Puig propone un sistema de financiación con una 'hucha' como la de las pensiones

VALENCIA. El president de la Generalitat, Ximo Puig, presentó este martes la propuesta valenciana de Bases de un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas, que incluye la creación de un fondo que recuerda a la llamada hucha de las pensiones. Se dotaría con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado durante las fases expansivas con el objetivo de poder recurrir a las reservas de este fondo para evitar tener que realizar recortes en servicios fundamentales en periodos de caída de la recaudación tributaria como los vividos estos últimos años.

Puig presentó la propuesta en el Palau de la Generalitat, donde se reunió con la cúpula de la Conselleria de Hacienda, encargada de elaborar el documento, y donde elevó a 16.000 millones de euros la denominada "deuda histórica de la Comunitat" como consecuencia de la infrafinanciación sufrida desde 2002. La cifra supera en casi 4.000 millones la que la propia Generalitat venía manejando en los últimos meses y que figura en el documento presentado este martes. Según Puig, el déficit por la infrafinanciación oscila entre 800 y 1.000 millones de euros anuales y, dado que más el 60% de la deuda de la Generalitat -que asciende a 40.000 millones- ya está en manos del Estado, Puig propuso como solución para todas las comunidades que tienen problemas similares la reestructuración o una quita.

La propuesta del actual Consell parte de la misma base que la realizada al final de la pasada legislatura por el Gobierno de Fabra, que contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas valencianas, pero aporta importantes novedades, especialmente el citado fondo de contingencia. La base es la exigencia de un sistema que garantice el mismo acceso a los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales) a los ciudadanos de toda España, vivan donde vivan. 

El nuevo documento introduce el principio de ordinalidad, según el cual la redistribución de recursos entre comunidades autónomas para compensar su diferencia de renta per cápita no debe acabar alterando la ordenación de las CCAA de mayor a menor renta. Es decir, que se reduzcan las diferencias, pero que la que era quinta no acabe siendo décima después de la redistribución.

Tres tramos

La nueva propuesta valenciana de modelo de financiación se estructura en tres tramos. Para el primero de ellos, el de garantía del nivel mínimo de servicios públicos esenciales como sanidad o educación, el documento aboga por crear el fondo de contingencia, administrado conjuntamente por la Administración central y la de las CCAA.

Además, propone que una vez fijada la dimensión de los recursos necesarios para sufragar estos gastos mínimos, la distribución entre las comunidades autónomas se haga "atendiendo al criterio de necesidad asociado al concepto de población ajustada". Sobre el concepto de población ajustada -que incluye variables que encarecen los servicios, como menor densidad de población, insularidad o envejecimiento, y se utiliza para compensar a las CCAA que tienen estas cargas-, la propuesta habla de que se debe calcular "en los términos que se acuerde, pero siempre sobre bases objetivas primando el criterio poblacional".

El segundo tramo es el de suficiencia competencial autonómica y se refiere al resto de servicios que prestan las CCAA, tales como seguridad, protección del medio ambiente, actividades recreativas y culturales o vivienda y servicios comunitarios. La financiación de este tramo se realizará mediante la recaudación de los tributos cedidos a las CCAA -impuestos de Transmisiones, Sucesiones y Donaciones, Actos Jurídicos Documentados, entre otros-, y la participación de las comunidades en la recaudación de los tributos del Estado -IRPF, IVA e impuestos especiales-.

Este tramo no incluye el mecanismo de aseguramiento que se deriva de compartir los recursos entre todas las CCAA ni de la protección del fondo de contingencia. No obstante, la propuesta sugiere que las comunidades que lo deseen, además de subir o bajar los impuestos que consideren conveniente, creen y doten fondos de contingencia propios en las fases de crecimiento de los ingresos. Es decir, que creen su propia hucha.

El tercer y ultimo tramo es el de autonomía, en el que deberán legislar las Cortes Generales para distribuir las fuentes tributarias entre las Administraciones, con el fin de que "las comunidades dispongan de un espacio fiscal propio en el que ejercer su autonomía financiera". 

Según el proyecto que Ximo Puig trasladará al Estado y al resto de comunidades, en este tramo las CCAA tendrán la facultad de imponer recargos sobre los tributos estatales y participarán en la recaudación adicional. Además, la liquidación de esa mayor recaudación se haría por ejercicios vencidos y no a los dos años, como se hace ahora la liquidación de la recaudación por tributos cedidos.

Tres instrumentos complementarios

El documento propone tres instrumentos complementarios del modelo. El primero son los instrumentos de desarrollo regional, gestionados por el Estado, para promover la convergencia mediante recursos como el Fondo de Compensación Interterritorial o los Fondos Estructurales europeos. 

El segundo es el de reequilibrio financiero, donde se propone que las CCAA que han acumulado deuda por la infrafinanciación, como la valenciana, puedan acordar con el Estado una quita o mutualización.

El tercero es la revisión de las contribuciones forales a las cargas del Estado, calculándolas de modo que se haga compatible la singularidad institucional con los principios de equidad, solidaridad interterritorial y transparencia.

Reformas de gestión tributaria

Adicionalmente, la Generalitat considera necesario acometer reformas de la gestión tributaria y la estabilidad presupuestaria. En concreto, propone que cada comunidad autónoma pueda elegir entre el sistema actual de gestión estatal de los tributos compartidos y otro que implique una mayor participación en la gestión tributaria.

Otra propuesta es que en la Agencia Tributaria se garantice "una presencia proporcionada" de todas las administraciones, asegurándoles capacidad de decisión, liquidez y acceso transparente a la información.

Según destacó Puig, la propuesta valenciana persigue que la financiación deje de ser una "guerra" entre regiones. Aseguró que, aunque defienden una reforma total del actual sistema, no se pretende "demoler" de los conciertos vasco y navarro como están recogidos en la Constitución, pero subrayó que la reforma ha de garantizar la "igualdad" entre todos los ciudadanos.