Puig cede a la presión y reclama a Sánchez el dinero retenido por el Gobierno

VALÈNCIA. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, protagonizó este miércoles un giro discursivo nada desdeñable respecto al mantenido por su conseller de Hacienda, el también socialista Vicent Soler, en el debate surgido en los últimos días sobre la actualización de las entregas a cuenta de 2019 pendientes por parte del Gobierno central y los recortes en el presupuesto valenciano que el Consell apunta afrontar en la recta final del presente ejercicio.

La tensión había crecido en las últimas horas. Soler mantuvo una reunión el martes con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el titular de Educación, Vicent Marzà, ambos de Compromís. Los dirigentes de la coalición valencianista venían reclamando un endurecimiento de la postura del Ejecutivo respecto al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez en lo que se refiere a la llegada de los 450 millones de euros de las citadas entregas a cuenta, así como 280 millones correspondientes al IVA de diciembre de 2017 que la Administración central tampoco ha abonado.

Unas reivindicaciones que encontraron en Soler una respuesta tibia basada en el siempre socorrido mensaje de "seguir trabajando" en la cuestión. Es al menos lo que se desprendió del comunicado remitido desde Hacienda, si bien fuentes de Compromís señalaron que el conseller dejó entrever una buena predisposición a afrontar este problema que, no obstante, había esquivado en los últimos días ejerciendo de perfecto escudero de la ministra de Hacienda en funciones, su compañera del PSOE María Jesús Montero.

Una falta de contundencia del conseller que se convirtió en rechazo respecto a otra de las exigencias de Compromís: la petición pública de una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para tratar la "asfixia financiera" que el Gobierno de España está aplicando a las comunidades autónomas. Para Soler, la convocatoria de urgencia de este órgano solo tendría sentido para "la aprobación de las entregas a cuenta y las liquidaciones correspondientes para la elaboración de los presupuestos de la Generalitat de 2020, asuntos que no puede llevar a cabo un gobierno en funciones". Es decir, no tendría sentido, en línea con lo manifestado por Montero frente a la petición de varias CCAA.

Puig pide una solución "inmediata y legal"

Una postura que Puig se ocupó de resituar empezando con una llamada a la ministra de Hacienda para solicitar una reunión el próximo martes con el objetivo de tratar las entregas a cuenta. En apenas unas horas, las reticencias habían quedado atrás y el jefe del Consell se plantaba ante los medios para anunciar su inminente encuentro con Montero con la reclamación bajo el brazo de una solución "inmediata y legal" para este asunto porque "es absolutamente necesario para garantizar la tesorería y el buen funcionamiento" del Gobierno valenciano.

¿Y qué hay del CPFF? El tono del también del líder de los socialistas valencianos fue mucho más posibilista que el de su conseller. "No he dicho que no quiero que haya un CPFF, me parece bien; lo que quiero es resolver el problema, que es el principio de esta cuestión. Voy a tener el martes la reunión y buscaremos otras vías si no hay una solución satisfactoria, no solo la del CPFF, hay otras más interesantes y efectivas", sentenció.

Habrá recortes aunque llegue el dinero

Por otro lado, lo que sí parece inevitable aunque lleguen las entregas a cuentas son los recortes en las cuentas valencianas en lo que queda de ejercicio, un hecho que -en este caso sí- Puig justificó de la misma manera que Soler. "Contábamos con algunas partidas que venían reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado que no se han producido por Ciudadanos, PP y los independentistas", aseguró, para añadir que será necesario "mitigar" este problema. "Estamos hablando de en torno a 400 millones de euros de un presupuesto de 22.000 millones. No es ningún drama", afirmó, además de insistir en que no habrá "ningún recorte en los intereses generales de los derechos de los valencianos".

La ministra Montero dijo el martes que las CCAA no tienen que hacer ningún recorte ni dejar de prestar ningún servicio porque el dinero va a llegar antes de fin de año y lo que habrá en todo caso es un retraso en los pagos, pero en el caso de la Comunitat Valenciana los recortes son necesarios porque la exigencia de recortes por parte del Gobierno es anterior a toda la polémica de las entregas a cuenta y se debe a que la Generalitat ha incumplido el Plan Económico Financiero. Como publicó Valencia Plaza, Montero exigió medidas que permitan una "contención de gasto significativa".

La cita, un arma de doble filo

En este sentido, el golpe de timón ejecutado por el presidente de la Generalitat también contiene ciertos peligros políticos que no son baladíes. Si el encuentro no se salda con ninguna medida inmediata y palpable que mejore la situación valenciana, Puig podría salir debilitado no solo ante la oposición en la Comunitat, sino también por sus propios socios del Botànic II.

Ahora bien, si el líder del PSPV sale de su cita con la ministra con alguna medida que implique el pago de las entregas a cuenta o alguna solución alternativa, Puig podría salir reforzado del trance e incluso con una proyección estatal importante dado que el resultado del encuentro podría tener resonancia nacional ya que incluso podría aplicarse en otras CCAA.

Por su parte, la vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra, celebró este miércoles la decisión tomada por Puig. "Es un buen camino por el que hay que transitar para apretar a un Gobierno central que está en una inacción que no está justificada por estar en funciones", resaltó la número dos del Ejecutivo.

"Me parece que va por la senda por la que debe ir. El presidente está avanzando en ese camino que nosotros ayer también propusimos al conseller Vicent Soler, que es que el Gobierno de España debe comenzar a ponerse las pilas en lo que es la financiación de las comunidades autónomas", afirmó la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.