Puertos contra ciudades

¿Los puertos como parte de una ciudad o como elementos sospechosos de la misma? Esta pregunta podría recorrer distintos espacios de la geografía valenciana, de norte a sur. Pero basta mirar a las dos ciudades más pobladas, València y Alacant, para ver que la pregunta no se hace gratuitamente, pudiéndose identificar características comunes que otorgan a estos espacios un carácter de república independiente dentro de la ciudad que los alberga.

En el caso del cap i casal, hace unos días nos desayunamos noticias que apuntan a que en el propio seno de su autoridad portuaria se ha ocultado información capital a una parte de los miembros del consejo portuario, como el informe de la Abogacía del Estado que refleja irregularidades en la permuta de concesiones a una naviera. En paralelo, el proyecto de ampliación portuaria, en contra de la ciudad, los vecindarios más costeros, la Generalitat y agentes sociales de todo tipo, sume a la ciudad en una especie de zozobra amenazante respecto a los efectos urbanos que pueda tener para la ciudad el incremento de la presencia de camiones o los daños medioambientales que sufrirían las playas del entorno y el parque natural de la Albufera.

En Alicante, el espacio ocupado por el puerto y su desarrollo acumula año tras año distintos tipos de polémicas en su relación con la ciudad. Las más recientes apuntan también a factores medioambientales de calidad del aire o de seguridad, como la descarga de graneles o el rechazo a la instalación de depósitos de combustible. Y no faltan escenas un tanto surrealistas, incluso como es el hecho de que los propios vecinos de los barrios limítrofes al puerto no puedan acceder a las zonas verdes en el espacio portuario porque están aisladas de la ciudad por vías ferroviarias en desuso (otro día podemos hablar de Adif).

Problemáticas semejantes a las de València y Alacant se reproducen en Gandia, Castelló, Sagunt… Distintos elementos, entre los que destacaría una visión especulativa de la gestión del espacio urbano, han propiciado que ciudades como las dos capitales de las que hablamos no hayan visto una integración correcta de los puertos en sus núcleos urbanos, creando descoordinaciones administrativas tan potentes e incoherentes a la hora de establecer políticas sostenibles y para la ciudadanía como la de no ponerse de acuerdo a la hora de diseñar la fachada marítima de la ciudad. Algo que, coincidirán conmigo, resulta un tanto contradictorio en una tierra como la nuestra en la que estamos todos los días hablando de turismo. Si no cuidas la principal postal de toda ciudad que mira al mar, ¿de qué estamos hablamos entonces?

Si se fijan, la respuesta a cualquier movimiento ciudadano o por una integración sostenible de los puertos en las ciudades, se basa en una contestación alertando de que el rechazo a depósitos de gasolina a escasos metros de barrios habitados o a la ampliación portuaria de turno es un obstáculo para la creación de riqueza. Es una constante. Y es que también ha existido una acción contraria a esta integración que, en el pasado, como ahora en el Puerto de Valencia, siempre ha supeditado la relación puerto-ciudad a la ganancia. ¿De la ciudad? ¿De sus habitantes? No lo parece.

No obstante, esta sensación de vivir una realidad urbana en la que existe un limbo administrativo entre las ciudades y el mar no puede ser motivo de desaliento ciudadano. Y volvemos a nuestros dos principales puertos: si en Valencia, la contestación ciudadana está yendo más si cabe en contra de la ampliación portuaria con una decidido NO, en Alicante, a lo largo de esta y la anterior legislatura, la voz ciudadana ha hilvanado junto con la política más receptiva un discurso para no solo dar batalla al puerto, sino ganarla. Ahí está el proyecto de almacenes cerrados de graneles para la mejora de la calidad del aire de los barrios del sur de Alicante, proyecto dicho sea de paso que fue contemplado escépticamente en origen desde la propia Autoridad Portuaria incluso poniendo en duda la capacidad contaminante del polvo de clinker, azufre, carbón y otras sustancias tóxicas que se dispersaba por Barrios como San Gabriel o Benalúa sin reparo alguno. Y ahí está el trabajo que se hizo por parte de los grupos del Botànic en Les Corts cambiando la LOTUP para prohibir que se puedan realizar movimientos de sustancias peligrosas a menos de mil metros de una zona urbana que frena en seco el proyecto privado de depósitos de combustible impulsados en Alicante.

Más que nunca, la batalla por integrar el puerto en la ciudad, de tener un espacio sostenible industrial pegado a nuestras viviendas o parques, pasa por la exigencia sin miramientos de una coordinación transparente de las autoridades portuarias con la voluntad ciudadana y del cumplimiento de la promesa dada hace un año a la Generalitat por parte de estas para ser los primeros puertos estatales que destinan parte de sus beneficios a los entornos donde se enclavan.  Y en esa reivindicación, siempre estará Compromís.