema de acometer los cambios que reclamaba el Consell -fundamentalmente retirarse 50 metros más de la carretera CV-35 y reducir, en consecuencia, un 25% su superficie- o confiar exclusivamente en la vía judicial. Se decantó por la primera opción, y el pasado mes de julio presentó su nuevo proyecto tratando de cumplir todos los requisitos solicitados.

Lo ocurrido tras dicha presentación es el choque frontal entre la lógica empresarial y la política. La propiedad de la empresa creía haber hecho los deberes, pero obtuvo como respuesta el discurso originario de Compromís, el propio de una formación contraria a los grandes centros comerciales a pocos meses de unas elecciones autonómicas.

El primer varapalo llegó de Oltra, que aparcó su promesa de febrero para pasar a afirmar que "conviene hacer caso" a las consultoras -como Aguirre Newman- que hablan de "saturación de centros comerciales". "Lo mejor para establecer los proyectos estratégicos es atender a los informes solventes e independientes" y que no tengan "interés económico" en el proyecto, afirmó la dirigente al ser preguntada por el regreso del trámite al cauce autonómico.

Por su parte, la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, si bien hizo hincapié en que la administración abordará la tramitación con "la máxima transparencia", desmereció el proyecto al compararlo con grandes iniciativas de ocio -en aparente referencia a Terra Mítica- que no obtuvieron el éxito esperado. "Habría que ver ejemplos de proyectos similares en el pasado, qué ha pasado, si han tenido éxito o no, y si en algún caso nos están costando dinero a los valencianos", dijo.

Mientras tanto, y como ya ocurrió tras el no inicial a Puerto Mediterráneo, el PSPV se ha puesto de perfil, circunstancia que ha enfadado todavía más a los impulsores del proyecto y los ha llevado a mirar la vía judicial como la principal ruta para lograr su objetivo. A día de hoy, la lectura que hace la multinacional británica es que se encuentra en un territorio donde rige la inseguridad jurídica y en el que solo les queda defenderse ante los tribunales.