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"siempre buscamos un acuerdo, no es una posición dogmática"

Puig da por hecho el retraso en la aprobación de la empresa pública de salud ante el desacuerdo 

3/06/2021 - 

VALÈNCIA. La Empresa Pública de Salud (EPS) podría no estar tan cerca de aprobarse como parecía. Así lo ha confirmado este miércoles el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, quien aseguraba que, si no hay acuerdo para crear una sociedad mercantil que asuma los servicios externalizados, "se aplazará" y se "estudiarán otros caminos". 

"Nosotros siempre buscamos el acuerdo, no estamos en una posición dogmática", insistía tras presentar el nuevo Plan de infraestructuras sanitarias en el Palau de la Generalitat. Como ya adelantó Valencia Plaza, los dos socios del PSPV en el Botànic presentaron alegaciones que la Conselleria de Sanidad no ha tenido en cuenta en el decreto-ley que, a priori, se lleva este viernes al pleno del Consell. 

En este sentido, Compromís pidió circunscribir el objeto de la sociedad a las resonancias magnéticas y farmacia socio-sanitaria; mientras que Unides Podem solicitaba dejar fuera cualquier tipo de gestión integral de departamentos y circunscribir la empresa pública para servicios revertidos de  limpieza, restauración, mantenimiento, electromedicina y transporte sanitario.

Sin embargo, el último documento firmado por la consellera de Sanidad prevé la gestión de "absolutamente todos los servicios previamente prestados por otras entidades públicas o privadas, que pasen a ser gestionados de forma directa por la Generalitat" por reversión, transferencia o sucesión de empresa, lo que deja margen para incorporar el departamento de Torrevieja. Una cuestión que no contenta a ninguno de los dos socios del Botànic ni a sindicatos, que prefieren que las reversiones se hagan con la fórmula que se siguió en 2018 para la vuelta a la gestión pública del departamento de Alzira.

Un posible modelo para Torrevieja

A pesar de que desde Sanidad no han afirmado de forma rotunda que el Hospital de Torrevieja acabe gestionado por la empresa pública ni el decreto ley lo contempla explícitamente, Barceló señaló que también se están analizando los distintos modelos que pueden existir para la incorporación a la gestión pública del departamento una vez que el próximo mes de octubre finalice el contrato con la concesionaria. 

 Foto: RAFA MOLINA

Para ello, recalcó que se están manteniendo reuniones con la Junta de personal y el comité de empresa "no una vez, dos, tres, cuatro, cinco reuniones en Torrevieja y en València". "Estamos llevando un proceso de diálogo constante con todos", insistía. No obstante, Barceló aseguró que esta empresa se ideó como un instrumento para planificar la subrogación del personal de la UTE Erescanner Salud, concesionaria de las resonancias magnéticas, una vez finalizado el contrato, cuestión que ha causado el rechazo de la Sociedad de Radiología de la Comunitat Valenciana.

En el caso del personal de farmacia socio sanitaria de las residencias pública, explicó que se incluyen porque deben depender la Dirección General de Farmacia de la Conselleria de Sanidad. Mientras, Barceló aseguró que en ningún caso se incorporará al personal de los consorcios.

"Estudiar otros caminos"

En ese sentido, Puig señalaba que no se trata de "dar un medicamento". "Entonces no se aplazaría, aunque no hubiera consenso, sino que estamos hablando de un instrumento para asumir los servicios externalizados", recalcaba.  Así, insistía en defender su filosofía de la acción política que se centra en que "lo importante son los objetivos, los principios y las convicciones, pero no tanto los instrumentos". 

"Si se considera que no es ese el camino se pueden estudiar otros caminos, señalaba Puig. "Nosotros no estamos ni en una posición dogmática ni fundamentalista, ni en esto ni en nada". Por tanto, se ha mostrado "absolutamente abierto", como ha hecho la Conselleria de Sanidad, a "hablar con todos los interlocutores para generar el mayor consenso posible".

No obstante, hasta la Abogacía de la Generalitat ha puesto reparos en el decreto-ley  por entrar en conflicto con la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana al generarse conflicto. Y es que ésta regula el personal de las sucesiones de empresa con la fórmula de "personal a extinguir" integrado en la administración, una cuestión que se solaparía con el nuevo instrumento planteado por Sanidad.

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